Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derchos Humanos, 17 de diciembre del 2001

Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derchos Humanos, 17 de diciembre del 2001
COMUNICADO DE PRENSA

N° 33/01

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CULMINA VISITA A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

1. En el día de la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó su visita in loco a la República de Colombia. La visita -realizada por invitación del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana-se extendió del 7 al 13 de diciembre de 2001 y tuvo por objeto observar la situación de los derechos humanos en dicho país.

2. La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio y cuyas atribuciones se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA, instrumentos ratificados por la República de Colombia. La Comisión está compuesta de siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA. La Delegación de la CIDH para ésta, su cuarta visita a Colombia, estuvo integrada por su Presidente, Decano Claudio Grossman; su Primer Vicepresidente, doctor Juan E. Méndez; su Segunda Vicepresidenta, la licenciada Marta Altolaguirre; y los demás miembros de la Comisión, Profesor Robert K. Goldman, Profesor Hélio Bicudo, doctor Peter Laurie, y doctor Julio Prado Vallejo. Participaron en la visita el Secretario Ejecutivo y Relator para la Libertad de Expresión, Embajador Santiago A. Canton y los abogados Verónica Gómez, Mario López e Ignacio Alvarez, con el apoyo administrativo de las señoras Gabriela Hageman, Gloria Hansen y Gloria Molina. La delegación de la CIDH estuvo también acompañada por la abogada Débora Benchoam y la señorita Victoria Amato, funcionarias de la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en las Américas.

3. Durante su visita la CIDH se entrevistó con autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo al Presidente de la Nación, Andrés Pastrana Arango.* También se entrevistó con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos,** representantes eclesiásticos, dirigentes políticos, periodistas y representantes de medios de comunicación social, representantes de asociaciones campesinas, étnicas y de mujeres, sindicalistas y otros representantes de la sociedad civil a nivel nacional y local. La CIDH mantuvo contacto con organismos internacionales tales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, recibió información y testimonios sobre la situación en todas las regiones del país, en especial las de Cundinamarca, Antioquia, Magdalena Medio, Arauca, Valle, Cauca, Putumayo, Nariño, Tolima y Catatumbo. El pleno de la Comisión se reunió con los candidatos presidenciales Luis Eduardo Garzón, Horacio Serpa Uribe y Alvaro Uribe Vélez. Al final se adjunta una lista completa de las reuniones mantenidas por la Comisión.

4. La CIDH desea resaltar la disposición favorable del Gobierno del Presidente Pastrana hacia la Comisión, que en muchos casos ha contribuido a salvar vidas y promovido la legitimidad de los valores del Estado de Derecho. Concretamente, esa disposición se ha reflejado en programas de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas y en el impulso de esfuerzos en materia de administración de justicia.

5. En el marco de la colaboración existente con el Gobierno y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, la Comisión, en base a las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace de público conocimiento sus observaciones preliminares sobre las impresiones recogidas antes y durante la presente visita. Las conclusiones y recomendaciones finales serán plasmadas en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el cual será puesto a consideración del Estado colombiano y hecho público en los primeros meses del año 2002.

6. Para hacer un análisis adecuado de la presente situación en Colombia, debe necesariamente tenerse en cuenta la dinámica del conflicto armado y el fenómeno de la violencia generalizada, en un contexto donde -por diversas razones- la presencia del Estado es débil, e incluso inexistente, en ciertas áreas del territorio nacional. La Comisión nota que este panorama se ha complicado aun más debido a los fuertes vínculos entre actores armados y narcotráfico.

7. La CIDH reconoce los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad colombiana por instaurar un proceso de paz. La amplia experiencia de la Comisión en el hemisferio indica que los procesos de paz contribuyen significativamente a la reducción de las violaciones de derechos humanos. La CIDH apoya los esfuerzos para lograr la paz en Colombia. Sin embargo, no puede sino expresar decepción ante la lentitud de los avances registrados en un proceso iniciado hace ya más de tres años. La Comisión reitera su disposición a contribuir al logro de la paz en el marco de sus atribuciones y su anhelo de que el pueblo colombiano pueda en el futuro gozar de paz, seguridad y justicia. Por último, la CIDH desea subrayar la trascendencia de las recomendaciones que la "Comisión de Personalidades" formulara a la Mesa de Diálogo y Negociación para el Proceso de Paz como un instrumento fundamental para promover el diálogo y la solución del conflicto que aqueja al pueblo colombiano.

