Propuesta
de las FARC para un Cese de Fuego, Julio de 2000
Cese de Fuegos y
Hostilidades
Las FARC-EP hicieron
público un Memorando que le presentaron a la Mesa de Diálogo
en mayo del 2000, en donde le proponen iniciar un intercambio que conduzca
a un Cese del Fuego, de carácter bilateral y por un tiempo definido.
También dieron a conocer las consideraciones generales para discutir
ese posible Cese de Fuegos.
MEMORANDO PARA LA MESA DE DIÁLOGO
Les proponemos iniciar un intercambio que nos conduzca a un Cese del Fuego,
de carácter bilateral y por un tiempo definido, así:
Acordar un CESE DE
ACCIONES MILITARES OFENSIVAS que comprometa por un lado a las FARC- Ejercito
del Pueblo y por el otro, a la Fuerza Pública y demás fuerzas
de seguridad del Estado.
El Cese del Fuego debe ser BILATERAL y por un tiempo definido, prorrogable
acorde con sus resultados y por acuerdo entre las partes.
Tendría por
objeto cimentar los avances obtenidos, crearle nuevas condiciones al proceso
y facilitar la mayor amplitud a los debates de las Audiencias Públicas.
Si la decisión
es abordar el intercambio sobre el cese al fuego y las hostilidades, debemos
además tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Analizar la conveniencia
de una decisión presidencial donde el estamento militar acepte
el cese al fuego y las hostilidades, para evitar que el ejército,
como ocurrió en procesos anteriores, invoque razones constitucionales
para proseguir sus operativos y patrullajes. Esta medida es necesaria
no solo para lo que hemos logrado hasta ahora en política de paz,
sino también para asegurar la continuidad del proceso.
Discutir en la Mesa
la política de Estado sobre el paramilitarismo, por ser este un
grave obstáculo para la paz y la reconciliación nacional.
El primer mandatario debe resolver el problema a corto plazo para garantizar
que no habrán más asesinatos de indefensos ciudadanos como
fue el compromiso en los dos encuentros con el jefe de las FARC. Se requiere
también depurar a las Fuerzas Armadas de aquellos oficiales y suboficiales
involucrados en esta modalidad de guerra sucia.
Cese de la represión
y la violencia contra los trabajadores de la cuidad y el campo por el
solo hecho de movilizarse y reclamar sus derechos políticos, económicos,
sociales y mejores condiciones de vida para sus familias.
Cese de la política
neoliberal responsable del hambre, el desempleo, la miseria y la confrontación
armada entre colombianos, unos porque lo tienen todo y otros porque no
tienen nada, ni medios para subsistir.
Incluir en el Cese al Fuego y las Hostilidades el tema del Canje de prisioneros
de guerra. Llevamos más de un año realizando reuniones con
los tres poderes y últimamente con el Ministro del Interior, pero
hasta el momento no se han logrado resultados positivos sino simples evasivas
de la parte oficial. La inclusión del canje en la discusión
generaría mutua confianza y un gran impulso al proceso de paz y
de reconciliación nacional. De esta manera garantizamos la vida
de todos los prisioneros de guerra porque tenemos conocimiento que la
inteligencia militar dispone de planes para rescatar a los soldados y
policías cautivos sangre y fuego y asesinar en las cárceles
a los guerrilleros a nombre del paramilitarismo de Estado.
Resuelto todo lo
anterior en la Mesa, es necesario nombrar una Comisión Nacional
de Verificación integrada por las dos partes, cuyo número
será elegido de común acuerdo. Esta comisión debe
contar con garantías necesarias del Estado y medios para su desplazamiento
a donde la Mesa lo requiera en aras de la paz.
Secretariado del Estado Mayor Central
FARC- Ejército del Pueblo
Mayo 11 de año 2000
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA DISCUTIR EL CESE DE FUEGOS
1. Las FARC-EP son una respuesta a la violencia del Estado contra el pueblo
y sus organizaciones.
1.1 En 1948, durante el gobierno de Ospina Pérez, cae asesinado
por la oligarquía colombiana el caudillo liberal Jorge Eliecer
Gaitán. Ospina Pérez es sucedido en la presidencia por Laureano
Gómez.
1.2 Es bajo estos gobiernos conservadores que se organizan bandas de pájaros
a su servicio, los paramilitares de esa época, para desatar el
terror en campos y ciudades; la expropiación de tierras a los campesinos
y la eliminación física de las mayorías liberales,
dando origen al levantamiento armado, donde las FARC encuentran sus raíces.
