Recomendación de la Comisión de Personalidades a la Mesa de Diálogo y Negociación, 19 de septiembre del 2001

Recomendación de la Comisión de Personalidades a la Mesa de Diálogo y Negociación, 19 de septiembre del 2001
Recomendación de la Comisión de Personalidades a la Mesa de Diálogo y Negociación

Los suscritos comisionados, designados por la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación para el proceso de paz en virtud del numeral 3o. del Acuerdo de Los Pozos suscrito entre el señor Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y el comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, después de una intensa y concienzuda labor durante la cual hemos tenido oportunidad de analizar y evaluar los distintos factores que han conducido a la situación de conflicto armado que, desde hace ya varias décadas, vive la nación y cuyas implicaciones sociales son insoslayables, la incidencia que este conflicto ha tenido y sigue teniendo en la sociedad colombiana, la gravedad que reviste el fenómeno del paramilitarismo surgido dentro del marco del enfrentamiento, y plenamente conscientes del hecho notorio de que el esquema de negociación bajo la guerra que se ha venido utilizando desde la iniciación del presente proceso de paz se encuentra agotado, en cumplimiento de nuestro cometido nos permitimos, formular a la Mesa las recomendaciones que más adelante consignamos, previas algunas breves consideraciones que juzgamos necesario hacer.

La experiencia histórica, tanto en Colombia como en el mundo, demuestra que el esquema de la negociación bajo el fuego no produce resultados satisfactorios, al menos en el corto y mediano plazo, en el objetivo de lograr la paz. Porque, entre otras cosas, supone mantener la aspiración de cada una de las partes en conflicto de imponerse por la fuerza de las armas a la parte contraria, hasta derrotarla militarmente, con todo lo que ello implica en pérdida de vidas humanas, en destrucción material, en gasto económico y en ruina física y moral para millones de personas. Y creemos firmemente que en el caso colombiano, por diversas circunstancias que no es del caso entrar a detallar pero que no escapan a ningún observador desprevenido, no es dable contemplar tal posibilidad, a riesgo de agudizar aún más el conflicto y generalizarlo, con posibles graves implicaciones de carácter internacional en el orden económico, político o militar, situación ésta que ningún colombiano verdaderamente patriota y amante de la paz puede desear para su país. Así, pues, tampoco entre nosotros ese esquema de negociación tiene perspectivas claras de dar resultados positivos para el logro de la paz, que es el más grande anhelo de todos y el propósito sincero que debe animar a las partes en este proceso.

Por el contrario, lo que constatamos, con viva preocupación, es que en estos tres años que lleva de iniciado el proceso, bajo el esquema de la negociación bajo la guerra, el conflicto lejos de amainarse se ha intensificado, y el paramilitarismo no ha cesado de aumentar su accionar ilegal. Como consecuencia de ello, cada día aumentan el número de masacres y de víctimas inocentes y las violaciones más aberrantes al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Para nosotros es claro que el carácter de esta negociación debe ser eminentemente político y no militar. Por ello nos parece un contrasentido que los diálogos se desarrollen bajo el fuego de las armas. Y que mientras en Villa Nueva Colombia se prolongan las conversaciones entre las partes, animadas, sin duda, de la mejor buena voluntad y patriotismo, a lo largo y ancho del resto del territorio nacional se adelantan, a diario, acciones militares de todos lados, con su inevitable secuela de muertos y heridos, no sólo de las partes en conflicto sino de la población civil principalmente rural-, ajena a éste, así como de destrucción material y por ende de pérdidas incalculables para la economía nacional. Y a ello se agrega el alarmante fenómeno del desplazamiento humano, que reviste hoy dimensiones gravísimas, hasta el punto de figurar Colombia como uno de los países del mundo con mayor número de desplazados.

Ese carácter político de los diálogos y la negociación, que por cierto ha sido reconocido explícitamente por las dos partes, conduce obviamente a que sea en un clima político y no militar -es decir de enfrentamiento armado-, como se adelanten dichas negociaciones de paz. No tenemos duda de que es aquél el marco propicio para que las negociaciones avancen y para que se obtengan resultados concretos, prácticos y efectivos, en un plazo razonable, como lo esperan todo el pueblo colombiano y la comunidad internacional. Creemos
firmemente que mantener la negociación bajo el marco de la guerra, no sólo dilatará indefinidamente el proceso, sino que hará cada vez más difícil llegar a los acuerdos con tanto anhelo esperados.