8. La CIDH recibió información y observó la situación de la población civil que es víctima de la violencia generada por los actores del conflicto armado interno en Colombia. La Comisión recibió testimonios de comunidades y personas desplazadas de la mayor parte de los departamentos del país que retratan repudiables actos de violencia destinados a aterrorizar a la población civil. Estos actos, que se traducen en masacres, ejecuciones, mutilaciones, secuestros y amenazas, tienen como destinatarios a hombres y mujeres del campo, líderes sociales y políticos, sindicalistas, educadores, defensores de derechos humanos y periodistas; y golpean en forma dramática a los sectores más vulnerables de la población, entre quienes se destacan las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, las mujeres y los niños. Como consecuencia de estas acciones, poblaciones enteras en varias regiones del país se sienten desamparadas en vista del incumplimiento o imposibilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos de la violencia.

9. La CIDH observa que parte importante de los actos de violencia contra la población civil son atribuibles a los grupos armados disidentes. Entre ellos se cuentan masacres, ejecuciones sumarias indiscriminadas y selectivas, toma de rehenes, secuestros extorsivos, uso indiscriminado de minas antipersonales, y reclutamiento de niños y niñas menores de edad. Tras casi 40 años de actuación violenta, estos grupos armados (entre otros FARC y ELN) han causado un costo irrecuperable de numerosas vidas humanas y han perjudicado considerablemente el desarrollo social, económico y político de la sociedad colombiana. La participación pacífica en la vida política del país, a través de sus instituciones democráticas, es el único mecanismo que puede permitir el desarrollo pacífico, equitativo, y sustentable de la sociedad colombiana. La Comisión condena las graves violaciones del derecho internacional humanitario llevadas a cabo por los grupos armados disidentes en Colombia, incluyendo el secuestro como medio habitual de intimidación con fines económicos o de otro tipo.

10. La Comisión expresa su seria preocupación por la violencia paramilitar que se refleja en la comisión de masacres, asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamientos masivos por motivos militares, económicos o de limpieza social. El desarrollo del paramilitarismo en Colombia es un hecho cuya gravedad no puede ser suficientemente destacada. En efecto, ha introducido en el conflicto y la sociedad un elemento que recurre al exterminio de sus opositores como forma válida de hacer política. Además, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre la vinculación del paramilitarismo con actividades de carácter criminal. La CIDH nota con preocupación que este fenómeno está adquiriendo mayor aceptación social en Colombia. El incremento del apoyo social al paramilitarismo requiere la acción firme y decidida de los sectores democráticos para poner fin a este flagelo.

11. La Comisión ha notado que el Gobierno ha adoptado ciertas medidas hacia los grupos paramilitares que han resultado en capturas y la judicialización de procesos contra algunos de sus integrantes. Sin embargo, numerosos testimonios recogidos por la CIDH indican, por un lado, que el fenómeno paramilitar continúa creciendo; y por otro que subsisten indicios de gravísimas formas de cooperación con estos grupos por parte de agentes estatales. Constatamos especialmente la fragilidad de los procesos de investigación que se refieren a estos vínculos ilícitos entre paramilitares y agentes de las fuerzas de seguridad. La Comisión valora el llamado del Presidente Pastrana a los uniformados a "escoger entre el uniforme de la patria y el uniforme de la infamia" y espera que se le dé estricto cumplimiento.

12. La Comisión recibió información sobre cientos de miles de personas desplazadas como resultado de la violencia patrocinada por los grupos armados. Estos gravísimos hechos fuerzan a numerosas personas y familias -en muchos casos lideradas por mujeres- a desplazarse por el territorio nacional, y hacia las principales ciudades, en donde se suman a los afectados por los altos niveles de desempleo existentes. La CIDH reconoce y valora los esfuerzos del Estado por aliviar las consecuencias de este fenómeno mediante la acción de instancias tales como la Red de Solidaridad Social. Sin embargo, los testimonios recogidos durante la visita demuestran la insuficiencia e ineficiencia de los mecanismos vigentes para aliviar tanto las consecuencias directas del abandono del lugar de origen, como el profundo desarraigo que sufren las víctimas y el impacto en sus hijos menores que -en gran número- ven truncada su educación y sus posibilidades futuras de desarrollo. La situación es de particular gravedad con relación a los grupos especialmente vulnerables, tales como las comunidades indígenas y afrocolombianas, que se ven forzadas a abandonar su territorio ancestral. La CIDH también corroboró la existencia de desplazamientos selectivos que afectan principalmente a educadores y sindicalistas amenazados de muerte, quienes se ven obligados a trasladarse hacia otras regiones sin recibir asistencia estatal para compensar la pérdida de empleo o continuar con su proyecto de vida.

13. La CIDH ha constatado que los grupos armados disidentes incorporan en sus filas a menores de 18 años. Por su parte, hay casos en que fuerzas de seguridad los utilizan en servicios auxiliares, lo cual podría llevar a abusos y a la posible participación de los menores en la lucha armada.

