Memorandum from FARC negotiators to Colombian government, October 15, 2001

Memorandum from FARC negotiators to Colombian government, October 15, 2001
MEMORANDO AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE LA PAZ Y EL FUTURO DE COLOMBIA

Escuchamos con atención la alocución del Señor Presidente de la República, el día 7 de octubre, a propósito de su anuncio de prórroga de la vigencia de la zona desmilitarizada y los condicionamientos anunciados por el Presidente para el funcionamiento de la misma.

Nos permitimos compartir con los colombianos algunos razonamientos sobre los temas de la alocución presidencial.

1. Coincidimos con el Señor Presidente cuando afirma "estamos definiendo el futuro de Colombia y la decisión está entre la guerra y la paz".

Colombia continúa hundiéndose en la más profunda crisis de su historia. Crisis económica, política y social provocada por la oligarquía colombiana. Ante esta situación se escuchan dos propuestas de salidas distintas. La de quienes trabajamos por alcanzar la paz con justicia social para todos los colombianos y la de aquellos que se pronuncian por las salidas de fuerza, por la guerra, por la tierra arrasada, haciendo eco a los intereses geoestratégicos de otras naciones.

Pretender que en corto tiempo se pueda cumplir con "…la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia que en medio de las dificultades y sacrificios, mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social, que supere las grandes diferencias económicas, políticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos", tal como lo firmamos en el reciente acuerdo de San Francisco de la Sombra, no corresponde a la realidad.

Hoy, junto a la inmensa mayoría de los colombianos, nos preguntamos ¿cuánto tiempo se requiere para llegar a acuerdos sobre los siguientes temas?

1. La Agenda Común, el Cese de Fuegos y Hostilidades y las recomendaciones de la Comisión de Personalidades.

2. Acabar con el paramilitarismo de Estado y sancionar a los responsables. Es prácticamente imposible avanzar en los temas de La Mesa mientras continúen las matanzas y los asesinatos selectivos de dirigentes populares. Este año ya van más de cien sindicalistas asesinados y, en lo que va corrido del presente mes de octubre, las masacres a lo largo y ancho del país han cobrado la vida de más de 150 colombianos. Frente a esta orgía de sangre el gobierno y el establecimiento guardan sospechoso silencio.

3. Terminar con: la criminalización de la protesta social, el exterminio físico de los dirigentes populares, las matanzas, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos, bloqueos y salvoconductos.

4. Modificar la política neoliberal que provoca: despidos de los trabajadores, la pérdida de garantías del derecho al trabajo, restricción a las libertades de sindicalización, movilización y huelga, el cierre de escuelas, colegios y universidades públicas, hospitales, desalojo de los campesinos y destechados, incremento de la explotación de trabajo infantil, privatización de empresas del Estado, aumento de impuestos, persecución contra los trabajadores informales, ruina del campo, quiebra de la pequeña y mediana industria nacional, concentración de la riqueza y monopolización de los sectores financieros, industrial, comercial, agropecuario y minero, desempleo desbordado e inequidad social.

5. Acordar una reforma agraria integral que solucione el problema a millones de campesinos sin tierra o que la poseen en muy poca cantidad, sin títulos de propiedad, sin acceso al crédito y sin mercado para sus productos.

6. Suspender la extradición de nacionales y restablecer la dignidad y soberanía del Estado colombiano.

7. Castigar a los funcionarios corruptos responsables del robo y despilfarro de billones de pesos de las finanzas públicas, mientras el pueblo padece la insatisfacción de sus necesidades básicas.

8. Detener la aplicación del Plan Colombia que lo único que está dejando son miles de hectáreas de cultivos de pan coger arrasadas, centenares de animales domésticos muertos, fuentes de agua contaminadas, daños inmensos al ecosistema y la biodiversidad, ruina económica de las regiones y desplazamiento de los campesinos.

9. Cesar las hostilidades de los grandes medios de comunicación contra las FARC-EP, contra el pueblo colombiano y sus organizaciones sociales y políticas cuando reclaman sus justos derechos.

Muy poco tiempo para tanta tarea. Al gran objetivo de la paz con justicia social no se le pueden fijar plazos perentorios. Requiere sí de una decidida voluntad de cambios en las estructuras del Estado, su régimen político y su base económica.

Y por el contrario, lo que hay en curso es una campaña que conspira contra el proceso de paz desde los sectores más reaccionarios y militaristas que pretenden enterrar los diálogos bajo los escombros de las Torres Gemelas. Amarrar el futuro de Colombia a los propósitos de las políticas imperiales constituye un acto de lesa patria que desconoce las causas históricas, socioeconómicas y políticas del conflicto colombiano.

Sin embargo, se conocen los pronunciamientos de los candidatos presidenciales Uribe Vélez, Noemí y Serpa; de los directivos de los partidos tradicionales Gómez Hurtado y Luis Guillermo Vélez; de dirigentes gremiales como Sabas Pretelt y Visbal Martelo; jerarcas de la iglesia católica en cabeza de Monseñor Rubiano; de altos mandos militares como el General Mora; el congresista Vargas Lleras; los medios El Tiempo, RCN y Caracol; y los columnistas Plinio Apuleyo y Lemos Simmons, entre otros, a los que se suman las voces de los ex presidentes López, Turbay, Gaviria y Samper, que exigen a las FARC-EP concesiones unilaterales, mientras guardan silencio sobre las causas y soluciones de los grandes problemas arriba mencionados y que ellos mismos han generado.

Antes que exigir acuerdos precipitados a La Mesa, estos señores deben responder si en corto tiempo están en condiciones de acabar con las causas que han generado el actual conflicto.

Pretender avanzar por el camino de las imposiciones, el cambio unilateral de los Acuerdos logrados, evadir la discusión de los temas de La Agenda, y las amenazas veladas, es llevar al proceso a un callejón sin salida. Los controles a la zona desmilitarizada anunciados en la alocución presidencial enrarecen el ambiente y hacen muy vulnerable la seguridad del área desmilitarizada. En cambio, no se ejerce la autoridad para someter a quienes violan los Acuerdos mediante incursiones militares a la zona desmilitarizada, sobrevuelos de aeronaves militares, retenes y bloqueo económico, a nombre del paramilitarismo, a los Municipios de Vista Hermosa, Mesetas y Uribe, en el Meta.

Así mismo es necesario que el Gobierno Nacional dé a conocer a los colombianos las garantías que el Estado va a otorgar para proteger la vida de los dos miembros de la Comisión de Personalidades que fueron amenazados por los paramilitares, motivo por el que se vieron obligados a abandonar temporalmente el país.

Por todo lo anterior, se hace necesario conocer las opiniones del Gobierno sobre los temas expuestos para que el proceso de paz pueda avanzar sin sobresaltos.

Raúl Reyes
Joaquín Gómez
Simón Trinidad
Andrés París
Carlos Antonio Lozada

Montañas de Colombia, octubre 15 de 2001

As of October 24, 2001, this document was also available online at http://www.farc-ep.org/dialogos/memorandum.html