Relatoría Taller del Bajo Putumayo[1]

Puerto Asís 27, 28 y 29 de agosto de 2001

Alianza de Fronteras

CINEP- MINGA -CODHES

1.            Introducción

En el marco de la Alianza de Fronteras (CINEP, MINGA, CODHES), se programó la realización de tres talleres con líderes del departamento del Putumayo a realizarse en el segundo semestre de 2001. El primero en Puerto Asís para la zona del Bajo Putumayo, el segundo en Mocoa para el Alto Putumayo y el tercero en Sibundoy para el Alto Putumayo. El objetivo de estos encuentros son: a) fortalecimiento de organizaciones sociales locales, b) fortalecimiento de la capacidad de interlocución e incidencia de las comunidades del Putumayo y c) facilitación de la discusión y debate sobre su papel en el contexto de los problemas estructurales y coyunturales de la región.

Si bien la problemática que afronta el departamento del Putumayo no es nueva y tiene sus raíces en conflictos pasados, estos talleres están diseñados en el marco de la implementación del Plan Colombia en la región y el debate que sobre él se ha suscitado.

Adicional a estos talleres, se propuso la realización de un Foro regional para finales de año, en el departamento, el cual responderá a las necesidades de las comunidades putumayenses. El contenido y objetivos serán planteados al final de este documento,  de acuerdo al debate realizado en el seno del Taller.

Si bien el papel de las organizaciones de la Alianza es facilitar herramientas a las organizaciones sociales del Putumayo para los debates y análisis de las temáticas propuestas, además del apoyo económico para las propuestas de formación, la convocatoria y organización de los talleres responde a la dinámica y autonomía de las organizaciones locales, así como a sus búsquedas políticas y sociales.

2.            Participantes:

En el Taller realizado del 27 al 29 de agosto, participaron 35 líderes procedentes de los municipios del Bajo Putumayo: Valle del Guamuez (La Hormiga), Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Orito, con apoyo de líderes de Mocoa, los cuales hacen parte de las organizaciones sociales: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, la Organización zonal Indígena del Putumayo OZIP, la Pastoral Social del Putumayo y la Red de Formadores de Paz. Igualmente se contó con la presencia activa de varios sacerdotes de la Pastoral Social comprometidos con el proceso de fortalecimiento de las comunidades del Putumayo.

Si bien una parte de los líderes ha participado en anteriores conversatorios y reuniones en el transcurso de este año, (La Cocha en febrero y Puerto Asís en abril) y vienen de un proceso acumulado de movimientos sociales de años anteriores[2]; la mayoría de los asistentes, a penas se integran al proceso de articulación del trabajo de la Alianza de Fronteras, la Mesa de Fronteras[3] y las organizaciones locales del Putumayo, en consecuencia, parte de la agenda del Taller se basó en análisis de contexto sobre la región para introducirlos al debate sobre el Plan Colombia.

3.            Agenda

Se trabajó con la siguiente agenda temática integrada con las propuestas de la Alianza y las de las organizaciones locales participantes:

a)     Presentación del Taller.

b)     Informe de contexto del Putumayo

c)      Discusión ejes problemáticos:

d)     Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado

e)     Propuestas de Trabajo y articulación de iniciativas

f)      II Foro Regional “El sur responde al Plan Colombia”

    Tareas y actividades para la realización del Foro

4.            Presentación del Taller

Este taller responde a una agenda de trabajo conjunta propuesta y desarollada por tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; CINEP, MINGA y CODHES (Alianza de Fronteras) en asocio con organizaciones sociales del Putumayo (OZIP, ANUC, Pastoral Social del Putumayo y Red de Formadores de Paz).

Dentro del proceso de apoyo al fortalecimiento de organizaciones sociales del departamento, una de las intensiones o misiones con estos conversatorios es motivar y animar el debate sobre las principales problemáticas que atraviesan al Putumayo, especialmente con los líderes de distintos sectores sociales como multiplicadores naturales ante sus comunidades, de tal manera que sean éstas las llamadas a proponer salidas a la crítica situación que viven en todos los aspectos: económico, político, social y cultural.

5.            Informe de Contexto del Putumayo

Con el interés de fomentar la discusión sobre el Plan Colombia y otras problemáticas que atraviesan al Putumayo, se presentó el borrador de un documento que se viene elaborando “El Plan Colombia y sus efectos en la situación de crisis generalizada de derechos humanos y derecho internacional humanitario[4]”.

