Comunicado del II Foro "El Sur evalúa el Plan Colombia," 10 de diciembre del 2001

Comunicado del II Foro "El Sur evalúa el Plan Colombia," 10 de diciembre del 2001
II Foro "El Sur evalúa el Plan Colombia"

Los paramilitares "le hacen un daño infinito a la sociedad colombiana y a las instituciones", dijo hoy en Puerto Asís el Consejero presidencial para la seguridad nacional, Gerardo De Francisco, en el marco del segundo Foro "El sur evalúa el plan Colombia", que congrega a 250 representantes de organizaciones sociales y entidades gubernamentales de los ámbitos nacional e internacional.

Al referirse a los 34 Pactos Sociales suscritos en el último año con igual número de comunidades que se comprometieron a erradicar manualmente los cultivos de uso ilícito, aceptó que éstos no se han podido cumplir por parte del Estado debido a la tramitología, pero dijo que éstos "se mantienen" y que son más convenientes que las fumigaciones, en torno a las cuales hubo consenso entre los asistentes acerca de que no pueden continuar llevándose a cabo.

Representantes de los gobiernos y comunidades de Cauca, Nariño y Putumayo fueron enfáticos en rechazar las fumigaciones debido a que afectan no sólo la salud humana sino también el entorno ecológico y social y no permiten construir una nueva legitimidad del Estado, "porque el mecanismo represivo no ha surtido ni surtirá efectos disuasivos y, por el contrario, ocasionará un incremento en las hectáreas cultivadas" afirmó uno de los asistentes.

Por su parte el gobernador del Putumayo Ivan Gerardo Guerrero, dijo que "el problema de la coca no es delincuencial sino social" y que "los campesinos del Putumayo le han querido dar una nueva oportunidad al gobierno y a la comunidad internacional" para que después de tantos años de ausencia, apoyen los pactos sociales de erradicación voluntaria y manual de los cultivos de uso ilícito, en lugar de las fumigaciones.

Puso como ejemplo el caso de 22 familias de Orito que por iniciativa propia aún sin haber firmado pactos con el gobierno, están erradicando cien hectáreas de coca.

"Los pactos han tenido muchas dificultades, porque no se teníia experiencia en su ejecución, los hemos ido construyendo y hemos ido avanzando en el trascurso de los meses, para que sea un desarrollo lícito, sostenible y rentable. Los campesinos no le creen al gobierno porque en múltiples ocasiones el gobierno les ha incumplido. Los acuerdos adquiridos por administraciones anteriores y que le costaron la vida a muchos dirigentes y comunidades como las marchas campesinas del 96, sólo se han cumplido en un 20%", enfatizó el mandatario regional.

VEEDURIA INTERNACIONAL

Las organizaciones sociales del Putumayo por su parte, reiteraron la necesidad de la veeduría internacional que está acordada en los pactos y no se ha cumplido, la veeduría garantiza que los recursos del Plan Colombia sean invertidos en el sector social y no en el fortalecimiento del aparato militar del Estado.

"Sin comunidad internacional estos pactos fracasarán", dijo Eder Sánchez, vicepresidente departamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Esta propuesta fue recogida por delegados de las Naciones Unidas, Acnur, UNDCP, y las embajadas de Ecuador, Suecia, Gran Bretaña y Canadá, así como por representantes de agencias internacionales de cooperación, presentes en el Foro.

Sánchez propuso, además, que los Pactos sean integrales e involucren a toda la población y no sólo a los cultivadores de coca; que estén relacionados con obras de infraestructura vial, salud, educación, vivienda, comercialización y servicios públicos, y no únicamente con los proyectos de seguridad alimentaria.

Adiconalmente, la sostenibilidad de los Pactos señala que un año "es insuficiente para cualquier programa de sustitución", lo cual fue aceptado por Gonzalo De Francisco. Las comunidades sugirieron entonces que los Pactos sean asumidos por una política de Estado para poder darles continuidad y no fenezcan el 7 de agosto próximo, cuando culmine la Administración Pastrana.

Se propuso también que los Pactos sean participativos. Igual posición adoptó Diego Jaramillo, delegado por el gobernador del Cauca, Floro Tunubalá, quien dijo que es preciso un "fortalecimiento de las comunidades y de las organizaciones sociales" para "auspicar la concertación con el gobierno nacional y la aplicación del Plan Colombia".

Por su parte, Francisco Angulo, representante de las organizaciones sociales de Nariño, dijo que se deben "reparar los daños causados a las personas afectadas por las fumigaciones" y que para evaluar probables efectos nocivos de la aspersión aérea y, estudiar alternativa para frenar el incremento de los cultivos de uso ilícito en el país, es necesario constituir un aComisión Internacional de Evaluación de la política antidrogas aplicada en Colombia.

Por último, las organizaciones sociales del Cauca propusieron la realización de una gran movilización del suroccidente colombiano en el primer semestre del año 2002, en rechazo a las fumigaciones y el componente militar del Plan Colombia.

El día de mañana, cuando concluya el evento, se conocerán las conclusiones de las tres mesas de trabajo que tratan los temas de Derechos Humanos, Fumigaciones y Pactos Sociales.