Oración del Manuel "Tirofijo" Marulanda al inicio de los diálogos de paz, 7 de enero de 1999

Oración del Manuel "Tirofijo" Marulanda al inicio de los diálogos de paz, 7 de enero de 1999

"Queremos una paz, sin hambre y sin represión"

El siguiente es el discurso del máximo comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, que fue leído ayer durante la instalación de las mesas de diálogo en San Vicente del Caguán por el vocero de esa organización guerrillera, Joaquín Gómez:

"Reciban de las Farc-Ep un cordial saludo de bienvenida y al mismo tiempo nuestro agradecimiento por honrarnos con su presencia en este trascendental acto público que hoy nos congrega aquí en la plaza de San Vicente del Caguán.

"Por primera vez en 34 años de confrontación armada, declarada por el Estado en 1964 a 48 hombres, con asesoría militar y ayuda económica del gobierno de Estados Unidos, que le entregó $500 millones al presidente de ese entonces, Guillermo León Valencia, para acabar con las supuestas "repúblicas independientes", que existían tan sólo en la mente del Parlamento, en cabeza del doctor Álvaro Gómez, que en paz descanse; quien promovió un fogoso debate en el Congreso contra éstas para justificar la represión, mientras no lo hizo con la real república independiente situada en Lomalinda (Meta), santuario estadounidense, donde permanecía un gran número de ciudadanos de ese país, armados y sin ningún control estatal, y a cuyo campamento no podían entrar ni los generales colombianos.

Motivado por el doctor Gómez, el Congreso facultó al presidente y a los altos mandos militares para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y del general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del Parlamento.

Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la política bipartidista del Frente Nacional.

De paso, le cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vía de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así "lo consagraba la Constitución".

Los préstamos e imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hoy día instrumento de la política injerencista, aumentaron el descontento popular, y el abismo entre ricos y pobres sobrepasó los límites, sin solución a corto plazo. Mientras tanto, aumentaba el presupuesto para la guerra y se creaban los primeros batallones de contraguerrilla por mandato del Parlamento, reduciendo, gracias a esta medida, la inversión social destinada a mejorar el bienestar de la población.

Las manifestaciones, los movimientos cívicos y los paros laborales y estudiantiles fueron declarados ilegales y sus líderes detenidos. Algunos de ellos fueron posteriormente asesinados por agentes de la inteligencia del Estado.

La instalación de mesas de diálogos por 90 días a partir del despeje militar ha despertado gran expectativa en todo el país y el mundo, para buscar una salida con justicia social y soberanía al conflicto social y armado que está desangrando al país desde hace más de cuatro décadas. Las Farc, en su condición de movimiento revolucionario en lucha por los cambios, pondrá sobre la mesa la plataforma de los diez puntos para el estudio y análisis de los tres poderes, los partidos políticos, intelectuales, industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes, profesores, estudiantes, clase obrera, campesinado, juntas comunales, desempleados, desplazados por la violencia, la insurgencia y otras organizaciones, para el debate fundamental sobre la política y la transformación radical de las viejas estructuras del Estado, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que tenga la representación directa de los distintos estamentos de la sociedad colombiana. Para que sea ella la que apruebe, o desapruebe, los acuerdos de Estado-insurgencia, para que la paz alcanzada sea duradera.

Por ello, los representantes de las Farc-Ep están dispuestos a escuchar y a ser escuchados. Las Farc informarán a la opinión pública acerca de los resultados de las deliberaciones Gobierno-insurgencia durante los tres meses.

Somos optimistas respecto al nuevo proceso que hoy comienza, donde analizaremos en profundidad la situación política, económica, social, cultural, ecológica y de soberanía, hasta encontrar las soluciones de fondo. Para que fructifique sugerimos a las distintas organizaciones no gubernamentales acertar en la escogencia de sus representantes, a través de asambleas populares, para que hagan parte de la mesa de diálogo y así evitar los errores del pasado con anteriores gobiernos que no permitieron la participación del pueblo y dejaron toda la responsabilidad en los tres poderes, para que analizaran y aprobaran las reformas solicitadas por las Farc en los acuerdos de La Uribe.