El documento abordó principalmente un análisis de contexto del departamento del Putumayo donde se perfilan algunas problemáticas de carácter estructural y otras de carácter coyunturales que han empujado al departamento a presentar la compleja situación que enfrenta desde hace varios años.

El marco del análisis se centro en el tema del Plan Colombia, sus implicaciones regionales y nacionales, así como el significado de su componente militar, los efectos de la fumigaciones, el paquete social del mismo; también se abordó el proceso de los pactos sociales frente a la erradicación manual, sus sostenibilidad, debilidad, posibilidades, etc.

De igual manera, se trabajó la problemática frente a la expansión del paramilitarismo, la crítica situación de derechos humanos y el desplazamiento forzado y el refugio, y por último, el conflicto armado en esta última etapa, con énfasis en el paro armado de finales del año pasado.

Posterior a esta presentación, se hizo un trabajo en grupos para analizar con más detenimiento el documento pero a la luz de las apreciaciones, necesidades y realidades vividas por las propias comunidades.

De este ejercicio colectivo salieron tres ejes problemáticos que encierran la coyuntura del departamento, especialmente la vivida por el Bajo Putumayo:

Esta dinámica permitió a los asistentes, abordar con mayor profundidad y con la mirada desde la región, estos ejes problemáticos.

5.1. Militarización del Putumayo

Frente a al primer tema los participantes destacaron la difícil situación por la que atraviesa la población que no participa del conflicto pues los grupos armados han agudizado la polarización y quien no está con ellos lo ven como enemigo. Además los líderes hicieron énfasis en que “la misma población le hace el juego a la militarización desde todo punto de vista, ya que aceptamos todas las situaciones derivadas de la guerra casi como normales, eso quiere decir que la militarización también es la sociedad putumayense”.

En ese mismo sentido varios de los asistentes consideraron “que deben fortalecerse como organizaciones para poder enfrentar con legitimidad a los actores armados y ganarle espacio a la intimidación que es la forma de relacionarse en la región”. De igual manera, coincidieron en que las comunidades “tienen interiorizado el pensamiento militar, pues las familias permiten que los grupos armados solucionen hasta su problemas familiares y éstas tienen un desconocimiento total de las entidades gubernamentales existentes para esos casos”. Lo anterior permitió que los participantes concluyeran que la militarización de la sociedad está socavando completamente las posibilidades de convivencia o comportamiento ciudadano,  como dijo una profesora participante : “pareciera que estuviéramos condenados, generación tras generación a aceptar la militarización como única forma de vida, eso casi que se lleva en la mente, “dependemos hasta de los más mínimo de los grupos armados”.

También hicieron énfasis por ejemplo, en la aceptación tácita que casi todos los pobladores tienen de que “algún día nos va a tocar, que también vamos a morir por acción de las balas y lo peor, esa culpabilidad que cargamos de que algo debemos y por eso vamos a morir, así eso no sea verdad, a tal punto, que cuando matan las personas, lo primero que decimos es por algo sería, algo debía”, es decir, es una sociedad que se siente culpable.

En el debate insistieron “que para la población hablar de la guerrilla y los paramilitares es casi un mito, de tal manera que nadie se atreve a hablar de ellos”. Comportamiento que ha llevado a un derrotismo colectivo que no permite pensar más allá de la polarización a la que están sometidos y por supuesto, inmersos en una fragmentación total de la sociedad civil, es decir, los actores armados han logrado allanar un territorio sagrado y es el de las conciencias.

Los análisis de los participantes en la temática de la militarización llegó hasta cuestionar la ilegitimidad y falta de autoridad de un Estado como el Colombiano, “sólo hace presencia a través de sus fuerzas militares, pero no con inversión social y recursos económicos”, lo cual, según los mismos asistentes, es perverso porque de esa manera no se está construyendo sociedad pensante sino sociedad sometida, oprimida y hasta resentida.

Por último, un líder campesino dio el ejemplo de que “aceptando la fumigación es permitir la militarización, pues esta se hace de manera forzada y a través de la fuerza pública, con nuestra opinión no cuentan”.

