La nueva era mundial: amenazas e incidencias sobre el caso colombiano

                                                                                    Ricardo Vargas M.

                                                                                    TNI – Acción Andina 

Consideraciones 

El uso del término “ terrorismo global “ tiene una carga que oculta y a la vez  legitima  decisiones que predetermina el mismo concepto.

De un lado, oculta las motivaciones políticas detrás de los hechos de terror con sus  dramáticas consecuencias. Como resultado, se evita la  especificidad de los escenarios de conflicto con los cuales se relacionan los hechos y que generalmente envuelven múltiples actores, posiciones disímiles y en general una complejidad de relaciones que sólo se desvelan en la recuperación de la memoria histórica. El término tiene una carga de “presente” que desconoce la trayectoria histórica de fenómenos de alto nivel conflictivo. Hay un trastrocamiento del tiempo. El presente se erige como tribunal racional: lo que existe es la culminación de lo que la razón ha construido bajo una acepción de aceptabilidad inevitable y de legitimidad indiscutible. Su mutación en la pura inmediatez con posibilidad de afectar el actual status quo, se torna a su vez como sinónimo de peligrosidad e inseguridad. Generalmente la carga del concepto “terror” contiene esta defensa cuya apariencia es la protección, válida o no,  del mundo libre o civilizado.[1]

Así mismo confunde el uso de un método de guerra irregular, “el terror”,  por el fin en sí mismo: pareciera que no hay problemas como tales, lo que hay son terroristas, agentes de inseguridad, santuarios terroristas, etc. Esta connotación hace peligrosamente homogéneo el mundo de los conflictos: la complejidad del mundo musulmán reducido a la expresión terrorista podría hacerse equiparable a la situación de Irlanda o Colombia. Los conflictos no se reconocen tanto en sí mismos, en su naturaleza política y militar, sino que se asumen por lo que puedan significar como generadores de terror y por tanto de inseguridad. Es en ese contexto que recobran legitimidad, superponiéndose, los nuevos métodos consensuales, de solución de fuerza.

Ya en las primeras reacciones al ataque terrorista del 11 de septiembre, Henry Kissinger llamó la atención inmediatamente sobre algunos rasgos de la operación:

“Un ataque como el de ayer requiere de planeación sistemática, una buena estructura organizativa, mucho dinero y una base de operaciones”.[2]

Y a renglón seguido calificó la naturaleza del ataque en cuanto a objetivos estratégicos:

“Este, sin embargo, es un ataque en los Estados Unidos continental, una amenaza a nuestra manera de vivir y a nuestra existencia como sociedad libre. Por tanto, debe enfrentarse de una manera diferente: con un ataque al sistema que lo ha hecho posible…y por sistema terrorista me refiero a los componentes del mismo que están organizados en un nivel global y que pueden operar de manera sincronizada.” [3]

Kissinger distinguió la reacción inmediata necesaria para enviar un mensaje contundente a quienes actuaron el martes 11 o piensan hacerlo en esa dirección, pero para él no es este el aspecto principal de su reflexión. Son más los cambios estructurales que están por venir y que le apuntan a llenar los graves vacíos de seguridad, una de cuyas primeras expresiones será restablecer los privilegios políticos y de inmunidad de los organismos de inteligencia que actúan en el mundo, empezando por la CIA y los agentes encubiertos. 

Consecuencias en el caso colombiano

Bajo consideraciones puramente numéricas, Colombia es señalada como el país del hemisferio con el mayor número de organizaciones terroristas y como tal sirve de ejemplo recurrente, cuando se observan espacios inseguros distintos al Asia central. 