Esperamos ocho años para conocer los resultados, incluida la indemnización de quienes perdieron todo en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Valle y Caldas.

Los tres poderes nunca hicieron nada para materializar los acuerdos y menos aún para aclimatar la paz. En cambio, se enfrascaron en constantes debates partidistas a favor de sus intereses personales, dando tiempo de manera premeditada al desgaste político de las Farc, para someternos a la política oficial sin condiciones y por la fuerza, como lo intentaron sin resultado alguno.

En diciembre de 1990, con el ataque a Casa Verde mediante bombardeos, ametrallamientos y desembarcos, el señor César Gaviria aniquila toda posibilidad de diálogos encaminados a montar la paz. Con esta nueva agresión el Ejército oficial se apodera de 300 mulas, 70 caballos de silla, 1.500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de corral, 50 toneladas de comida, destruye puentes de la comunidad, arrasa con las sementeras y quema casas para demostrar el poderío del Estado a través de la Fuerza Pública.

De la misma manera procedieron en 1965 en las regiones de El Pato (Caquetá), Guayabero (Meta), y Riochiquito (Cauca).

Hoy la lucha contra el narcotráfico viene siendo otro caballito de batalla utilizado por algunos gobiernos para ocultar sus verdaderos fines de acción contra la insurgencia, para impedir que se hagan los cambios que están reclamando las mayorías, donde los gobernantes estadounidenses invierten grandes sumas de dinero haciendo víctima a la población civil por intermedio de la Fuerza Pública colombiana con bombardeos, ametrallamientos y fumigaciones indiscriminadas, acabando con pastos, sementeras y aves de corral, dejando una buena parte de la tierra estéril en desmedro de miles de familias agobiadas por la pobreza y sin ninguna protección de parte de los poderes del Estado.

Es necesario que los poderes elaboren planes de erradicación de los cultivos de coca y amapola, partiendo de que el problema de la siembra de cultivos ilícitos por el campesinado colombiano, obedece a profundas raíces económico-sociales y, por lo tanto, su tratamiento no puede ser represivo.

Consideramos que es necesario, para ambientar el proceso de paz que hoy se inicia, que nuestros adversarios terminen con el lenguaje calumnioso de narcoguerrilleros, bandidos, terroristas, narcobandoleros, etcétera, porque la confrontación no se gana con sandeces, sino haciendo una sociedad más justa y terminando con las causas objetivas de la violencia.

El ex presidente César Gaviria, en calidad de ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, confirmó en un debate en el Senado la existencia de 150 grupos de paramilitares en el Magdalena Medio, Huila, Urabá y en otros departamentos asesorados por los mandos militares y financiados por narcotraficantes, sin que el Gobierno central tomara ningún tipo de correctivo. El paramilitarismo, como modalidad del terrorismo de Estado, es financiado por un considerable número de ganaderos, latifundistas e industriales, y tiene como política exonerar al Ejército por la responsabilidad que a éste le compete en la eliminación física de todos aquellos opositores al establecimiento, a cuya cabeza figura Carlos Castaño. Estos señores, por ser hijos legítimos del Estado y defensores del mismo, no pueden recibir tratamiento político, como lo pretenden algunos líderes políticos, haciendo creer a la opinión pública que el enfrentamiento es entre guerrilla y paramilitares, y no entre guerrilla y Ejército oficial.