14. La Comisión considera que la impunidad existente sobre las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario contribuye significativamente a la perpetuación de la violencia. La investigación, juzgamiento y sanción de los culpables es un instrumento clave en la erradicación de la violencia. La CIDH apoya la labor de los funcionarios de los órganos de garantía, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Derechos Humanos donde se encuentran radicados un número considerable de procesos sobre graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión expresó su preocupación por la falta de judicialización de numerosos actos de violencia que han afectado a la población civil, así como por el lento avance o el estancamiento de las investigaciones. Si bien existen estadísticas sobre casos donde se ha vinculado o dictado medidas de aseguramiento contra miembros de grupos al margen de la ley, en muchos casos no se han hecho efectivas las capturas correspondientes. En este sentido, la Comisión se ve sorprendida por la holgura con la cual autores confesos de graves crímenes de lesa humanidad, con órdenes de captura pendientes de cumplimiento, se desplazan por el territorio nacional y se sienten incluso con la libertad de conceder entrevistas en medios masivos de comunicación.

15. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la CIDH y otros organismos intergubernamentales, han sido categóricos en su apoyo a la labor de las personas, grupos y organizaciones dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos y ven con gravísima preocupación las amenazas, los señalamientos en los medios de comunicación, los actos de hostigamiento, atentados, asesinatos y desapariciones perpetrados contra los defensores de derechos humanos en Colombia. La Comisión considera que los ataques a los defensores de derechos humanos tienen un grave efecto multiplicador sobre las violaciones a los derechos humanos de toda la población. En lo que va del año 2001 han sido asesinados trece defensores de derechos humanos. Cuando se silencia la voz de los que denuncian los asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones, la sociedad entera se perjudica por el ambiente de violencia e impunidad que encuentra en el silencio a su mayor cómplice. La Comisión resaltó que su preocupación por los defensores de derechos humanos se ve reflejada en los numerosos procedimientos de medidas cautelares por ella abiertos con el fin de proteger y dar seguimiento a la situación de ciertos defensores y organizaciones, así como en su visita a la ciudad de Barrancabermeja donde la delegación hizo presencia en las sedes de la Organización Femenina Popular y CREDHOS.

16. La Comisión expresa su preocupación por los términos de la Ley 648 sobre defensa y seguridad nacional, recientemente aprobada por el Congreso de la República en relación con las obligaciones asumidas bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH observa que, de ser puesta en práctica, esta norma socavará el principio de la independencia judicial y la división de poderes y sancionará la primacía de la autoridad militar sobre la autoridad civil. La Comisión resalta su convicción de que los Estados tienen el derecho y el deber de adoptar las medidas necesarias para combatir a los agentes generadores de violencia que amenazan a su población. Dicho fortalecimiento debe enmarcarse en el Estado de Derecho y en los parámetros establecidos en la Convención Americana, marcos adecuados para obtener la seguridad a la que legítimamente aspira la población. La CIDH considera que la aplicación de normas imbuidas de la doctrina de la seguridad nacional resulta incompatible con dicho marco.

17. La libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento democrático y la conquista de la paz. Es sumamente preocupante la información recibida sobre asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas. La Comisión recibió información sobre la existencia de una estrategia por parte de los grupos armados, en particular de los paramilitares, orientadas a silenciar a los periodistas de investigación por medio del asesinato, la intimidación o el desplazamiento forzado. Colombia es el país de la región con mayor cantidad de periodistas asesinados, en los últimos años, en el ejercicio de sus funciones y la impunidad de estos crímenes contribuye a la perpetuación de la violencia. En el mismo sentido, la Comisión expresa su preocupación por la grave situación de los educadores, los miembros de la comunidad universitaria y los sindicalistas. La Comisión ha recibido asimismo múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará en la forma de atentados contra la vida y la integridad personal de las mujeres.

18. La CIDH tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo con el fin de corroborar el cumplimiento con medidas de protección por ella oportunamente dictadas. Las amenazas proferidas por internos paramilitares contra los llamados presos políticos en dicho centro penitenciario se materializaron en un ataque que tuvo lugar en julio pasado con un alto saldo de muertos y heridos, a pesar de la vigencia de las medidas cautelares de la CIDH. La Comisión valora el nombramiento de un nuevo director y espera que se le otorguen los medios adecuados para el cumplimiento de sus funciones. En su visita al penal, la CIDH pudo constatar que no se ha dado pleno cumplimiento a las medidas cautelares. El Gobierno se comprometió a dar comienzo a la construcción de un separador antes del 31 diciembre de 2001 con el fin de evitar nuevos actos de violencia. La Comisión seguirá observando de cerca las condiciones de seguridad en la cárcel y el cumplimiento con las medidas cautelares. Por último, la Comisión pudo constatar que los presos comunes viven en promiscuidad total y fuera de los estándares internacionales. Un gran número de detenidos se alojan en los corredores y túneles de ciertos sectores del presidio.