5.2. Pactos sociales 

Este tema, abordado igualmente por un grupo de trabajo, suscitó mucho debate en la discusión de plenaria, lo que denotó el interés que la comunidad tiene por los pactos sociales. Así la mayoría de los asistentes participaron activamente. El cuestionamiento fundamental estuvo en el mal manejo que el gobierno ha hecho de los mismos. Dos niveles problemáticos dilucidaron:

Imposición del gobierno y falta de concertación :

Destacaron los campesino, por ejemplo, “que el periodo para el desarrollo de los pactos propuesto por los campesinos, en un inicio fue de tres años[5] y el gobierno lo redujo a uno, y según la evaluación hecha por las comunidades el pasado 27 de julio, dicho tiempo no alcanzará para su realización con éxito.

De igual manera, discutieron cómo “los campesinos también propusieron un monto de 4 millones de pesos, sin embargo, el gobierno lo bajó a dos millones, valor que ya se considera insuficiente para cumplir la meta. A lo anterior se suma las permanentes quejas de las personas firmantes de los pactos, en el sentido de la rigidez y falta de concertación de las  ONGs de desarrollo encargas de ejecutar dichos recursos, al imponer materiales, utensilios y enseres que las personas no necesitamos para poder complementar, para esas organizaciones lo importante es que llenen el cupo de 2 millones de pesos con lo que haya, llámese mangueras, picas, hachas, sin importar si la gente ya cuenta con esos elementos, en cambio son reacios a proporcionar más animales de corral o semovientes”[6].

“Igual denunciamos la actitud del Ejército que entra a las parcelas que se encuentran bajo pactos a arrancar las matas, sin que los dueños puedamos decir nada, y no hay quien pueda enfrentarse a ellos”. En este punto, los campesinos por ejemplo consideraron un error haber comenzado los pactos por la vereda Santana (Puerto Asís), pues allí hay una base militar y esto genera abuso, por ello se cree que hubiera sido mejor iniciar por zonas de reservas campesinas, por ejemplo.

También salió en el debate la dificultad que caracterizó la firma de los primeros pactos y que llevó a los campesinos a aceptarla casi que sin mayor discusión y comprensión, “el hecho de haber firmado el 2 de diciembre de manera apresurada y en medio de dos circunstancias complicadas, como fueron el paro armado realizado por las FARC y la inminente fumigación que se nos venía, fue un grave error”.

En ese mismo sentido se resaltó: “los campesino le insistimos al gobierno nacional para que los pactos contaran con veeduría internacional, pero el gobierno no aceptó, eso hubiera sido importante para el éxito de los pactos”.

Fragmentación social y nula inversión social

Los participantes cuestionaron el papel de las ONG comprometidas en la ejecución de los recursos de los pactos sociales. Empezaron por mencionar que las cinco empresas que ejecutarán los recursos de los pactos son  FUNDEMPRESA, FUNDECOMERCIO, CODESARROLLO, SELVA Y VIDA y FUNDACION RESTREPO BARCO[7], las cuales tendrán un presupuesto que supera los 65 mil millones de pesos, así : cada una manejará de entrada 1300 millones de pesos, y cada organización manejará los recursos de al menos 6 mil familias, a cada una de las cuales les corresponde 2 millones de pesos”.

Posteriormente los mismos participantes comenzaron a comprender aspectos que no se habían cuestionado y allí se detectaron dos niveles problemáticos: de un lado, la fragmentación social que van a fomentar y por otro, el peligro de ejecutar unos recursos importantes que nunca llegarán a generar desarrollo pues no hacen parte de una metodología de inversión social.

Producto del debate e intercambio de opiniones de los líderes varios interrogantes surgieron, pues a simple vista una división matemática de los recursos entre las empresas, beneficiará a las comunidades del Putumayo:

Primero: “se convertirán estos 65 mil millones de pesos en inversión social, entendida ésta como proceso de desarrollo, consolidación de economías locales, pero sobre todo, podrá sustituir una economía arraigada, dinámica, flexible y poderosa como la cocalera ?”

Segundo : “podrán cinco organizaciones que nada tienen que ver con el gobierno o el entronque estatal, sin articulación alguna entre ellas, generar procesos sociales o de regeneración de tejido social y económico ?”