1.3 La persistencia de un régimen político antidemocrático,
violento y represivo que sustenta los intereses y privilegios de una minoría,
crea una nueva fase del modelo capitalista en Colombia, generador de pobreza
y miseria para el pueblo colombiano.
1.4 Esta nueva situación genera las condiciones para el desarrollo
y consolidación del movimiento guerrillero revolucionario en nuestro
país. De esta manera las FARC surgen en 1964 como respuesta organizada
a la violencia del Estado contra el pueblo.
2. El Cese de Fuegos siempre ha sido una bandera de las FARC-EP. En esa
misma dirección la búsqueda de acuerdos que nos lleven a
un cese de fuegos ha sido, es y será una bandera de las FARC.
2.1 Las FARC-EP siempre ha luchado por lograr cambios revolucionarios
en la sociedad colombiana; obligados por la violencia estatal hemos tenido
que recurrir a la lucha armada al negársenos la posibilidad de
buscar estos cambios por la vía pacífica.
2.2 Convencidos de la necesidad de encontrar el camino menos doloroso
para nuestro pueblo siempre hemos estado dispuestos a adelantar conversaciones
con los distintos gobiernos en procura de llegar a acuerdos de paz duradera
con justicia social.
2.3 Conocedores de los padecimientos del pueblo colombiano, como consecuencia
del terrorismo estatal, somos los primeros en buscar un acuerdo de cese
de fuegos, que alivie estos padecimientos; que sirva para cimentar avances
en el proceso de paz y que genere mejores condiciones para el desarrollo
de las discusiones de los puntos de la agenda; así como la participación
masiva y activa de la sociedad en las audiencias públicas.
3. La política de negociar en medio del conflicto tiene su origen
en los distintos gobiernos de los últimos 20 años.
3.1 Belisario Betancur da el primer paso para comenzar a dialogar en el
municipio de Dolores, Tolima. Sin embargo este se frustró por el
intento de convertir la cita en oportunidad para asesinar, por parte de
unidades de la Sexta Brigada del Ejército, a los miembros del Secretariado
que se desplazaban a este encuentro.
3.2 Poco tiempo después el presidente Betancur incumple su promesa
para despejar los municipios de Vistahermosa y Mesetas en el departamento
del Meta, presionado por el militarismo y los altos mandos militares.
A pesar de ello se firman los Acuerdos de la Uribe que se extienden durante
el gobierno de Virgilio Barco.
3.3 El artero ataque a Casa Verde, el 9 de Diciembre de 1990, luego de
7 años de estar realizando esfuerzos por la reconciliación
nacional, sin previamente dar por terminados los acuerdos firmados con
los dos gobiernos anteriores, unido a la política de guerra integral,
declarada por el gobierno de Cesar Gaviria contra el pueblo colombiano,
significó un nuevo momento en la historia del conflicto. Posterior
a este ataque, las conversaciones entre el gobierno de Gaviria y la insurgencia,
debieron realizarse en el exterior, en sus rondas de Caracas y Tlaxcala,
en razón de que éste se negó, pese a nuestra insistencia,
a suspender las operaciones en el área del municipio de La Uribe
para reiniciar los contactos.
3.4 Igual sucedió con el gobierno de Ernesto Samper incapaz de
despejar Uribe en el Meta. Por la oposición del alto mando militar.
CESE DE FUEGOS
El cese de fuegos, al ser bilateral, obliga por un lado a las FARC-EP
y por el otro a la Fuerza Pública y demás fuerzas de seguridad
del Estado tales como DAS, DIJIN, SIJIN, B-2, Fiscalía, y demás
mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado.
4.1 Comprende el cese de las acciones militares ofensivas entre los cuerpos
armados.
4.2 La orden del Cese de Fuegos se dará simultáneamente
en hora y fecha, para todo el territorio nacional, por parte del Presidente
de la República y el Estado Mayor Central de las FARC-EP.
4.3 Al iniciarse el Cese de Fuegos cada fuerza se mantendrá ubicada
en el sitio que ocupa en el momento de la firma del acuerdo.
4.4 El Cese de Fuegos no excluye el derecho de defensa ante el ataque
enemigo.
