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Updated:5/17/01 |
| Discurso
de Barry R. McCaffrey, Director de la Oficina de Política Nacional
para el Control de Drogas, 20 de noviembre de 2000 Consecuencias regionales del Plan Colombia Palabras de Barry
R. McCaffrey Buenos días, señoras y señores. Es un placer estar aquí. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes las ideas de Estados Unidos sobre el Plan Colombia y nuestro apoyo para la democracia y los esfuerzos antinarcóticos de Colombia. Seguimos creyendo que la producción, el tráfico y el abuso de drogas son problemas que afectan a todas las naciones del Hemisferio y en el mundo. Por tal razón debemos colaborar para que nuestras sociedades sean seguras y nuestros países fuertes. En las últimas dos décadas Latinoamérica ha logrado superar una gran variedad de difíciles desafíos, desde disturbios políticos y recesiones económicas hasta desplazamientos y desastres naturales. Durante este mismo período, se solucionaron conflictos internos de larga data, se iniciaron trasformaciones económicas, y la democracia se extendió a 34 de los 35 países de la región. Aunque estos logros han creado un marco para continuos avances en los próximos años, todavía quedan varios obstáculos potenciales en América Latina. Persisten desigualdades severas en la distribución de ingresos y, la pobreza es el estilo de vida de más o menos una tercera parte de la población. La corrupción bloquea el progreso socioeconómico y debilita la confianza del pueblo en sus autoridades e instituciones gubernamentales. La violencia y el crimen le exigen muchísimo a la sociedad, tanto en costos humanos como en requisitos para la asignación de recursos gubernamentales. Estos problemas persistentes desafían de manera crítica a las democracias nuevas y antiguas de América Latina. Aunque una variedad de condiciones se han conjurado para ahondar estos problemas, tal vez ninguno ha sido más dañino que la amenaza del creciente narcotráfico. La reducción de las barreras políticas y comerciales así como la globalización del comercio internacional, las finanzas y las tecnologías de la información han producido vulnerabilidad en toda la región para convertirse en área de tránsito o mercado de drogas ilícitas. Esta mayor vulnerabilidad al narcotráfico también aumenta el riesgo de que la corrupción, la mayor criminalidad y la extensión de problemas sociales y de salud presionen y debiliten las bases democráticas. A medida que del Gobierno de Colombia trata de solucionar la amenaza a su seguridad nacional y bienestar, tiene la ayuda de Estados Unidos, de varios países europeos y de Japón, así como el apoyo de sus vecinos regionales. Al mismo tiempo los vecinos de Colombia están preocupados por la probabilidad del aumento de la violencia, del flujo de refugiados y de la producción de narcóticos, como resultado de las acciones colombianas contra los narcotraficantes y los grupos alzados en armas asociados al narcotráfico. El Presidente Clinton ha dicho que Estados Unidos está listo para ayudar a los vecinos de Colombia a medida que afronten la amenaza regional del narcotráfico y de los grupos armados. La Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos reconoce la seriedad de las amenazas trasnacionales como las creadas por el narcotráfico y el crimen internacional para nuestro país. También identifica la amenaza del desgobierno y destrucción ambiental como desafíos crecientes para los intereses de Estados Unidos. El narcotráfico aumenta el riesgo de desgobierno y graves problemas ambientales en un país. El narcotráfico debilita las instituciones democráticas de un país, distorsiona su economía, aumenta la corrupción y fomenta la falta de respeto por los derechos humanos. Es del interés de Estados Unidos asegurar que estos espantosos efectos no aparezcan en los países vecinos de Colombia a medida que se pone en marcha el Plan Colombia. Se necesita un compromiso a largo plazo por toda la región para fortalecer las instituciones democráticas, estimular el desarrollo económico, promover imperio de la ley y eliminar la producción y el tráfico de drogas ilícitas.