Tercero : “qué responsabilidad puede tener un gobierno que entrega los recursos de una región a empresas privadas, en lugar de invertirlas por los canales legítimos del Estado para el progreso de un territorio, sacando como pretexto la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia administrativa ?”

Cuarto : “quién podrá velar por la buena ejecución y transparencia de esos recursos en manos de organizaciones que nada tienen que ver con la región y que ahora llegan de manera descontextualizada ha “trabajar” con las comunidades campesinas ?”.

Quinto : “no se podrían haber destinado estos recursos a un Plan de Desarrollo local que beneficie a una sociedad en general y no fragmentarla con proyectos desarticulados ?.” En este punto se discutió que más bien no será una forma perversa de acrecentar la ruptura del tejido social para que “los campesinos putumayenses no podamos reclamar y exigir nuestros derechos?”

Sexto : “no existe un organigrama o esquema de trabajo con que estas ONGs piensan implementar los programas de los pactos sociales”.

Así mismo, “cometimos un error las mismas comunidades al haber aceptado iniciar el proceso de los pactos en zonas donde no existe organización social, por ejemplo en Santana, por eso es que se están presentando tantos inconvenientes y desacuerdos, generados por la falta de claridad, información y coherencia de las mismas poblaciones. Ejemplo de esa difícil situación es la renuncia de los veedores de los pactos en Santana hace un mes”.

Se socializó que hasta el momento se han firmado 40 pactos, que cobijan a unas 35 mil familias, es decir, aproximadamente a 140 mil personas, que corresponderían al 45% de la población del Putumayo. Vale preguntarse, puede hablarse de Estado comprometido con el desarrollo de un departamento cuando deja en manos de manos privadas y sin compromiso social los recursos para este importante número de pobladores ? Es importante señalar que Puerto Asís fue el primer municipio en firmar pactos, luego fue La Hormiga y el último ha sido Puerto Leguízamo.

Otra problemática planteada por algunos asistentes es la falta de claridad por parte del gobierno frente a la diversidad de personas firmantes de los pactos, “nosotros creemos que por la diversidad de condiciones económicas y sociales de los firmantes, eso requiere un estudio más amplio y responsable del gobierno, en el sentido de cómo se van a tratar cada uno de los casos según el tipo de población : así por ejemplo hay firmantes sin tierra, otros con tierras, otros calificados de hacinamiento (por las varias familias en un sólo predio), muchos llamados “raspachines” (recolectores de la hoja de coca), muchos amedieros (quienes prestan la tierra) y arrendatarios”

Los indígenas participantes dijeron que ellos tenían otro tipo de convenio con el gobierno, distinto de los colonos y campesinos; mientras un líder de la Hormiga planteó la dificultad que se viene presentando con algunos ecuatorianos que viven en territorio colombiano, pero que no son cobijados por los pactos sociales de erradicación “el problema es que según el gobierno si en una comunidad alguien no erradica, entonces no cumplen los pactos con los otros que somos de la misma comunidad, por eso es necesario que a los ecuatorianos ubicados en la frontera colombiana también los cobijen con los pactos para que no nos perjudiquen a los colombianos”.

Como síntesis de este punto un dirigente indígena apuntó: “los pactos han logrado dividir a las comunidades y el caso más fuerte es la diferenciación hecha entre los indígenas y los colonos”.

Algunos aspectos positivos de los pactos

De acuerdo al debate que abarcó gran parte del taller, los campesinos reconocieron que la dinámica de pactos no les traerá la anhelada tranquilidad económica y social al principio planteada, y así como van las cosas tampoco será la alternativa a los cultivos de coca, pero “en la búsqueda de mejores posibilidades de vida, creemos que estos pactos pueden ser una oportunidad para volvernos a reunir las distintas comunidades y organizaciones sociales de la región y hacer un intercambio de vivencias para que quienes no hayan firmado todavía, conozcan de la experiencia de otros”. Seguidamente dijeron “es la oportunidad para discutir si en realidad estos pactos son la  salida a las graves problemáticas que vivimos o es la hora de discutir qué tipo de soluciones necesita el Putumayo, especialmente si no es la coca, cuál es el verdadero sistema que puede sustituirlo en su totalidad?”.

