SEMINARIO TALLER “ EVALUACIÓN PACTOS SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS”

Puerto Asís, 15,16,17 de octubre del 2001

EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN CIFRAS

ASPECTO MILITAR – Fuente Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Contraloría Departamental.

DESPLAZAMIENTO (RED FORMADORES DE PAZ)

“Diriase que ya es más difícil conseguir campesinos para la tierra que tierra para los campesinos”[1].

El desplazamiento por la violencia en Colombia se ha convertido en uno de los fenómenos más complejos de nuestra realidad nacional: es una violación a los Derechos Humanos y se constituye en una grave infracción al D.I.H, afecta entre otros los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, el derecho a la vida y a la integridad física, la seguridad personal, la libertad, la residencia y la unidad familiar.

El desplazamiento puede ser visto como una consecuencia de la guerra interna; pero a la vez puede ser una estrategia de políticas de “desocupación de ciertos territorios”.

En nuestro Departamento éste fenómeno va en aumento según el informe de la R.S.S. del 31 de julio de 2001, había un registro de 4.635 personas pertenecientes a 920 familias; sin desconocer que hay un número significativo de personas y familias que no se registran, por temor ha ser ubicados por sus victimas, por la estigmatización y rechazo social.

“El impacto de la violencia y el desplazamiento solo puede comprenderse si se consideran varias dimensiones; en el ámbito individual significa repercusiones en la salud mental, cambio en el proyecto de vida, presencia de dolor, inseguridad y sufrimiento emocional. A nivel comunitario las dimensiones del tejido social del nuevo entorno, el desarraigo, la ausencia de sentido de pertenencia, la pérdida de grupos de referencia, el desempleo, las condiciones infrahumanas de vivienda y la falta de oportunidad para la formación y capacitación que les permita la vinculación al medio económico”. (Organización para el bienestar y la equidad social: proyecto Plan de Contingencia para la atención a la población desplazada por la violencia en el Municipio de Puerto Asís, pag. 3).

Los constantes enfrentamientos especialmente en las zonas rurales de los municipios del Bajo Putumayo y las continuas amenazas contra los habitantes que ocupan estos sectores hace que a diario haya familias que salen huyéndole a la guerra.

Según CODHES: en el año 2000, a raíz de las fumigaciones de los cultivos de hoja de coca, el paro armado decretado por las FARC que duró 80 días (desde el 24 de septiembre), los enfrentamientos entre guerrilla y autodefensas o paramilitares, así como las múltiples infracciones al derecho internacional humanitario, los habitantes del Departamento se han visto obligados a desplazarse así: 5.497 del Putumayo hacia el Ecuador (1.390 de la Hormiga, 1.525 de la Dorada, 142 de Puerto Leguizamo, 1.940 de Orito, 500 de Puerto Asís).

Si se tiene en cuenta que a nivel Nacional 14.218 personas cruzaron las fronteras de esta 9.689 lo hicieron hacia el Ecuador el porcentaje del Putumayo es alto.

Hacia el interior del país suman en el año 2000, 4.217 personas.

Según el CODHES – SISDES, la población desplazada en el Putumayo en el primer semestre de año 2001, se estima en 3.260, por la intensificación del conflicto en especial de los municipios de Puerto Caicedo y Villagarzón. Siendo los municipios receptores los siguientes en su orden:

Lugares fumigados:

Precios de la Coca:

Respecto a la cobertura en Salud, según un estudio realizado por el ORBES,  los resultados son:

PROPUESTA CMDR – ANUC Pactos sociales.

Ratificar que los cultivos de coca son un problema social, económico y político con consecuencias jurídicas y no al contrario. El Estado debe controlar el comercio, la venta de insumos químicos para su procesamiento y nivel internacional el consumo de droga y la venta de armas. El Plan Putumayo que deseamos debe ser concertado, con una amplia participación de la comunidad.

En el caso de Puerto Asís, la población rural es de 40.000 habitantes (campesinos, negritudes e indígenas), de estos unas 6.000 personas población flotante, 6.000 familias son pequeños productores. (de 1 a 5 hectáreas) tienen un promedio de 2 hectáreas, se erradicaría voluntaria, manual y gradualmente 12.000 hectáreas en tres años, de manera porcentual el primer año 50%, el segundo 30% y el tercer año el 20%. Para dar cumplimiento a este pacto se solicitaría veeduría internacional.

Estos pactos deben ser sostenibles, rentables atendiendo en primer lugar la seguridad alimentaria, con asistencia técnica y coordinación institucional permanente. Los pactos deben ser una política de Estado  por lo tanto deben suscribirse en un documento CONPES.