En el caso de las Farc, existe una situación contradictoria en el marco de las relaciones bilaterales de Colombia con Estados Unidos. En efecto, el gobierno colombiano al aceptar el desarrollo de un proceso de paz como vía de resolución del conflicto armado, ha partido, en los hechos, de una calificación como grupo guerrillero al cual se le ha dado un status político muy definido. Así mismo, ha defendido en diferentes tribunas la condición de actor político para ese grupo. Es más, ha desdeñado las acusaciones sobre los vínculos con el narcotráfico de las Farc, circunstancia que ha generado polémica. Recordemos adicionalmente que, entre otros, UNDCP ha insistido en que las Farc no son un cartel del narcotráfico.

Estados Unidos y el caso Colombiano

Mientras tanto las autoridades de EU han enfatizado a distintos niveles la condición de organización criminal de las Farc, con cada vez menos nexos para que le sea reconocido un perfil político. Y no sólo eso, al estar en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado y con ocasión del asesinato de tres ciudadanos estadounidenses por cuenta de ese grupo armado, se reafirma aún más la condición de enemigo de Washington. A ello se suman episodios relacionados con exportación – incautación de drogas en las cuales se compromete la condición política de esta organización.

Pero por otra parte, Washington ha reconocido las negociaciones de paz del gobierno colombiano, a la vez que apoya un fortalecimiento de las ffaa y desarrolla acciones en nombre del combate a las drogas, que a su vez repercute sobre el mismo proceso de conversaciones. Esta dicotomía, señalada entre otros por la Rand Corporation, parece entrar en un punto de definiciones bajo el nuevo paradigma de seguridad que empieza a desarrollarse.[4]

Días antes de la programada visita de Colin Powell a Bogotá el 11 de septiembre, este ratificó el apoyo tanto al proceso de paz como al Plan Colombia. Pero también anticipó su preocupación por el uso que las farc estaba haciendo del área de despeje y de las relaciones non sanctas de la guerrilla colombiana con el grupo IRA.

Este hecho mostró más connotaciones de las que aparecen a primera vista. Contra lo que se pudiera pensar, en el sentido de que estas circunstancias agravarían la percepción que tenían de las Farc diversos congresistas en Capitol Hill, el asunto se mostraba exactamente al revés: el desprestigio corría por cuenta del IRA, cuya condición de grupo terrorista fue levantada para facilitar las conversaciones de paz en Irlanda. Las relaciones con las farc eran las que se señalaban podían afectar el mismo proceso, al relacionarse el IRA con un grupo que, según palabras del congresista William Delahunt, “...actualmente figura en esta lista negra y que utiliza el secuestro y el narcotráfico para financiarse”.[5]

Hasta antes de los hechos del 11 de septiembre, el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EU estaba próximo a convocar una serie de audiencias para investigar los presuntos nexos del IRA y la guerrilla colombiana. Se preveía así una repercusión sobre el apoyo que sectores políticos de EU han dado a la solución política del caso Irlandés.

Vale señalar que el hecho de las cuestionadas relaciones de las dos organizaciones armadas, opacado con los actos de terror del 11 de septiembre, fue el resultado de labores de inteligencia, suministradas a través del uso de los sistemas de detección de cultivos de coca de los EU en Colombia:

“..las alarmas de los servicios de inteligencia se dispararon hace varios meses, cuando un radar de los que habitualmente rastrean el suelo colombiano para confirmar avances en el proceso de erradicación de cultivos de coca, tomó una fotografía de una explosión inusual en la zona de despeje, que es controlada por las farc. Este hecho hizo sospechar a las autoridades sobre la presencia de terroristas extranjeros en suelo colombiano”[6]

¿ Hasta dónde se modifican estas circunstancias un tanto ambivalentes de Washington hacia el caso colombiano, en relación con los acontecimientos del 11S? ¿Cuáles son – en términos prácticos – las medidas que se van a tomar y que inciden sobre las circunstancias del conflicto en  Colombia?

Existen dos perspectivas de interpretación del caso colombiano a la luz del nuevo paradigma. En primer lugar, la expresada por el Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y que parte de una diferenciación sobre el perfil de las organizaciones levantadas en armas, a partir del concepto de Grupos Terroristas de Alcance Internacional ( GTAI ).

