Texto de la carta de Manuel Marulanda, 20 de noviembre de 2001

Texto de la carta de Manuel Marulanda, 20 de noviembre de 2001

Señores:

Carlos Armando García Orjuela, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Representantes, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Estado, Presidente de la Corte Constitucional, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, Presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Sabas Pretels de la Vega, Presidente del Consejo Gremial Nacional

Por medio de la presente lo saludo cordialmente y a la vez aprovecho para exponerle los siguientes planteamientos de interés nacional en aras de salvar el proceso de Diálogo y Negociación, el cual entró en crisis por la incomprensión e imposición de los gobernantes que hasta hora no han logrado entender que somos dos partes sentados en La Mesa, para buscarle una salida civilizada al conflicto interno.

Los negociadores de ambas partes después de largos meses de análisis y discusión sobre la Plataforma política de 10 puntos presentada por las Farc-Ep al pueblo colombiano y al Gobierno Nacional, para discutir en La Mesa y lograr ponerse de acuerdo en La Agenda Común, considerada como un gran logro y éxito de ambas partes en su estrategia política para adelantar Diálogos y Negociaciones, en busca de una salida política al conflicto social y armado que afecta el conjunto del pueblo colombiano en lo institucional, político, económico, social, cultural, ambiental y soberanía, lo cual nos permite formular la siguiente pregunta:

Siendo la Agenda Común el Acuerdo más importante del actual proceso ya que recoge los temas fundamentales a negociar para lograr así la paz con justicia social en nuestro país, no entendemos entonces por qué en reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno y del Estado se afirma, que no es negociable ninguno de los temas que a continuación señalamos:

1. Plan Colombia, de acuerdo a lo expresado por el Presidente y los Negociadores en La Mesa.

2. El plan de desarrollo, como lo han expresado altos funcionarios del Estado.

3. La erradicación de cultivos ilícitos por la vía de la aspersión aérea, a pesar de los Acuerdos firmados entre el presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda en Los Pozos, para hacerlo manualmente y con inversión social.

4. Afirman que las instituciones del Estado no pueden ser modificadas, no importando la caducidad de ellas que impide abrirle espacio a la democracia.

5. Los Acuerdos internacionales contraídos por el Estado en materia económica, política, judicial, militar y de extradición.

6. El calendario electoral.

7. El canje de soldados por guerrilleros porque viola la constitución y las leyes, argumento esgrimido por el Estado y los partidos.

8. El Gobierno afirma que la acción contra el paramilitarismo y contra las injusticias sociales, las hace por convicción y no por exigencia de la insurgencia guerrillera con la cual ha sostenido Diálogo y Negociación por 3 años. Sustrayendo estos temas de La Mesa sin que tampoco se vean resultados en la solución de estos problemas. Esta parte es muy difícil que un colombiano desprevenido la entienda.

9. Visto lo anterior pedimos de ustedes una amplia explicación, clara y concreta a través de un gran encuentro nacional el 15 de enero en Los Pozos para que digan que es lo negociable con el Estado. Y por qué solo la insurgencia tiene que hacer gestos de paz y el Estado no. Ustedes deben comprender que nos alzamos en armas por falta de garantías y porque nos cerraron las puertas al proselitismo político para elegir y ser elegidos por la vía legal.

Por ello, las últimas declaraciones de Ministros, mandos militares y otras personalidades sindicándonos no de ser revolucionarios sino terroristas y narcotraficantes, no corresponden a la realidad. Porque fue el Estado en l964 quien acudió a la violencia oficial contra 48 hombres en Marquetalia (Tolima), utilizando todos los instrumentos del Estado a su servicio: l6 mil hombres del ejército, la aviación, helicópteros artillados, dinero trasladado de otros ministerios para sostener el operativo militar, más 300 millones de pesos aportados por los Estados Unidos, para el pago de agentes, delatores e infiltrados, bloqueo económico, la confiscación de bienes e inmuebles y su entrega a nuevos propietarios en forma oficial, todo con el fin de aniquilarnos.

Hoy nuevamente el Estado repite su estrategia de golpearnos con leyes represivas, entrena y crea nuevas Brigadas de contraguerrilla, compra sofisticado armamento de guerra, aviones y helicópteros, lanza operativos militares, bombardean vastas zonas pobladas en forma indiscriminada, establece cordones de bloqueo económico al campesinado, confiscan bienes y dinero, queman casas, controlan la movilización de habitantes, e impide y reprime paros cívicos sindicando a su líderes de terroristas.

Visto lo anterior el Estado no puede seguir exigiéndole a la insurgencia, en forma unilateral, buena conducta contra quienes financian la guerra, el paramilitarismo de Estado, respeto a la infraestructura económica, que produce dinero para financiar las actividades belicistas en detrimento de las libertades democráticas y ciudadanas. Mientras en La Mesa no se resuelva lo que no quiere negociar el Estado con la insurgencia, la situación política, económica y social siempre será compleja y difícil de resolver hasta tanto se mantenga la concepción del más fuerte, como lo señalado aquí en este documento y en otros.

No siendo otro el motivo de la presente me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez

Montañas de Colombia, noviembre 20 de 2001

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