Dar incentivos e inversión social a las veredas que decidan en conjunto erradicar totalmente la coca antes del año establecido en  el pacto. Esto ultimo por el temor a que se fumigue tendiendo como disculpa que se han aumentado los cultivos, y es cierto pero no los pequeños productores, ellos si han respetado los pactos y desde el primer momento que se inicio el proceso de firma no se sembrado una hectárea más. Los que lo han hecho son los grandes productores, especialmente, los que se desplazaron en zonas donde fumigaron lo que demuestra que con la fumigación además del impacto que se le causa al medio ambiente, a la salud humana y animal, los cultivos se trasladan a otras zonas e algunas casos donde se ha firmado pactos. De allí que una de las medidas que han tomado los pequeños es no vender propiedades o denunciar nuevas siembras, pese a riesgo que se corre por este hecho. 

Para realizar, ajustes o analizar con más profundidad los debilidades y las fortalezas de los pactos sociales, al igual que las veedurías es necesario asociarlos a nivel departamental, con el objetivo de definir una propuesta en conjunto, organizaciones sociales y nuestros gobernantes desde el nivel local hasta el regional.

Según el Plan de Desarrollo Alternativo. En el putumayo se han firmado 36 pactos sociales. Total familias que han firmado 36.000 familias, aquí se incluyen los Kofanes con 487 familias y otras comunidades indígena con 4.200 ( programa denominado raíz por raíz). En año partir de firmado el pacto se erradicarían más de 35.000 Hectáreas. Las ONGS Que se encargaran de administrar los recursos de los pactos son:

El contrato que cada ONG firmó, tiene un valor de mil trescientos millones de pesos, para atender un máximo de 6.000 familias. En el supuesto que completaran las 6.000 familias, administrarían 12.000 millones (a cada familia le corresponde 2 millones de pesos, en insumos para seguridad alimentaria), como contraprestación el pequeño cultivador de coca debe arrancar manualmente en un año los cultivos de coca, año contado a partir de la entrega de los insumos. Además en ese mismo año se elaborarán unos proyectos a mediano y largo plazo.

Si se suma la administración de los cinco contratos de las ONGs daría la suma de 6.500 millones de pesos, mas lo de seguridad alimentaria la suma de $60.000 millones, en total en un año se manejarían mas de $66.500 millones, cifra que supera sumados los presupuestos de los trece municipios que son $43.000 millones. (ver cuadro al pie de pagina, teniendo como fuente el departamento Nacional de Planeación – Documento CONPES 053 de 2001). De ahí que se pretenda como organizaciones sociales, fortalecer una veeduría regional sobre estos recursos ( ver recuadro).

Lo anterior es preocupante, ya que el primer pacto que se firmó el 2 de diciembre del año 2000 en el corregimiento de Santana, pasados 6 meses algunos veedores han renunciado por la falta de concertación y transparencia en los criterios para la compra de insumos, donde se han denunciado por parte de la comunidad los sobrecostos y la mala calidad de los productos. Así mismo el Presidente de la asociación campesina del pacto de la inspección del Danubio y Puerto Asís ha renunciado por la falta de incentivos para su movilización y la falta de garantías para su propia seguridad. La comunidad no entiende por que no se ha establecido la veeduría internacional suscrita en el pacto.

Hay dos hechos que, colocan en peligro este proceso de pactos; en primer lugar la muerte de dos funcionarios de las ONGS que administran los recursos del Plan Colombia, atribuidas a las FARC y las noticia dada por los diversos medios de comunicación donde es claro la segunda fase de fumigación a finales del año, a lo cual manifestó un campesino de manera irónica, “ya el gobierno nos tiene acostumbrados a darnos el regalo de la descomposición social de diciembre, así lo hizo hace dos años en Puerto Guzmán y hace un año en Orito, Valle del Guamuez y San Miguel”, y si a esto se le suma la extensión del paramilitarismo o autodefensas y el aumento del pie de fuerza militar, visionamos un panorama desolador.

Es claro que el gobierno central ha llegado con programas sociales como empleo en acción, vías para la paz, familias en acción, campo en acción etc.,pero estos recursos han seguido siendo manejados desde el centro ( Bogota) a través de Ongs, se ha llegado al extremo de perder la confianza en nuestra institucionalidad local y departamental so pretexto evitar la corrupción administrativa. Siendo así dejamos para la reflexión “a que costo se ha hecho inversión social teniendo en cuenta los datos anteriores”   

PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS CTES DE LA NACIÓN  VIGENCIA 2001

CONLUSIONES PRE-FORO EVALUACIÓN PACTOS SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS, Puerto Asís 15, 16 y 17 de octubre del 2001.