A la luz de este concepto, se relaciona el peligro disímil que representan diversas organizaciones para la seguridad de los EU. En ese sentido, los grupos colombianos no son en principio equiparables a las organizaciones islámicas más radicales,  en cuanto sus propósitos estratégicos, su capacidad de incidencia en el interior de EU y la percepción de peligrosidad. A ello se suma el compromiso adquirido por la administración norteamericana de respetar el tratamiento político que decidió el presidente Pastrana frente a las organizaciones insurgentes desde agosto de 1998, como parte de su estrategia de paz.

Sin embargo para este sector, esta caracterización y tratamiento diferenciado de las organizaciones armadas colombianas, no es inmodificable. Dependerá de su comportamiento, el que reciban un trato que pueda acercarse o distanciarse de la condición de GTAI.

Un segundo sector, muy influenciado por el Departamento de Defensa y por la Embajada de EU en Colombia, señala de manera indiferenciada la connotación terrorista de los grupos colombianos. Así mismo se hace énfasis en el hecho de que el narcotráfico es la base de financiación de estos grupos y como tal se debe continuar la estrategia antinarcóticos en donde, “ la piedra angular del Plan Colombia es la erradicación de cultivos ilícitos...”.[7] En ese sentido se reafirma una doble justificación de la política antinarcóticos: como estrategia de reducción de la oferta y como combate a una de las bases de financiación de los grupos calificados como terroristas.

El nuevo escenario ha permitido desvelar la naturaleza de la ayuda aprobada por EU en el 2000, dando la razón a quienes señalaron el carácter contrainsurgente de la ayuda antidrogas. En palabras de la Embajadora Patterson “el Plan Colombia sigue siendo la estrategia antiterrorista más efectiva que podríamos diseñar”.[8]

Adicionalmente, en los nuevos anuncios sobre el diseño de una nueva estrategia antiterrorista como parte de la agenda bilateral con Colombia, la Embajada norteamericana anuncia los temas prioritarios:

1. Mejoramiento de la capacidad de ejecución de la ley del gobierno colombiano. En este ítem se sitúa como tema prioritario la lucha contra el secuestro, a través del fortalecimiento de unidades especializadas que recibirán mejor entrenamiento, equipo y fortalecimiento del trabajo de inteligencia.

2. Un trabajo dirigido a fortalecer la capacidad de la Policía, las FFAA y la Fiscalía en áreas como detección de explosivos, recolección de inteligencia y capacidad de investigación antiterrorista.

3. Mejora de la protección de la infraestructura vial.

Los reparos por parte de la Embajada de EU en Colombia a la situación de la zona de distensión como prolongación de las críticas reiteradas de Randy Beers al proceso del Caguán, complementan la interpretación que se ha venido haciendo de las FARC como grupo narcotraficante, sobre el cual pesan serias dudas en cuanto a su perfil político.

“ Mi gobierno también está bastante preocupado por el uso de la zona de distensión como base para actos terroristas. La presencia de extranjeros con vínculos a varios grupos terroristas es especialmente preocupante. Por esa razón aplaudimos y apoyamos al presidente Pastrana por la ejecución de mejores controles en la zona de despeje...Estados Unidos tiene que hacer más por combatir el terrorismo en Colombia”[9]

¿Hasta donde puede ir la definición del nuevo peligro alrededor del cual se van a reestructurar los cambios? Mas que unas definiciones claras sobre el fenómeno, la opción que se tiene a la mano es la calificación ya existente de decenas de organizaciones en el  nivel mundial como “grupos terroristas”.

Las ya señaladas sospechas sobre las actividades del IRA en la zona de despeje del proceso de paz colombiano, reafirman la connotación global del fenómeno y pueden llevar a señalamientos como sistema de esos nexos - usando la terminología de H. Kissinger - y por tanto, desarrollando acciones dirigidas a destruirlos.