19. En los próximos meses, los ciudadanos colombianos demostrarán su voluntad democrática concurriendo a las urnas para elegir a sus futuros dirigentes. La CIDH espera que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente pacífico y de intercambio de ideas entre los líderes políticos y el pueblo colombiano con pleno respeto a sus distintas opiniones. La CIDH prestará especial atención a las denuncias de intimidación contra los candidatos, y sus partidarios, así como contra los votantes. Los candidatos presidenciales reflejan un amplio espectro de las opiniones políticas existentes en Colombia. Para la democracia colombiana es fundamental que se proteja efectivamente a quienes participan en el sistema político democrático, dando pleno cumplimiento al derecho a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana.

20. Como comentario final y en virtud del análisis anterior, la Comisión considera que el respeto de los derechos humanos fundamentales se ve gravemente afectado en Colombia. Asimismo nota que, a pesar de los esfuerzos realizados dentro y fuera del Gobierno, se ha registrado un deterioro progresivo de la situación desde su visita anterior, en diciembre de 1997, y este deterioro está relacionado en parte con la falta de pleno cumplimiento con las recomendaciones formuladas por la CIDH en dicha ocasión. La Comisión desea enfatizar que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han sido y continúan siendo cometidas por los distintos actores en el conflicto armado constituyen crímenes de jurisdicción internacional que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía.

21. La Comisión agradece la cooperación y las facilidades provistas por el Gobierno del Presidente Pastrana, otras autoridades del Estado y las organizaciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil en la preparación y realización de esta visita.

Santafé de Bogotá, 13 de diciembre de 2001

* En la ciudad de Bogotá la Comisión se reunió con el señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto; el Ministro de Defensa y Vicepresidente, doctor Gustavo Bell Lemus, el Ministro del Interior, doctor Arnoldo Estrada Villa; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Angelino Garzón; el Alto Comisionado para la Paz, doctor Camilo Gómez, y el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, doctor Reinaldo Botero. Asimismo, la CIDH se reunió con el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, doctor Edgardo Maya; el Defensor del Pueblo, doctor Eduardo Cifuentes; con magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura; y con las Comisiones Primeras Constitucionales del Senado y la Cámara Baja. La CIDH también se reunió con el Comandante de las Fuerzas Militares, de las tres armas; el Director de la Policía Nacional; y otros oficiales de dichas fuerzas de seguridad; el Inspector General de la Policía, el Coordinador y los Magistrados del Tribunal Superior Militar, y el Director de la Cárcel Modelo. La delegación de la CIDH que visitó la ciudad de Medellín se reunió con el Gobernador de Antioquia, con funcionarios de la Fiscalía Especializada que opera desde esa ciudad, así como con el Comandante de la Policía local y de la Cuarta Brigada del Ejército. En la ciudad de Barrancabermeja, la Comisión se reunió con el Comandante de Policía local y con el Comandante de la Quinta Brigada del Ejército, entre otros oficiales de alto rango.

** Asimismo en Bogotá la CIDH se reunió con la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente, la Corporación Sembrar, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, , MINGA, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Comité de Derechos Humanos de Caldas, NOMADESC, SEMBRAR, REINICIAR, ASPU, Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, CUT, CGTD, ASONAL, CTC, USO, CODEES, CNC, Coordinadora Agraria, Coordinadora Nacional de Desplazados, ANDESCOL, Comité Regional de Indígenas de Caldas, CRIDEC, ONIC, AFRODES, Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), Región de Catatumbo, Cauca, Costa Atlántica, Movimiento Popular Multiétnico, Región Nariño-Putumayo, ASOPEMA, Representantes de comunidades Coyaima, Natagaima, Ortega, Fundación País Libre. En Medellín la CIDH se reunió con el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Instituto Popular de Capacitación (IPC), CODESEL, ASFADDES, Corporación Jurídica Libertad, Organización Indígena de Antioquia (OIA), Corporación Región, Escuela Nacional Sindical, Asociación de Maestros, Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Vamos Mujer, Ruta Pacífica, Mujeres que Crean. En Barrancabermeja la CIDH se reunió con OFP, CREDHOS, Mesa de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz. Asimismo la Comisión se reunió con numerosas personas que presentaron información o brindaron sus puntos de vista con relación a la situación de los derechos humanos en Colombia.