Por las anteriores razones, los comisionados, en forma unánime, en cumplimiento de la misión a nosotros encomendada por la Mesa de
Diálogo y Negociación con el objeto de proponer fórmulas para disminuir la intensidad del conflicto y acabar con el fenómeno del paramilitarismo, animados del más sincero sentimiento patriótico y como una contribución positiva al logro de la paz para Colombia, nos permitimos formular a la Mesa las siguientes recomendaciones:

1.Que se pacte una tregua bilateral entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en principio de seis (6) meses, en las acciones armadas, término que puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes. Dicha tregua implica que las partes, es decir el Gobierno Nacional y las FARC-EP, adquieran, por lo menos, durante este lapso, los siguientes COMPROMISOS:

A) No habrá acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía contra las FARC-EP en ningún lugar del territorio nacional.

B) No habrá acciones militares por parte de las FARC-EP contra las Fuerzas Armadas y de Policía en ningún lugar del territorio nacional.

C) Lo anterior no impide que las Fuerzas Armadas y de Policía continúen sus acciones, conforme a los mandatos de la Constitución y la ley, en contra de otras agrupaciones o individuos que sigan actuando de manera ilegal.

D) El Estado reitera su compromiso de respetar todas las normas universales que regulan los conflictos armados no internacionales, recopiladas en el Derecho Internacional Humanitario (Convención de Ginebra y protocolos adicionales) y las FARC-EP se comprometen igualmente a respetar dichas normas. Ambas partes se abstendrán, en particular, de la utilización de armas no convencionales, como las minas antipersonales, los cilindros de gas y bombas de aspersión, del reclutamiento y mantenimiento en filas de menores de edad, así como del asalto y toma de poblaciones.

E) Las FARC-EP no efectuarán actos de hostilidad contra particulares, tales como retención de personas, secuestro, cobro forzado de contribuciones pecuniarias o de cualquier otra especie, atentados contra la infraestructura energética y petrolera del país o contra la infraestructura vial.

F) El Gobierno Nacional, de común acuerdo con las FARC-EP, estudiará mecanismos de financiación que permitan atender a las necesidades de subsistencia de los combatientes de la insurgencia durante el período de tregua.

G) Que, conforme al punto 10 del Acuerdo de los Pozos, el Estado se comprometa a la sustitución de cultivos ilícitos en las pequeñas parcelas mediante el procedimiento de erradicación manual, y ambas partes a la protección y recuperación del medio ambiente y la ecología.

2. Que durante el período de la tregua bilateral de paz, la Mesa Nacional de diálogo y negociación estudie, con base en la Agenda Común de doce puntos acordada por las partes en La Machaca, y llegue a acuerdos sobre las materias específicas que conformen un temario definido de proyectos de reforma constitucional, así como aquellas que deban ser posteriormente objeto de desarrollo legislativo por parte del Congreso, o de implementación por parte del Ejecutivo. Lo anterior, sin perjuicio de llegar, durante ese lapso, a acuerdos parciales de ejecución inmediata.

3. Que durante este período se intensifiquen las reuniones de la Mesa, al menos a tres días completos por semana, y que se invite a sus deliberaciones, además de las autoridades públicas, civiles o militares, pertinentes, a voceros o representantes de los diferentes estamentos o sectores de la sociedad colombiana que puedan contribuir con sus opiniones y experiencia a la determinación de los temas concretos a incluir en el temario, a fin de que se obtengan los avances esperados por la sociedad colombiana.

4. Que, con base en los acuerdos logrados por la Mesa referidos en el punto 3, se defina el temario de propuestas concretas de reforma constitucional, a ser discutido y decidido, en principio, por una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria el Gobierno Nacional se compromete a impulsar. Esta Asamblea deberá quedar integrada por representantes de los distintos partidos y movimientos políticos y sindicales, de los sectores de la producción, de los sectores independientes de la sociedad civil y de las FARC-EP y demás grupos de la insurgencia que decidan comprometerse con este proceso. La forma de integración de esta Asamblea Constituyente, su conformación, así como su lugar de reunión, agenda, término de duración y demás aspectos relacionados con su funcionamiento y logística, serán acordados por las partes durante el período de la tregua bilateral que proponemos.

5. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Mesa estudie la posibilidad de optar por la alternativa de convocar la Asamblea Constituyente o la de convocar, en su defecto, un referendo popular. Recomendamos que el Gobierno, de común acuerdo con la Mesa, analice, a la luz de la Constitución, de la ley y de las circunstancias políticas del país, cual de estas dos alternativas resulta más conveniente y expedita para el trámite de los proyectos de reforma constitucional que hayan sido definidos en los términos del punto 3 de este documento.

6. Que las partes se comprometan, de manera formal y solemne, a respetar y acatar las decisiones que se adopten por la Asamblea Constituyente y/o por la vía del referendo, y, en general, todas aquellas que emanen de las diferentes instancias que constitucionalmente tengan que ver en el trámite de las reformas previsto en estas recomendaciones.

7. Que una vez acordado el temario de proyectos de reforma constitucional, éstos sean sometidos a un proceso intenso de difusión y de pedagogía ante el pueblo colombiano, a fin de que éste tenga la suficiente información sobre ellos, como parte del proceso de discusión de los mismos, y, llegado el caso, antes de su refrendación en la instancia correspondiente.

8. Que, en caso de convocarla, el término de duración de la Asamblea Constituyente sea máximo de seis (6) meses, y que entre la convocatoria y la reunión de la misma no transcurran más de tres (3) meses.

9. Que se entienda el acto de convocatoria de la Asamblea Constituyente o, si es del caso, el del referendo, como la culminación del actual proceso de diálogo y negociación.

10. Que, en caso de convocarla, la mayoría de la Asamblea Constituyente sea conformada mediante la libre y democrática elección de sus miembros, sin perjuicio de que se adopten otros procedimientos especiales para la escogencia de quienes han de representar en ella a la insurgencia.

11. Que durante el período de tregua bilateral y, en general, durante el lapso de este proceso democrático de reforma constitucional, se mantenga la zona de distensión.

12. Que, en el entendido de que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, o al referendo si se opta por esta vía, significan como se señala en el punto 9 de este documento- la culminación del proceso de diálogo y negociación, una vez acordada aquella e iniciado el proceso para su conformación, las FARC-EP depongan las armas.

13. Que, en este mismo sentido, una vez se pacte la paz, la Fuerza Pública se ajustará a los parámetros acordados en el ordenamiento constitucional que se establezca en orden al cumplimiento de su finalidad primordial, cual es, en términos del artículo 217 de la Carta Política vigente, la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional.

14. Que, de común acuerdo, la Mesa determine el mecanismo que permita garantizar el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes para el período de tregua y, en general, para todo el proceso de solución política al conflicto que se propone en estas recomendaciones, y para que aquellos sean verificables. Sugerimos, por ejemplo, que se designe entre los países amigos del proceso a representantes de alta investidura que,
en calidad de observadores, sirvan como garantes, ante la comunidad
nacional e internacional, del cumplimiento de estos compromisos; entre tales observadores podría figurar, por ejemplo, un representante de las Naciones Unidas. Lo anterior no excluye que la Mesa acuerde que los garantes, o algunos de ellos, sean también personalidades nacionales dignas de toda credibilidad.

15. Que si al vencimiento del período de seis meses de tregua no se han logrado concretar los acuerdos de que tratan los numerales anteriores, las partes lo prorroguen por el término que consideren prudente para tal efecto.

16. Que se invite al Ejército de Liberación Nacional ELN a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua de paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociación y Diálogo, con las mismas garantías y compromisos aquí señalados.

17. Que el movimiento político que formalicen las FARC-EP como consecuencia lógica de este proceso, goce de todas las garantías y derechos y asuma todas las responsabilidades que ello implica.

18. Que en caso de peligro de romperse la tregua por incumplimiento de los compromisos señalados en el punto 1o de esta propuesta por cualquiera de las partes, de inmediato se reúna la Mesa de Diálogo y Negociación, en presencia de los garantes nacionales y/o internacionales y de los altos funcionarios del Estado que se considere pertinente invitar, a fin de buscarle una pronta solución al asunto.