Las fuerzas políticas proclives a una solución de fuerza en Colombia y sectores de los organismos de seguridad del Estado, captaron rápidamente la trascendencia de los cambios de percepción en el nivel global y buscan en este momento capitalizar  el nuevo movimiento antiterrorista, para fortalecer eventuales alianzas internacionales contra los grupos insurgentes que ya cuentan con aquella calificación legitimada por el Departamento de Estado.

En efecto, el 16 de septiembre apareció una página completa en el periódico El Tiempo en donde se plasman ocho fotografías de pueblos destruidos en Colombia por la acción de las Farc y en el centro de las ocho imágenes se introdujo una foto de la destrucción de las torres gemelas de Nueva York. [10]

Las circunstancias esbozadas colocan en primera línea la suerte de la zona de despeje como hecho de corto plazo y en el mediano, el mismo proceso de paz. Los niveles de deterioro de la legitimidad del proceso son preocupantes. En relación con el ELN pareciera apostarle su continuidad al próximo período presidencial. En el caso de las Farc, se entra en una situación caracterizada por el creciente aval a definiciones de fuerza respaldadas por gremios económicos y organismos de seguridad. Así mismo, son cada vez más proclives a este trato amplios sectores del Congreso de la República, el cual se ha visto afectado por la ola de secuestros de varios de sus integrantes. Adicionalmente son crecientes las reticencias del conjunto de los candidatos electorales “a seguir las cosas como van”, con excepción de las fuerzas de izquierda democrática.

El nuevo escenario internacional representa un empuje a esta postura de cambio frente al proceso colombiano, en el cual se vislumbran nuevas situaciones que se acercan a las recomendaciones de la Rand Corporation en el sentido de asumir decisiones claras de apoyo a las fuerzas armadas, no mediadas por la lucha antidrogas, sino por el peligro que puede representar la ampliación regional del conflicto armado colombiano.

Las recomendaciones de este Think Tank se ven fortalecidas por el giro en materia de seguridad del ámbito global sin que ello signifique bajar la guardia en las justificaciones para el combate antidrogas. El ambiente en el Congreso de los EU favorecerá ampliamente un tratamiento de menos negociación y más uso de la fuerza del caso colombiano. Sin duda, Colombia tipifica las dos situaciones más sensibles del actual contexto global: Drogas y Terrorismo, los cuales poseen connotaciones de red internacional por la serie de contactos y relaciones que se vienen denunciando.

Efectos del nuevo contexto

Uno de los primeros resultados de la intersección entre el nuevo paradigma internacional y la crisis del proceso de paz colombiano[11] fue el establecimiento de medidas de control, incluyendo sobrevuelos en la zona de las conversaciones. Los dispositivos de seguridad del gobierno fueron argumentados por las Farc como expresión de la pérdida de condiciones de confianza hasta el punto de expresar la  inutilidad del mismo “despeje”. Así lo hizo saber la cúpula de las farc el 8 de noviembre a través de un comunicado que culminó ofreciendo un mecanismo para formalizar la devolución de las cabeceras municipales de la zona de distensión.

El documento refleja muy bien el nivel de la crisis del proceso. De alguna manera expresó el resultado de una reflexion muy a fondo que venian desarrollando los bloques Sur y Oriental sobre la situación de la paz. Los argumentos de las farc descansan prioritariamente en el rechazo a los controles alrededor de la zona de distensión, que en su modo de ver y teniendo en cuenta el récord en materia de violaciones de ddhh y al DIH de los organismos de seguridad del Estado, los niveles de degradación de la guerra y la ausencia de una política contra el paramilitarismo, llevan necesariamente a una situación muy cercana a la ruptura.