Se logro en todos los niveles socializar tanto en lo institucional como en lo comunitario el Foro Regional “ El sur evalúa el Plan Colombia” ha realizarse los días 23 y 24 de noviembre.

Se logro tener un diagnostico real del estado actual de los 37 pactos sociales, que lo suscribieron alrededor de 36.000 familias.

Es necesario hacer alianzas y acompañamiento  la institucionalidad local, regional e internacional.

Es urgente hacer ajustes o rediseñar los pactos sociales para que estos sean sostenibles, integrales, participativos y equitativos, donde deben involucrase los que no tienen cultivos de coca en especial los habitantes del casco urbano.

Fortalecimiento a la institucionalidad local y departamental en especial en recobrar la confianza para el manejo de recursos y no se centralice a través de las Ongs, lo cual les permitiría con facilidad articularlos a los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial.

La comunidad representada en los pequeños productores de coca, solicitaron reconocérseles la interlocución para expresarse o manifestarse ante el gobierno nacional y comunidad internacional sobre la situación real de los pactos sociales sin necesidad que lo hagan o hablen otros que no la conocen.

Que llego la hora para que la comunidad internacional en especial la europea adquiera compromisos reales, con soluciones, con recursos para inversión social, no solo ratifico la comunidad esperar lamentaciones ni discursos.

Ratificar el dialogo como medio valido para llegar  a acuerdos sin necesidad de llegar a las vías de hecho.

Establecer un frente común desde lo local hasta lo internacional para solicitar solidaridad y acciones para evitar la fumigación y siendo conscientes  que la coca tiene que acabarse 

Valorar nuestra identidad, diversidad cultural y rescatar el sentido de pertenencia.

PACTOS DE ERRADICACIÓN: CONFIANZA O CHANTAJE

ANTECEDENTES.

La historia de los cultivos ilícitos en Colombia es rica en movilizaciones sociales, las cuales han expresado una voluntad de cambio ante las dificultades que ofrece una economía basada en la ilegalidad. La visibilidad de los actores sociales comprometidos en este tipo de producción; el alto costo que representa para ellos una política antidrogas que se sustenta principalmente en la represión a los cultivos ilícitos; la ausencia de alternativas frente al sentido de pertenencia y la afirmación a su territorio que caracteriza a una gran parte de los sectores sociales que dependen de estas actividades y finalmente, la incidencia de la ilegalidad en el deterioro social y de seguridad, son fenómenos que han estimulado la búsqueda de soluciones a la monodependencia de los cultivos ilícitos.

Esta situación contrasta con los intereses y tipo de respuestas de otros actores que se hacen presentes en las partes subsiguientes de la cadena de las drogas hasta encontrar el consumidor: creación de organizaciones hechas para eludir la acción del Estado; uso del soborno como parte de los requerimientos del negocio ilegal; estructuras de seguridad con un alto uso de la violencia; mecanismos sofisticados de lavado de dineros, en fin, una convivencia y manejo a su favor de la ilegalidad que, comparada con la situación de fragilidad de los productores, se constituye en la principal ventaja de rentabilidad del negocio de drogas.

Por ello, en el caso de Colombia, es común encontrar procesos de búsqueda de alternativas basados en la movilización de las comunidades productoras que exigen a cambio una presencia del Estado con políticas y recursos para atender las principales necesidades económicas, sociales y culturales de estas zonas. La primera experiencia de búsqueda de un Pacto con el estado para erradicar cultivos ilícitos de amapola, ocurrió en mayo de 1992, por parte de la comunidad indígena Paez en el Departamento del Cauca. La comunidad erradicó manualmente las plantas de amapola como muestra de una voluntad de cambio e instó al Estado a asumir compromisos sociales y económicos. El estado cumplió durante años las obligaciones firmadas y si bien hacia mediados de los noventa se creó un proyecto específico para las comunidades indígenas, el proceso ha sido improvisado, no integral y de una baja capacidad de cobertura. La pobreza y las dificultades para una sostenibilidad de su economía continua agobiando hoy a los pueblos indígenas de la zona andina, a pesar de situarse en condiciones geográficamente más ventajosas que los cultivadores de coca de la amazonía colombiana.