4.5 El tiempo de duración del cese de fuegos sería definido
en su momento por las partes. De acuerdo con los resultados obtenidos,
en cumplimiento del cese de fuegos, y de conformidad con los avances logrados
en la discusión de los temas de la agenda, podrá ser prorrogado.
4.6 Al momento de entrar en vigencia el acuerdo sobre cese de fuegos,
la Fuerza Pública y todos los demás organismos de seguridad
del Estado suspenden el patrullaje y los operativos militares y de inteligencia
y captura en la totalidad del territorio nacional con relación
a los integrantes y frentes de las FARC-EP. Lo anterior con el fin de
garantizar el cese de los enfrentamientos armados.
4.7 La Comisión Nacional de Verificación estará integrada
por miembros de las dos partes y contará con las garantías
y los medios necesarios para su misión.
4.8 La Comisión Nacional de Verificación presentará
los informes sobre el incumplimiento del acuerdo a la Mesa Nacional de
Diálogo y Negociación.
LAS HOSTILIDADES
DESMONTE DEL PARAMILITARISMO ESTATAL
1. Suspender las hostilidades del Estado contra el pueblo colombiano implica
necesariamente, depurar las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales
comprometidos con estos grupos llevándolos ante los tribunales
de la justicia ordinaria para que paguen por sus crímenes; igual
suerte deben correr los civiles comprometidos en su financiamiento, promoción
y patrocinio.
2. El paramilitarismo en Colombia provoca: masacres, desplazamiento forzado,
asesinatos selectivos, expropiación y repoblación de tierras,
desalojos, amenazas, narcotráfico, terror generalizado, exilio,
inmovilidad de las fuerzas sociales que propugnan por cambios democráticos.
Esta es una política de Estado instrumentada por sectores de las
Fuerzas Armadas y que amenaza las actuales instituciones incluido el gobierno
que preside el doctor Andrés Pastrana.
El paramilitarismo como política de Estado en Colombia responde
a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
RESPETO POR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LOS COLOMBIANOS
3. Las FARC-EP considera necesario que el Estado colombiano y el gobierno,
en cumplimiento de un acuerdo de cese de hostilidades detengan la represión
contra el pueblo y los trabajadores, acabando con la criminalización
de la protesta social y garantizando el libre ejercicio de los derechos
civiles y políticos. Cese de las masacres, torturas, desapariciones,
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos,
bloqueos, salvoconductos, justicia sin rostro.
CAMBIO DEL MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL
4. El pueblo colombiano, de tiempo atrás, viene soportando, por
parte del Estado y los distintos gobiernos, el desconocimiento de sus
derechos económicos, sociales, y culturales. Un acuerdo de cese
de hostilidades debe incluir la suspensión de la política
económica neoliberal que provoca despidos de trabajadores y empleados
de las empresas públicas y privadas, la pérdida de garantías
del derecho al trabajo, restricción a las libertades de sindicalización,
movilización y huelga; provoca el cierre de escuelas, colegios
y universidades públicas, hospitales; desalojos de los deudores
del UPAC, de los campesinos y destechados; incremento de la explotación
de trabajo infantil; privatización de fábricas y cierre
de las mismas, aumento de impuestos; persecución contra los trabajadores
informales.
4.1 El modelo económico
neoliberal nos llevó a la peor crisis económica de los últimos
tiempos. Ruina del campo; quiebra de la pequeña y mediana industria
nacional; concentración de la riqueza y monopolización de
los sectores financiero, industrial, comercial, agropecuario y minero;
desempleo desbordado; inequidad social; todo esto como resultado de esta
política económica totalmente lesiva para el pueblo colombiano.
Modificar dicha política, para beneficio de los colombianos, debe
ser compromiso del Estado y el gobierno en el marco de un acuerdo sobre
el cese de las hostilidades.
CESE DE LAS PRIVATIZACIONES
En desarrollo de las Audiencias Públicas adelantadas en el marco
del Proceso de Diálogo fue pública y notoria la exigencia
de diversos sectores sociales para que el Estado colombiano y el actual
gobierno no sigan adelante con la venta del patrimonio nacional. La política
privatizadora compromete el desarrollo, la soberanía e independencia
de la patria al poner en manos de las empresas transnacionales los sectores
estratégicos. El acuerdo sobre el cese de las hostilidades debe
incluir la posesión del pueblo colombiano, a través del
Estado, como principal propietario y administrador, del sector de las
comunicaciones, el transporte, los puertos, las vías, los aeropuertos,
los energéticos, los recursos naturales y mineros, los servicios
públicos, la educación, la salud, la seguridad social.