En la perspectiva de quienes están a favor de la confrontación abierta, se trata de llevar el proceso a unos niveles de polarización tales, que pueden producir una ganancia estratégica con un eventual apoyo internacional que permita revertir la correlación de fuerzas que favorecía a las Farc en el momento en que se inicia el proceso. Las Farc por su parte han dado, con sus prácticas, una base para legitimar los argumentos a favor de esta estrategia. En ese sentido se observan las consecuencias de los secuestros sistemáticos a ciudadanos de Alemania, Japón y México y que han llevado prácticamente a unos niveles inéditos de aislamiento internacional del grupo armado.

A esta situación se suma el pronunciamiento del embajador de Gran Bretaña en Colombia en el sentido de señalar la condición terrorista de las guerrillas colombianas, afirmando el compromiso de su gobierno en la incautación de recursos de las guerrillas en el sistema financiero de Reino Unido, hecho político diplomático que tampoco tiene antecedentes en Colombia.

Complementariamente, la ilegitimidad con que es percibido el proceso de paz de Pastrana, ha generado un consenso dentro de un amplio sector del partido liberal el cual busca evitar el “ endoso” de dicho proceso, para la nueva eventual administración de este partido.

Implicaciones para la sociedad civil   

Una de las consecuencias más graves del nuevo escenario es el agravamiento de la crisis humanitaria en Colombia. En la medida en que la estrategia consiste en llevar el asunto a tales niveles de polarización que obliguen a respuestas muy duras de las Farc

( seguramente utilizando métodos que serán calificados como terroristas) y con eso ayudar a ganar un mejor espacio político en el frente internacional, el costo sobre la población civil se incrementará. Así mismo la polarización ayudará a ocultar la gran responsabilidad de los organismos de seguridad, frente a las gravísimas violaciones a los derechos humanos y en las prácticas deslegitimadoras del Estado de Derecho. 

Los pronunciamientos hechos por el Ministerio de Justicia de Colombia y la Fiscalía General de la República frente a las graves acusaciones expresadas por la Delegada de Naciones Unidas para los derechos Humanos, son una muestra patética de los niveles de responsabilidad de las autoridades estatales en la crisis humanitaria y el desdén por preservar el Estado de Derecho en Colombia.[12] En este nuevo escenario es previsible el cierre de las compuertas y los manejos por fuera del cumplimiento de la ley ante eventuales demandas de responsabilidad estatal, que necesariamente surgirán en el contexto de la confrontación total.

Paradójicamente, la nueva estrategia antiterrorista así como lo fue el componente antidrogas del Plan Colombia, no van a significar golpes al narcotráfico sino todo lo contrario. Los énfasis compulsivos en la erradicación de cultivos ilícitos y el señalamiento de las guerrillas como narcoterroristas, son dos argumentos ideales para que los narcotraficantes, sobre todo quienes ya han legalizado sus capitales en Colombia y en diferentes lugares del mundo, sigan disfrutanto de sus recursos acumulados. Bajo la sombrilla espectacular de las fumigaciones de cultivos ilícitos y la lucha por la libertad contra los grupos terroristas, se ocultan una vez más, unos de los grandes ganadores en el modelo privatizado contrainsurgente colombiano.[13]

Una de las consecuencias más importantes frente a la comunidad internacional, son las  señales en el sentido de que la crisis del proceso de paz en Colombia hoy, es más el agotamiento de un modelo bilateral que sobrestimó la capacidad de representación tanto del Estado como de la Guerrilla. Ninguno de los dos  representan los múltiples y complejos intereses en el interior de la sociedad colombiana. Sólo la creación de nuevos espacios políticos y formas de representación – distintas a los partidos tradicionales – que expresen de manera renovada a los sectores de la sociedad que quieren una solución política al conflicto, podría salvar la estabilidad de los pocos espacios democráticos que ha logrado la sociedad en Colombia. También desde allí será posible construir un futuro menos azaroso al que ofrecen las fuerzas favorables a la guerra. La comunidad internacional debe entender esto, para saber hacia donde dirigir los esfuerzos de cooperación y ayuda en Colombia.