El papel de Estados Unidos en Colombia es limitado pero importante. En febrero de 2000 el Presidente Clinton presentó al Congreso un paquete urgente de financiación por dos años para asistir a Colombia en su lucha contra el tráfico de drogas, evitando la llegada de éstas a las calles estadounidenses, y para ayudar a Colombia en la promoción de la paz, la prosperidad y el crecimiento continuo de la democracia. El 13 de julio de 2000 el Presidente Clinton promulgó la legislación aprobando el paquete de asistencia. Es uno de los mayores esfuerzos que Estados Unidos haya emprendido para ayudar a un aliado latinoamericano en una emergencia nacional. Y estamos seguros que ésta es una grave emergencia nacional para Colombia, como lo comprueban las muertes de 22.957 ciudadanos colombianos en 1999, a causa narcotráfico. El plan para eleminar el narcotráfico en Colombia tiene un alto potencial de éxito en su primera fasse porque la producción de drogas está concentrada en el sur del país y es vulnerable a la erradicación. A largo plazo, el Plan Colombia tendrá éxito porque funciona a nivel de aldea y de cooperativa agrícola para introducir programas que apoyen la evolución de la economía hacia cultivos alternativos. Estos programas incluyen el desarrollo de la infraestructura para el mercadeo de cultivos lícitos y la asistencia técnica para las organizaciones campesinas que sean contratadas para llevar a cabo programas de verificación de la erradicación voluntaria de cultivos de coca. Este enfoque tuvo éxito en Perú y Bolivia cuando esos países pudieron proporcionar la seguridad básica para los programas civiles y hubo una amenaza de erradicación sin compensación para las organizaciones que no cumplieran sus promesas de eliminar los cultivos ilícitos. La seguridad es uno de los mayores desafíos para Colombia, especialmente por las ganancias de los grupos armados que controlan las áreas de producción de drogas. Esa es la razón por la cual la asistencia estadounidense tiene un fuerte componente militar. La lucha actual entre la guerrilla y las AUC en el sur ha paralizado las operaciones antinarcóticos en la región, incluyendo los urgentes programas de desarrollo económico alternativo. La asistencia al Gobierno colombiano con entrenamiento y equipo para lograr el control de las regiones de producción de drogas le ayudará a proteger y servir a sus ciudadanos mientras se reduce la producción de drogas ilegales. Un proceso de paz exitoso será la mejor esperanza de Colombia para lograr la paz y detener la violencia que ya lleva 40 años. Creemos firmemente que nuestro paquete de asistencia apoya tal proceso y hace posible una paz justa en Colombia. El final de la inestabilidad en Colombia sería de gran beneficio para los países vecinos, los cuales sufren en diferentes formas por la inestabilidad y violencia en sus fronteras.
Los efectos de una unificación defacto de los narcotraficantes y los grupos armados que controlan amplios territorios para cultivos y producción ilícitos, van mucho más allá de las fronteras de Colombia. El dinero sucio que alimenta el conflicto interno en Colombia está causando inestabilidad en toda la región andina. Por ejemplo, la violencia asociada con este conflicto ha contribuido al desplazamiento de colombianos a países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. En Estados Unidos cad año las drogas ilícitas cuestan 52.000 vidas y US$110 millones en accidentes, pérdida de productividad y daños a propiedades. Aproximadamente el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos se origina en Colombia o lo atraviesa y dos terceras partes de la heroína que se confisca en Estados Unidos también llega de Colombia. Ayudándole a Colombia a responder a esta situación de emergencia, Estados Unidos ayuda a su propia causa nacional; extendiéndole el apoyo a la región afectada, tratamos de mejorar nuestras propias oportunidades de éxito y seguridad. El enfoque primario de este esfuerzo adicional del paquete de asistencia es proporcionar apoyo al renovado esfuerzo antinarcóticos de Colombia. La política de nuestro Gobierno es no apoyar esfuerzos contrainsurgentes y no apoyaremos los de Colombia. Sin embargo, Estados Unidos sí proporcionará apoyo al Gobierno de Colombia para protección de sus fuerzas armadas y seguridad directamente relacionada con los esfuerzos antinarcóticos, sin importar cuál sea la fuente de la amenaza. En conjunto, el apoyo estadounidense al Plan Colombia refleja preocupaciones colombianas y regionales; se basa en iniciativas relacionadas con:
suplementar grandes aumentos en programas colombianos de desarrollo económico alternativo; fortalecer la gobernabilidad y desarrollar mejores programas para aumentar el imperio de la ley y reforzar el respeto por los derechos humanos; respaldar la recuperación económica de Colombia; promover el progreso del proceso de paz colombiano; aumentar la capacidad regional para interceptar las drogas ilícitas y los precursores químicos; apoyar los esfuerzos exitosos en programas de desarrollo alternativo en Perú y Bolivia, e iniciar programas en Ecuador. Apoyo regional complementario Estados Unidos reconoce que el esfuerzo masivo para restaurar el imperio de la ley en Colombia tendrá consecuencias en toda la región. Inclusive, el lenguaje de la ley que aprueba el paquete de asistencia destaca esta necesidad cuando dice “este esfuerzo requiere un mayor énfasis regional para que los problemas asociados con el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos no se trasladen a otro lugar de la región”. El paquete de asistencia, aunque enfocado en Colombia, contiene US$180 millones de apoyo a esfuerzos antinarcóticos en otros países de la región y para combatir cualquier intento de los narcotraficantes para trasladar sus empresas. Estados Unidos y sus aliados en la región tienen una oportunidad única para lograr un impacto a largo plazo en el cultivo y tráfico de drogas en América Latina ahora que la mayoría del cultivo y la producción de coca están concentrados en un solo país. Sin embargo, para lograr ese objetivo nuestros planes colectivos deben reflejar la mejor lección aprendida después de tantos años de esfuerzos antinarcóticos: los narcotraficantes tratarán de adaptarse a los cambios ambientales como los proyectados en el Plan Colombia. Si el precio de la coca continúa subiendo, Perú y Bolivia podrían recaer hacia mayores cultivos de coca en regiones que han sido erradicadas recientemente; a medida que se desbarata la infraestructura del procesamiento en Colombia, podrían aparecer sus centros de operaciones similares en Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela. Por eso es imperativo que Estados Unidos y sus aliados preparen políticas y programas para abordar las amenazas relacionadas que puedan aparecer o expandirse por la región. Los productores de drogas ilícitas aparentemente ya están trasladando sus centros de operaciones en Colombia. Las FARC y las AUC están luchando entre sí por las plantaciones de coca en el departamento de Putumayo. Esta interacción está desplazando a individuos de esa región hacia otras de Colombia y causando refugiados que buscan seguridad temporal en Ecuador. Los productores de drogas ilícitas también se están trasladando tanto hacia el norte como hacie el oriente dentro de Colombia y tal vez estén planeando trasladarse a Venezuela y Brasil, aunque lo más fácil sería volver a Perú y Bolivia. En Perú los traficantes han cambiado sus rutas y métodos para reducir la efectividad de la ejecución de la ley y de las operaciones de interceptación. Los precios de la coca peruana han estado subiendo desde marzo de 1998, haciendo más difíciles el desarrollo alternativo y la erradicación. Los agricultores están volviendo a sus campos abandonados y las áreas centrales de cultivo se están remozando. Es claro que los cultivos renacientes en Perú podrían convertirse en un revés para los esfuerzos antinarcóticos regionales. Además, la inestabilidad política actual podría obstaculizar la erradicación que se está llevando a cabo en el Valle Alto del Huallaga así como la expansión del desarrollo de los cultivos alternativos. En Bolivia, la Administración Banzer continúa logrando reducciones dramáticas de los cultivos ilícitos de coca, pero hay razón de preocupación a largo plazo. La infraestructura de la industria de la cocaina está intacta en su mayoría y los precios están subiendo. Trágicamente, los agricultores desesperados han instigado muchos actos de violencia (algunos el mes pasado) que han causado la muerte de varios ciudadanos bolivianos. Además, la demanda de asistencia para desarrollo alternativo en Bolivia actualmente sobrepasa la cantidad disponible. El progreso continúa dependiendo de la voluntad de la Administración Banzer para arriesgarse bastante políticamente a medida que trata de reducir los cultivos de coca y aumentar las alternativas de ingresos lícitos. Será necesario un mayor apoyo para abordar el tema del desarrollo alternativo y facilitar las reformas institucionales y del sector justicia para asegurar que lo ganado no se pierda. Además de su importancia creciente como sitio de trasbordo para la industria de la coca, el terreno y la cercanía de Ecuador lo podrían convertir en un sitio ideal para que los narcotraficantes del sur de Colombia trasladaran su industria. Anteriormente Ecuador ha logrado frenar a los cultivadores de coca que tratan de establecerse ahí, por medio de una presencia gubernamental en la región. La voluntad de Ecuador para continuar esa fuerza de disuasión es incuestionable. Sin embargo, el desafío es mayor porque sucede en momentos en que Ecuador está bajo la presión de una variedad de fuerzas. Estados Unidos y sus aliados necesitan encontrar los medios para aumentar el apoyo para crear un impacto positivo significativo en las áreas de reformas institucionales y del sector justicia, en las capacidades de interdicción, desarrollo alternativo y programas ambientales en Ecuador. Panamá está a prueba por las violentas incursiones de guerrilleros y paramilitares colombianos a las regiones del Darién y San Blas, donde la policía panameña tiene fuerzas inadecuadamente entrenadas y equipadas que no son dignos rivales para los insurgentes. El esfuerzo total antinarcóticos en Panamá se complica todavía más con el expansivo lavado de dinero en sus centros financieros de ultramar y la incapacidad de sus instituciones de