19. Respecto del fenómeno del paramilitarismo nos permitimos formular las siguientes recomendaciones:

A) Que durante todo este proceso el Gobierno nacional, a través de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, continúe adelantando las acciones encaminadas a combatir el paramilitarismo en sus diversas modalidades.

B) Que sin perjuicio de ello, con arreglo a las leyes pertinentes, el Gobierno adelante gestiones tendientes al sometimiento a la justicia de quienes se hayan implicado en actividades paramilitares.

C) Que se implementen por las partes las recomendaciones que sobre el conflicto colombiano y sobre este tema en particular han formulado las Naciones Unidas -presentadas en la 57 Comisión de DD.HH.- y la Organización de Estados Americanos (OEA).

D) Que se designe una instancia gubernamental que se encargue de
coordinar las acciones contra el paramilitarismo, sin perjuicio de las que correspondan a otras entidades públicas.

E) Que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se someta a la justicia ordinaria a cualquier persona, civil o militar, que resulte implicada en actos de colaboración, complicidad y, si es del caso, omisión frente a los crímenes del paramilitarismo.

F) Que se continúe, al interior de las Fuerzas Armadas y de Policía el proceso de desvinculación de todos aquellos individuos que hayan resultado comprometidos en actividades de tipo paramilitar o sobre los cuales haya serios indicios de estarlo, sin perjuicio de que contra ellos se adelanten los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes, con el propósito de evitar que tales conductas queden en la impunidad.

G) Que se apoye desde todas las instancias del Estado la acción de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para que capture y judicialice a los promotores y partícipes de grupos paramilitares y demás grupos de justicia privada.

H) Que se recopilen en un solo cuerpo todas las leyes y demás normas jurídicas vigentes que tengan relación con el tema del paramilitarismo.

I) Que se fortalezcan los programas de protección y seguridad de los activistas de derechos humanos, dirigentes de partidos y movimientos políticos, jueces, organizaciones sindicales, agrarias, juveniles y populares, periodistas y demás potenciales objetivos del accionar del paramilitarismo y de otros grupos de justicia privada.

J) Que, con la cooperación internacional, se fortalezcan los controles tendientes a impedir, por todos los medios, el ingreso a Colombia de cualquier tipo de agentes extranjeros que, a cualquier título, actúen como promotores, asesores, adiestradores o entrenadores de grupos paramilitares o de cualquiera otra clase de grupos de justicia privada.

K) Que se organice un gran encuentro nacional en el cual se debata a la luz pública el fenómeno del paramilitarismo, con amplia participación de voceros de los distintos partidos y movimientos políticos, gremios de la producción, sectores sociales y populares, la Iglesia, las ONG y ciudadanos que de una manera u otra se hayan visto afectados por ese fenómeno.

L) Creemos, por lo demás, que si son consecuentes con su reiterada afirmación de que su accionar ilícito es una respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al de las FARC-EP, ante la tregua pactada los grupos paramilitares habrán de abstenerse de perpetrar actos criminales, al menos mientras ella se mantenga. Y que si, como lo esperamos todos los colombianos de buena voluntad, se logra la tan anhelada paz, por la vía del entendimiento y la negociación política y por mecanismos como los que estamos recomendando, el fenómeno del paramilitarismo tendrá necesariamente que desaparecer en forma definitiva de nuestra patria.

20. Que el Estado, como política de largo alcance y con la decidida cooperación de la comunidad internacional, redoble sus esfuerzos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, que, aparte del inconmensurable daño que ha venido ocasionando a Colombia y, en general, a la humanidad, del grave deterioro causado al tejido social y el daño irreparable inflingido al medio ambiente y a nuestro ecosistema, en lo que bien puede calificarse como un
verdadero ecocidio, ha contribuido de manera insoslayable a agudizar la violencia, la corrupción, la delincuencia común y también nuestro conflicto interno. En este orden de ideas, es necesario que la comunidad internacional, particularmente los países más desarrollados, asuman frente a Colombia y demás países productores y exportadores de drogas sicotrópicas, el compromiso de combatir y sancionar, a su turno, a quienes incentivan esa producción, a través del suministro de insumos químicos y otros elementos, al igual que a los importadores y distribuidores de droga y demás empresarios del narcotráfico en sus respectivos países, y a las organizaciones
internacionales de lavado de dólares, así como de intensificar, por todos los medios, las campañas educativas de prevención contra el consumo de drogas entre los diversos estratos sociales.