Un segundo momento de esta voluntad de cambio fueron las protestas sociales de 1996, que movilizaron mas de 200.000 personas contra las fumigaciones y contra alternativas de desarrollo. En casi todos los acuerdos de ese año en Putumayo, Caquetá, Macizo Colombiano, Catatumbo, se propusieron al estado acuerdos de erradicación manual y voluntaria. Fue un momento único en la historia del problema de los cultivos ilícitos que el estado no supo aprovechar, pues tenía la posibilidad de establecer acuerdos directamente con las comunidades, es decir, se podía garantizar una baja interferencia de las guerrillas y de los grupos paramilitares.

SITUACIÓN ACTUAL.

Hoy el escenario ha cambiado significativamente al acelerarse a partir de 1997 un proceso de control y manejo mucho mas directo de buena parte de la economía del narcotráfico por parte de los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares. En este momento las condiciones de los pactos pasan por el visto bueno de los actores armados y el escenario de los cultivos es hoy objeto de disputas territoriales que limitan la autonomía de las comunidades y del mismo estado, secularmente incapaz de controlar bastos territorios de colonización y coca.

En ese marco y agregado el contexto del Plan Colombia, se desenvuelve un tercer momento de la historia de los pactos, en donde se ratifican las fumigaciones aéreas por parte del Gobierno Colombiano y de las autoridades antinarcóticos de Washington, a pesar de haberse demostrado plenamente su inconveniencia y sus graves impactos en el medio ambiente, salud y en la vida social y económica de las regiones.

En agosto del 2000, la comunidad de Santana en el Municipio de Puerto Asís, tomó la iniciativa de proponer pactos de erradicación manual de cultivos ilícitos a cambio de la no fumigación. La amenaza de una aspersión descomunal de Roundup Ultra, con impactos mas graves que los ocasionados a lo largo de toda la década de los noventa, presionó a las comunidades hacia esta propuesta.

El gobierno Colombiano, carente hasta hoy de autonomía para definir una política clara, consistente y eficaz sobre el problema de las drogas, se encontró con las iniciativas de la comunidad y decidió aceptar este tipo de procesos para las zonas de pequeños y medianos cultivadores. Sin embargo, el mismo estado no sabe con precisión donde se sitúan esto sectores. Carece de mapas de regionalización social de la producción ilegal y sigue observando el problema desde la altura del satélite o de las avionetas que fumigan.

Sin embargo, las autoridades empiezan a desarrollar así una presentación de la erradicación manual, como si fuera en si misma una política cuando en realidad es solo una técnica, cuya ventaja es el bajo impacto ambiental frente a la fumigación mediante la aspersión de químicos.

Al observar el contenido que acompaña a esta propuesta, se observan condiciones que limitan las posibilidades de éxito: mientras las comunidades deben erradicar la producción de coca en un año, el gobierno se compromete un poco menos de mil dólares por una sola vez, para apoyar un proceso de autosuficiencia alimentaria y simultáneamente se obliga a financiar y apoyar procesos productivos de mediano y largo plazo. La sola producción de un kilo de base de coca representa, en menos de tres meses, mil doscientos dólares para el campesino, lo cual le permite subsistir en áreas de una inflación que dobla la existente en cualquier parte del interior de Colombia o pagar jornales que son dos o mas veces mas caros que los del café.

Existen otros factores que limitan los alcances promovidos por el gobierno:

1. Los pactos no se dan en un contexto de confianza entre productores y Estado sino que se fundamentan en la amenaza letal de las fumigaciones incluyendo un uso perverso de los “errores” que en ellas se cometen: aspersión de químicos en cultivos lícitos, estanques de peces, pastos, semovientes, aves de corral y en las mismas viviendas. En el fondo es un verdadero chantaje del Estado basado en la violación flagrante de la autosuficiencia alimentaria del campesino y de las comunidades indígenas: o erradica la coca o pierde todo, incluyendo su finca.

2. es una propuesta inmediatista es decir, reproduce ese secular problema de las políticas de drogas gubernamentales que buscan efectos a dos o tres años. Al ponerlos en ese contexto, el objetivo es erradicar un número determinado o la totalidad de hectáreas existentes en una región. La respuesta social es una especie de “zanahoria” que no se inscribe ni en el reconocimiento de la naturaleza del problema, ni en pretensiones de logros realistas de desarrollo de una región.

3. Al inscribir este modelo tan desprestigiado e inútil de “desarrollo alternativo” en ese contexto, la ayuda se convierte en el apoyo a centenares de proyectos dispersos, con un perfil productivista sin tener en cuenta su sostenibilidad de largo plazo ni condiciones de competitividad, sin un modelo regional de desarrollo que reconzca sus especificidades, sin ordenamiento territorial y basados en un voluntarismo del cambio.