Ellos, al igual que altos mandos militares, deben responder por los crímenes de Estado cometidos contra la población civil, como el genocidio cometido contra la Unión Patriótica, al igual que por la muerte de comunistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, el caso de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y el dirigente obrero Jorge Ortega. Estos grupos, como han sido creados por el Estado, tienen que ser sometidos por el mismo Estado a la justicia ordinaria, para satisfacer el clamor nacional e internacional, antes de que la emprendan contra el mismo establecimiento con cualquier pretexto para conseguir status político. Hay que evitar que los crímenes cometidos por estos grupos queden impunes y que la violación de los derechos humanos sea aún mayor, hasta poner en grave riesgo los diálogos por las continuas matanzas de inocentes, dejando más de un millón de campesinos desplazados y sin tierra, de la cual se han apropiado los paramilitares.

En 1984, a los acuerdos de La Uribe cada sector social le dio su interpretación de acuerdo con sus particulares intereses de clase. Durante el proceso adelantado por el ex presidente Belisario Betancur, a pesar de existir un acuerdo de cese al fuego aprobado por ambas partes, las Fuerzas Armadas fueron reiterativas en su violación. El caso más sobresaliente fue el de Urabá (Antioquia), cuando el Ejército asesinó a 25 guerrilleros. Cuando exigimos claridad del por qué la Fuerza Pública, violando acuerdos, había cometido esa matanza, que no era cosa distinta que un saboteo al proceso de paz, la respuesta que fríamente dieron los representantes del gobierno fue que la Constitución y las leyes facultaban al Ejército oficial para poner a buen recaudo a quienes sin pertenecer a la autoridad legítimamente constituida portaban armas privativas de las Fuerzas Militares.

Esto, como es lógico, causó disgusto entre los guerrilleros y como respuesta solidaria atacaron una unidad militar en Caquetá, entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, causando aproximadamente el mismo número de muertos y heridos. En seguida el Gobierno central y la clase política del país pusieron el grito en el cielo y condenaron el hecho por "apuntar contra la paz". El primer suceso para ellos no tuvo mayor importancia, porque las víctimas fueron guerrilleros y los victimarios una institución del Estado. Pero el segundo sí, por ser una acción realizada por la guerrilla contra el Ejército oficial. En este mismo proceso, la Brigada XX, en coordinación con el general Maza Márquez nos desaparecieron varios guerrilleros sin contar cuatro que fueron eliminados en pleno centro de Bogotá. Y hubo otra serie de provocaciones contra distintos frentes de las Farc, que nos causaron distintos muertos y daños de todo tipo. Es indudable que con esta concesión del Estado y con el comportamiento de las fuerzas estatales durante los intentos de paz con gobiernos anteriores, se ha sembrado la desconfianza de nuestros combatientes, quienes han visto caer abatidos por balas oficiales hasta a los mismos reinsertados.

Esto se ha dado desde los mismos inicios de la lucha insurgente en Colombia. Durante los acuerdos de La Uribe los mandos militares idearon y ejecutaron un plan de infiltración al interior de nuestro movimiento con agentes del Estado, para asesinar a comandantes, guerrilleros y auxiliadores nuestros en las áreas de orden público, causándonos pérdidas tanto humanas como económicas. En este proceso, durante el gobierno de Belisario Betancur, también murieron a manos de la Fuerza Pública centenares de ciudadanos del barrio Siloé, en Cali; ocurrió la violenta represión contra los trabajadores bananeros en Urabá y posteriormente el asalto al Palacio de Justicia, donde un poder mató al otro para vergüenza de la democracia.

A pesar de la gravedad de todos estos hechos, la clase política, valiéndose de la manipulación de los medios de comunicación, ha querido sembrar de manera artificial amnesia parcial en la mente de los colombianos, para que olviden estos hechos, que permanecerán latentes en la memoria histórica de nuestro pueblo.

A cuatro meses de posesionado el ex presidente Gaviria nos dio un ultimátum a través de Álvaro Vásquez, el senador Motta y Carlos Romero, para que nos desmovilizáramos y nos incorporáramos a la vida civil a cambio de una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días después creó otra brigada móvil de contraguerrilla y nos atacó a mansalva y sobre seguro en los campamentos de Casa Verde, sede de los diálogos con el gobierno de Betancur y Barco, acabando totalmente con la posibilidad de continuar con la política de paz.