Independientemente de que los pactos funcionen, los campesinos y comunidades involucradas en este proceso, tienen una posibilidad de encuentro para fortalecer las organizaciones y generar una capacidad de articulación, contraria al propósito perverso de quienes buscan fragmentar la sociedad con inyecciones económicas individuales, se concluyó en este punto.

5.3. Fumigaciones 

Este tema tan neurálgico para los participantes, que se viene desarrollando de tiempo atrás, no tuvo un debate tan amplio como el de pactos sociales, por una sencilla razón: la posición unificada y radical  de “no a las fumigaciones”.

“Una vez más, manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a las fumigaciones por las graves consecuencias, especialmente en la salud de los habitantes, en la destrucción de cultivos lícitos o de pan coger, y consecuencias ambientales, incluido la afectación a los animales”, fue la posición de los participantes.

Se trajo a colación por ejemplo, lo sucedido en la vereda El Danubio de Puerto Asís, donde “a pesar de no haberse fumigado, como consecuencia de las fumigaciones en zonas aledañas se presentó una sintomatología de brotes, alergias, gripas y mareos, que incrementaron las consultas médicas de los habitantes”.

“Es urgente que el gobierno nacional tome cartas en el asunto de la salud, pues tanto los hospitales, como los demás centros asistenciales, tienen una capacidad inferior a las exigencias actuales de la población y por supuesto, han sido desbordados por la consulta de tantas personas”. En ese sentido, “exigimos la ampliación del servicio de salud y cobertura de la misma. Igualmente creemos que debe revisarse o redefinirse la cobertura del SISBEN acorde con las circunstancias particulares y complejas que se enfrentan en el Putumayo, especialmente con la crisis económica que enfrenta el departamento”, coincidieron varios líderes locales.

Respecto al medio ambiente,  se debatió con preocupación la contaminación ambiental, la descomposición de plantíos, la afectación de la selvicultura, la exposición de suelos y semillas, lo que genera esterilidad de la tierra, la pérdida de capacidad reproductiva de algunas especies animales, entre otros.

6. Derechos humanos y desplazamiento forzado

Luego de discutidos los temas anteriores, se hizo una exposición por parte de los talleristas, de la necesidad de volver sobre la problemática de derechos humanos en el departamento. Para ello se insistió en la importancia de intentar generar una red de información que permita manejar esta crítica situación, aún por encima del temor y escepticismo que acompaña a la gente.

Teniendo en cuenta lo delicado de la situación para el manejo de dicha información, se propuso en primer lugar, hacer un ejercicio de concientización de las comunidades frente a la necesidad de informar y denunciar, de no hacerle el juego a la impunidad, siendo el silencio el comportamiento más fácil que le hace el juego a los grupos armados que buscan callar a la comunidad.

En segundo, se hizo una exposición de la importancia de defender los derechos humanos como camino para el fortalecimiento integral de la sociedad. De otra parte, se presentó la diferenciación de los distintos tipos de denuncias jurídicas, políticas, con sus diferencias y diferentes logros.

Frente a la explicación de la problemática de derechos humanos, fueron distintas las reacciones: de un lado se manifestó “nosotros o la gente en general sí quiere hablar, porque es muy triste tener que quedarse callado, el problema es que quien hable lo matan o se tiene que ir”, así continuaron “el mayor obstáculo para denunciar casos de muertes en la región, es el miedo a los actores armados y también a muchas autoridades locales que no son imparciales frente al conflicto” y “la gente si puede que hable, pero necesita acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica, para tener la confianza necesaria y protección suficiente de quienes deciden participar, de lo contrario esto seguirá en el más completo silencio”.

De otra parte, se argumentó que la razón de tanto silencio por parte de las comunidades es la polarización promovida por los actores armados, alimentando así los altos grados de impunidad y desconfianza para notificar hechos ante las mismas autoridades.

En ese sentido algunos participantes solicitaron a la organizaciones de derechos humanos “acompañamiento más seguido y asesoramiento en la forma de prsentar denuncias para que sus vidas no corran peligro” a ello los talleristas respondieron “se trata de pensar entre todos un método serio, responsable y de bajo perfil, además conformado con organizaciones y personas de muchas confianzas, de tal manera que quienes se atrevan a denunciar no sean víctimas de amenazas y en últimas de asesinato o desplazamiento forzado”.