SUSPENSIÓN DE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES
El acuerdo del cese de hostilidades debe incluir el cese de la extradición
de nacionales restableciendo la dignidad y soberanía del Estado
colombiano para diseñar un sistema judicial que corresponda a nuestras
tradiciones y realidad nacional.
CASTIGO PARA LOS CORRUPTOS
La corrupción es un cáncer que padece la nación desde
sus inicios. La lucha contra este fenómeno tiene entre sus primeros
antecedentes el decreto del Libertador Simón Bolívar que
establecía severas penas a los funcionarios del Estado que robarán
los dineros del erario público. Todavía hoy, mientras se
deterioran aceleradamente las condiciones de vida de todos los colombianos,
observamos diariamente escandalosos casos de corrupción cuyo denominador
común es la impunidad y autoría de representantes de la
clase politiquera administradora del Estado desde siempre. El robo y el
despilfarro de billones y billones de pesos de las finanzas públicas,
mientras el pueblo padece la insatisfacción de sus necesidades
básicas, es una verdadera afrenta contra los colombianos. Hay que
parar semejante repartija. El acuerdo sobre las hostilidades debe incluir
castigo ejemplar para los responsables, tal como lo exige el conjunto
de la sociedad.
SOLUCIÓN CONCERTADA AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILEGALES
8. La agresión del Estado contra los campesinos cultivadores de
hoja de coca y amapola en desarrollo de una política impuesta por
intereses extranjeros no puede continuar. Asesinato de centenares de compatriotas,
daños a la salud de los pobladores principalmente a los niños,
miles de hectáreas de cultivos de pan coger arrasadas, centenares
de animales domésticos muertos, fuentes de agua contaminadas, daños
inmensos al ecosistema y la biodiversidad, ruina económica de las
regiones y desplazamiento de los campesinos es lo que queda de tan demencial
acción. Ningún gobierno, ningún Estado, en nombre
de ningún interés tiene el derecho de tratar de esa manera
a sus conciudadanos; a menos que se haya propuesto, convertirse en verdugo
de su propio pueblo. Un acuerdo sobre hostilidades debe incluir concertar
con las comunidades la erradicación manual y sustitución
de cultivos, con asesoría técnica de profesionales nacionales;
financiación; construcción de vías; escuelas, puestos
de salud y garantías de mercadeo para los nuevos productos; tal
acuerdo, se hace indispensable antes que los daños causados a la
Amazonía, mayor reserva natural de la humanidad sean irreparables.
En desarrollo del principio de corresponsabilidad los recursos financieros
de este plan deben ser aportados por la comunidad internacional y su manejo
estará bajo responsabilidad de La Mesa Nacional de Diálogo
y Negociación.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación deben parar las hostilidades contra
el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales, políticas y
armadas. De continuar con su política de hacer apología
de los grupos paramilitares deben ser sancionados cancelándoles
las licencias de funcionamiento.
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN
Logrado un acuerdo en la mesa sobre el punto de las hostilidades, que
incluya los temas mencionados, se hace necesario nombrar una Comisión
Nacional de Verificación con participación de las dos partes
y de representantes de los sectores de la sociedad colombiana. Las organizaciones
sociales que consideren vulnerados sus derechos como consecuencia de la
política del Gobierno y el Estado colombianos podrán acudir
a través de voceros ante la Comisión Nacional de Verificación
para presentar sus denuncias. Esta Comisión Nacional de Verificación
contará para su funcionamiento con todas las garantías y
medios necesarios y tendrá bajo su responsabilidad verificar el
cumplimiento de los acuerdos firmados sobre el cese de las hostilidades.
El resultado de su trabajo será entregado en informes a la Mesa
Nacional de Diálogo y Negociación.
Al presentar esta propuesta las FARC-EP desean aportar elementos para
la solución de la actual problemática nacional, convencidos
como estamos, que con la participación del conjunto de la sociedad
y el respaldo de la comunidad internacional lograremos derrotar los enemigos
de la reconciliación nacional sentando las bases para la consolidación
del actual proceso de paz y creando el ambiente propicio avanzar en la
discusión de los temas sustantivos de la Agenda Común Para
la Nueva Colombia.
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
EJÉRCITO DEL PUEBLO.
FARC-EP