21. Que, de acuerdo con el numeral anterior, se solicite a la comunidad internacional, particularmente los países más desarrollados, se comprometan a apoyar los programas o proyectos integrales de sustitución de cultivos ilícitos y de erradicación de los mismos, a través de medios o sistemas que no conlleven daño ecológico ni peligro letal para la salud humana.

22. Que el cumplimiento de las etapas previstas en estas recomendaciones, a saber la tregua de paz de seis meses y su eventual prórroga, la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente y la eventual refrendación popular de las reformas constitucionales, no implique interrupción o suspensión del proceso electoral a celebrarse, en los términos de la actual Constitución, el próximo
año, y que las FARC-EP se comprometan a no interferirlo con acciones de fuerza de ningún tipo.

23. Que, como se puede constatar con alarma, este conflicto se ha degradado hasta llevarlo por debajo de los límites mínimos de humanidad, incurriendo en insospechados actos de crueldad, el Estado se comprometa a seguir respetando y las FARC-EP lo hagan de igual manera ante la Nación y ante la comunidad internacional, los Principios mínimos humanitarios, y a que éstos no se queden en mera retórica. Este compromiso implica, entre otras cosas, redoblar esfuerzos para que no haya en adelante, ni dentro ni fuera del
período de tregua, más desapariciones forzosas ni privaciones ilegales de la libertad de personas, sean ellas civiles, combatientes o militares, ni se causen más desplazamientos de población civil de sus lugares de residencia y trabajo por causa de la intimidación y la violencia.

24. Que el Gobierno Nacional, con el apoyo financiero de la comunidad internacional y con el concurso de todos los estamentos académicos y educativos, inicie desde ahora mismo una intensiva campaña pedagógica para que los colombianos de todos los estratos y condición aprendan a convivir en paz, tolerancia y respeto por los derechos de todos, y se rescaten las virtudes que, como la honestidad, el amor al trabajo y al estudio, se han venido perdiendo a lo largo de los últimos tiempos, en vastos sectores de nuestra población y en los diferentes estratos sociales.

25. Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Nacional, la paz se considere en adelante como una política de Estado, tendiente a darle continuidad y solidez a la estabilidad que aspiramos a lograr con este proceso, entendiendo la paz no simplemente como el silencio de los fusiles, sino como la solución no armada de los conflictos internos y la búsqueda e implementación de la justicia social y la tolerancia entre los
colombianos.

26. Que a fin de aclimatar la tregua y el proceso de paz, el Estado se comprometa a considerar las demandas de los sindicatos y sectores populares tendientes a la solución de sus inquietudes sobre sus difíciles condiciones de existencia, agravadas por el desempleo, la informalidad, las alzas en los servicios públicos y, en general, la miseria en que se debaten amplios sectores de la población colombiana.

27. Que las recomendaciones que aquí se formulan se consideren por la Mesa en un sentido integral, ya que sus diferentes partes están concatenadas, tienen un mismo hilo conductor, y representan, por tanto, una unidad de propuesta.

28. Que la Mesa haga públicas estas recomendaciones, a fin de auscultar también el sentir de la opinión nacional sobre las mismas, teniendo en cuenta que este proceso debe involucrar a la totalidad de la nación colombiana. Con ello se evitaría que la opinión caiga en el terreno de las distorsiones y las especulaciones, que sólo generan confusión e incertidumbre.

En la esperanza patriótica de que las anteriores recomendaciones sean acogidas por la Mesa en su propósito de conseguir una paz integral y duradera, nos suscribimos de los señores integrantes de la Mesa de Diálogo y Negociación, muy atentamente,

Compatriotas y amigos,
CARLOS LOZANO GUILLEN
VLADIMIRO NARANJO MESA
ALBERTO PINZON SANCHEZ
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2001".

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