aplicación de la ley para detectar y enjuiciar estas violaciones adecuadamente. A medida que el Gobierno de Colombia aumenta la presión sobre la guerrilla y los paramilitares, es lógico esperar que estos grupos aumenten la frecuencia de sus incursiones en terreno panameño. Venezuela es una ruta importante de trásito para las drogas ilícitas hacia Estados Unidos y Europa, con estimados de más de 100 toneladas métricas de cocaína atravesándolo anualmente. El contrabando aéreo y marítimo también atraviesa por Venezuela, debido a un volumen que sobrepasa muchísimo las capacidades de sus fuerzas de interdicción. Además, algunas operaciones de procesamiento se han trasladado recientemente desde Colombia, convirtiendo a Venezuela en país fuente secundaria, con un potencial de crecimiento adicional a medida que los narcotraficantes colombianos buscan trasladar su base de producción. Recientes éxitos antinarcóticos en Venezuela, como el decomiso en agosto de 2000 de 8,8 toneladas métricas de cocaína por una operación internacional de ejecución de la ley llamada Operación Orinoco, indican que al nivel operacional hay oportunidades para lograr un impacto a través de esfuerzos cooperativos. Debido a su cercanía a Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, Brasil se está convirtiendo en país principal de tránsito de narcóticos hacia Europa. Hasta ahora la frontera remota y despoblada de Brasil ha sufrido poco por el desbordamiento del conflicto colombiano. Debido a preocupación por recientes confrontaciones entre fuerzas de seguridad colombianas y la guerrilla de las FARC cerca de la frontera, Brasil ha tomado medidas adicionales para defender su soberanía. Pronto Brasil instalará una red de vigilancia del tráfico aéreo nacional que podría ayudar en la lucha contra los narcotraficantes, pero se cree que la mayoría de las drogas ilícitas que atraviesan por Brasil actualmente van por rutas terrestres o fluviales. La cuenca del Amazonas es otra área lógica que los narcotraficantes podrían fijar como objetivo para el desarrollo de infraestructura, al buscar territorios adicionales que sean de difícil acceso para las autoridades de ejecución de la ley. Estados Unidos también está comprometido con iniciativas regionales que aumenten la cooperación entre países y que complementen nuestra capacidad de ofrecer apoyo directo para los esfuerzos antinarcóticos de nuestros socios. Continuaremos el desarrollo de estructura de las Bases de Operaciones de Avanzada (FOL), posibilitando operaciones regionales antinarcóticos más efectivas tanto en países fuente como en países de tránsito. También ampliaremos nuestros programas regionales para entrenamiento en el sector justicia, reducción de la demanda, desarrollo alternativo y asistencia humanitaria a los refugiados. Esfuerzos no-programáticos para apoyar el proceso de paz colombiano, para compartir información sobre el propósito y el impacto del Plan Colombia (especialmente con organizaciones no-gubernamentales) y para alentar mayor cooperación regional en temas de seguridad fronteriza y de ejecución de la ley, también serán factores importantes en el éxito total de nuestros programas regionales. La crisis en la región andina ha precipitado la necesidad de un mayor esfuerzo estadounidense para proteger los intereses nacionales al tratar de contener el flujo de drogas ilícitas, apoyar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico libre al apoyar los esfuerzos antinarcóticos de nuestros aliados regionales. Hay gran voluntad política en Colombia, Perú y Bolivia para atacar el comercio ilegal, erradicar la corrupción, terminar con la violencia y establecer paz y seguridad en el marco de la democracia y el respeto por los derechos humanos. También hay gran voluntad en los gobiernos de Ecuador, Panamá, Venezuela y Brasil para contrarrestar el impacto negativo del comercio de drogas ilícitas en sus propios territorios. Aunque indudablemente habrá algún impacto en los países vecinos a medida que el Gobierno de Colombia avanza para restaurar el imperio de la ley en las regiones de producción de drogas, el impacto de mayor actividad criminal, conflicto interno e inestabilidad tendría mayores consecuencias peores para todos nosotros. Nosotros colaboraremos con todos los países de la región para reducir cualquier consecuencia negativa que pueda ocurrir como resultado del aumento de los esfuerzos antinarcóticos en Colombia. El Presidente Pastrana
está bien encaminado. Con la solidaridad y el apoyo internacional
para su amplia estrategia a largo plazo, los narcotraficantes y los grupos
terroristas pueden ser despojados de sus ingresos, la producción
de drogas ilícitas puede inutilizarse, y los sufridos ciudadanos
de Colombia pueden lograr su derecho básico a ganarse la vida legítimamente
sin que sus vidas peligren. El Plan Colombia funcionará. No será
un proceso rápido ni fácil, pero es un proceso que llevará
a la recuperación económica, la seguridad interna y el respeto
por los derechos humanos, un compromiso más fuerte con la democracia
y el imperio de la ley, y mayor estabilidad en la región. Todos
nos beneficiaremos con el éxito del Plan Colombia. |
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