4. La promoción caótica de los pactos está generando una situación inmanejable del proceso, agravado por la insuficiencia institucional, que se sustituye por mecanismos centralistas, personalizados y deficientes de manejo en donde el Estado se había comprometido a entregar 18.600.000 dólares estadounidenses el 15 de enero del 2001. A abril del 2001 el estado no había entregado un solo dólar a sus contrapartes de los pactos. La angustia de las comunidades cocaleras por una eventual fumigación sigue provocando solicitudes de pactos, creándose un escenario de dispersión, deficiente administración y ausencia de proyección estratégica.

5. A la par de un avance bajo estas circunstancias de los pactos, continúa la fumigación cometiendo atropellos sin que sena atendidos ni investigados por instancias que tienen una responsabilidad constitucional: los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, los cuales se limitan a justificar la política repitiendo un viejo discurso incoherente y sesgado sobre la responsabilidad de la situación ambienta en Colombia por la presencia de los cultivos ilícitos.

6. Al cabo de un año el escenario previsible de los pactos, si se mantienen las actuales circunstancias, no es halagador: las fuerzas armadas a través del Batallón Antinarcóticos han anunciado que harán cumplir los plazos estipulados destruyendo todos los cultivos de coca lo cual, por el tipo de acción que se presume ejecutarán, puede producir graves situaciones de derechos humanos y desplazamiento de población. La existencia de listas en pactos con nombre propio, puede generar sobre los firmantes, amenazas de encarcelamiento y persecución por la aplicación de la Ley 30 de 1986 (Ley Antinarcóticos). A las autoridades locales y regionales se le endosará un problema de responsabilidad política por el fracaso del proceso.

7. A ello se suma la degradación del conflicto armado colombiano, el irrespeto a las normas del DIH, el involucramiento forzoso de la población civil en el conflicto, problemas que interfieren unas condiciones mínimas de paz tan necesarias para el desarrollo de procesos alternativos a los cultivos ilícitos.

8. en resumen mientras no se modifiquen las condiciones que limitan la política gubernamental es muy difícil que se produzcan efectos deseables por los pactos en el problema de los cultivos ilícitos:

         La fumigación se sigue esgrimiendo como la principal herramienta de la actual política, buscándose el desarrollo de erradicaciones que sobrepasen ampliamente las actuales cifras oficiales de cultivos ilícitos (136.000 has. para la coca). Al carecer de un mapa social del problema, se fumiga arbitrariamente golpeando indiscriminadamente a pequeños, medianos y grandes cultivadores tal y como sucedió en San Miguel y Valle del Guamuez en el Putumayo entre el 22 de diciembre del 2000 y el 7 de febrero del 2001, acabando con toda la economía legal y el medio ambiente de la región. De este modo, se continuarán violentando, entre otras, las condiciones mínimas de seguridad, los procedimientos de consulta regional previa establecidos en la resolución 005 del Consejo Nacional de Estupefacientes, todo lo cual rompe la confianza entre las partes.

         La ausencia de respuestas claras para este problema por parte de las autoridades de gobierno y de los grupos armados que controlan esos territorios, impone asumir una respuesta autónoma, elaborada desde la sociedad civil organizada, implicada en esta actividad.

         Se debe asumir la defensa y manejo de la vocación ambiental de las áreas de cultivos y exigir soluciones productivas en zonas aptas o con potencial productivo sostenible en el mediano y largo plazo. Las soluciones deben partir de decisiones de gobierno, como hacer cumplir extinción de dominio sobre tierras adquiridas por el narcotráfico y aplicar sobre ellas programas piloto de sustitución.

         La sustitución de cultivos debe ser gradual e inscribirse en las condiciones estructurales y de política para los sectores rurales y ambientales. Es imposible reemplazar un sistema económico que lleva décadas funcionando para estas regiones en un plazo de un año.

         Se deben desarrollar procesos técnicos de Ordenamiento Territorial y Ambiental, entre otras razones como respuesta a la ausencia de un focalización de los recursos en áreas potencialmente productivas.

         Deben darse garantías en la defensa de la vida e integridad de las comunidades en escenarios de guerra, agravadas hoy por la irracionalidad de las fumigaciones.

Finalmente, todas estas circunstancias muestran la verdadera naturaleza de una política que aumenta significativamente los daños de la producción y abuso de las drogas ilegales y que debe ser replantada en su totalidad. De lo contrario, el círculo vicioso de la política incrementará sus efectos perversos con un alto costo para la población.