A pesar de ello nos reunimos en Caracas, Venezuela y Tlaxcala (México) para dialogar y buscar la manera de parar la confrontación bélica. Ello prueba la voluntad política de las Farc para buscar una salida política al conflicto.

En 1964, a raíz del triunfo de la revolución cubana, el presidente Kennedy diseñó un plan contrainsurgente para América Latina, con el fin de evitar el surgimiento de otras revoluciones en el continente; a estas medidas diseñadas por el Pentágono se les dio el nombre del Plan Lasso, y es dentro de este marco cuando el presidente Guillermo León Valencia le declara la guerra a 48 campesinos de la región de Marquetalia, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez.

Ante la inminencia de la agresión gubernamental estos 48 hombres se dirigieron al propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias.

Desafortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo con 16.000 hombres del Ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos.

El presidente Samper, al cabo de tres meses de no haber aceptado la propuesta nuestra de despejar La Uribe para dialogar, por imposición de los altos mandos, creó dos nuevas brigadas móviles de contraguerrilla y nos declaró la guerra total; fueron cuatro años de represión y violencia a cargo de la Fuerza Pública para defender privilegios de clase, de los monopolios nacionales y extranjeros, para lo cual utilizó leyes aprobadas por el Parlamento, incluida la mordaza a la prensa y la radio. Extraditó compatriotas hacia Estados Unidos, penalizó la protesta social, creó zonas especiales de orden público, acompañada de bloqueo económico y control de tránsito, convirtió el delito político en delito común para dejar pudrir a los luchadores populares en las cárceles. Estas medidas agudizaron aún más la confrontación y profundizaron la crisis en los poderes y los partidos tradicionales, hoy difíciles de responder.

La superación de la misma sólo podrá darse revisando profundos cambios en las estructuras del Estado, para cambiar la imagen de Colombia, hoy conocida en el exterior como violadora de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Los distintos gobiernos, durante tres décadas, han manejado el país con métodos represivos, siempre aplicando el estado de sitio, hoy día llamado conmoción interior. Pretextando cualquier circunstancia política, económica o social, han declarado la guerra al pueblo para someterlo a la política neoliberal o antidemocrática, impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos en el escenario político. Cada día son más visibles las desigualdades sociales que obligan a las masas a movilizarse y protestar para alcanzar sus objetivos, recibiendo como respuesta del Estado la represión, como lo vimos recientemente con los empleados estatales.

El presidente Pastrana, a sólo tres meses de posesionado, ha creado dos nuevos batallones de contraguerrilla móviles, uno, asesorado y financiado por Estados Unidos, para ubicarlo en Barranco Colorado (Guaviare) y mantener un anillo alrededor del secretariado, con el sanbenito de combatir el narcotráfico. A esto se le agrega la reciente creación de la Unidad de Inteligencia Militar, dotada con sofisticados medios técnicos, más cinco millones de dólares para reestructurar con fines bélicos la base aérea de Tres Esquinas, del Orteguaza, en Caquetá. Los desprevenidos ciudadanos se preguntan: ¿Será que con más batallones se eliminarán las causas objetivas del conflicto?

Queremos paz, sin hambre, sin leyes represivas, sin mordaza a la prensa, con tierra, salud, vivienda, bienestar, empleo, crecimiento económico con desarrollo social, derecho a la vida y soberanía, para lo cual se requieren grandes inversiones del Estado con el aporte económico de la comunidad internacional, sin que esto signifique injerencia en los asuntos internos de nuestro país.

No siendo otro el motivo de la presente me despido de ustedes, haciendo un cordial y fraternal llamamiento a todos los colombianos a fortalecer la unidad en torno a la plataforma de los diez puntos, base fundamental de la solución política, la reconciliación y la reconstrucción del país".

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez. 7 de enero de 1999.