Por último, se recogió la preocupación de que la misma región, el país y la comunidad internacional se han acostumbrado de tal manera a la “matazón” de la población putumayense, que pareciera una aceptación de normalidad las tasas de homicidio, desaparición, desplazamiento, masacres y otras violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros agradecemos este tipo de encuentros y también creemos que se deben seguir escribiendo las memorias de lo que aquí pasa, para que nuestros hijos conozcan la historia del departamento y tengan respuesta a las preguntas de porqués pasa lo que pasa”, afirmó una profesora asitente.

Respecto a la situación de desplazamiento, se planteó que sigue siendo crítica, sin embargo, por la expectativa que había frente al volumen de desplazados que generaría las fumigaciones, hoy no se le presta atención a las comunidades que están padeciendo ese fenómeno, que si bien no ha sido de tales magnitudes, sí es preocupante y requiere de una propuesta gubernamental para su protección.

7. Propuestas de trabajo y articulación de iniciativas

Luego de dos días de reflexiones y debates frente a las diversas problemáticas, los asistentes delinearon una serie de conclusiones, que apuntan a una visión integral de abordar la situación actual y futura:

Necesidades más sentidas

Los siguientes apartes es una síntesis de las solicitudes y búsquedas planteadas por los participantes duerante los días de taller, que por haberse planteado en distintos momentos de los debates, se recogen en un solo bloque, de manera que puedan servir de referencia para los programas o tareas a seguir:

Reflexiones

Al igual que el punto anterior, durante las discusiones, se expresaron varias reflexiones a veces sueltas de los temas expuestos y que por la importancia de sus contenidos, se agruparon para que ayuden al trabajo que se está haciendo:

8. Realización del Foro Regional

Para finalizar el Taller, las organizaciones de la Alianza en Fronteras hicieron una propuesta a las organizaciones locales participantes, sobre la realización de un Foro Regional, que de continuidad al proceso iniciado en el año 2000 frente a las implicaciones del Plan Colombia.

El Foro se plantea con el nombre de “II Foro Regional “El Sur Responde al Plan Colombia” a realizarse en Puerto Asís el 24 de noviembre próximo.

La propuesta de Foro[8] tendría como objetivo congregar a las comunidades, organizaciones sociales, diferentes sectores de la región sur del país, autoridades regionales y locales, y al gobierno nacional para que se haga una evaluación conjunta y hacer propuestas de salidas a la crítica situación que vive la región, especialmente a partir de la implementación, efectos e impactos del Plan Colombia en el periodo transcurrido del año. Por encontrarse aún la propuesta en borrador, la totalidad de la temática, metodología y otros aspectos no fueron expuestos, sin embargo, por la importancia que los líderes asistentes al Taller dieron a tres temas: pactos sociales de erradicación de cultivos de uso ilícito, fumigaciones y situación de derechos humanos y desplazamiento forzado; se consideró que éstos debían ser los tres ejes temáticos sobre los cuales debía girar el contenido del II Foro Regional.

Así mismo por la acogida de los participantes a la propuesta del Foro, ellos mismos crearon un grupo de impulso conformado por las organizaciones sociales locales: OZIP, ANUC, Pastoral Social y Red de Formadores para la Paz; las organizaciones de la Alianza en Fronteras: MINGA, CINEP y CODHES.

Igualmente, se acordó iniciar la ambientación del evento, de tal manera que cuente con  el apoyo político y económico suficiente, tanto de las comunidades como de las instituciones gubernamentales comprometidas con la región, la comunidad internacional que igualmente se ha comprometido con el departamento y otras instancias amigas del Putumayo.

Los detalles, otros objetivos, metodología, convocatoria, cobertura geogrática y demás, serán presentados en la propuesta terminada del Foro en los dos próximos talleres.

En general los asistentes al Taller vieron con interés y compromiso el Foro, dada la necesidad de reencuentro entre las organizaciones sociales tanto departamentales como regionales, nacionales e internacionales, para buscarle salidas  a la crisis putumayense.

8.1. Tareas y actividades para la realización del Foro

El taller terminó con ánimo por parte de los participantes y talleristas, y con la seguirdad que los próximos dos talleres a realizarse en el Medio y Bajo Putumayo ayudarán a darle continuación al fotalecimiento de organizaciones sociales de la región.

Bogotá, septiembre de 2001