Qué está pasando en Washington

Como respuesta a las numerosas solicitudes de la sociedad civil colombiana en recibir información sobre las iniciativas legislativas en los Estados Unidos, el Centro para las Políticas Internacionales (CIP) ha decidido crear este boletín.

Julio de 2005

El debate continúa con respecto a la distribución del dinero que recibirá Colombia de los Estados Unidos en el 2006. A finales del mes de junio, la Cámara, fuertemente influenciada por la mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que concede lo que pidió la administración Bush en su totalidad.  El Senado, por su lado, gracias a las gestiones del senador demócrata Patrick Leahy del estado de Vermont, aprobó las mismas cantidades pero logró cambiar las proporciones entre ayuda militar y económica, e incluyó una condicionalidad que logra condicionar la ayuda con respeto a violaciones de derechos humanos y la controvertida ley de justicia y paz. 

En febrero del presente año, el Presidente Bush solicitó como parte del presupuesto de ayuda al exterior para el 2006, una suma de $734.5 millones de dólares para la Iniciativa Antinarcóticos Andina (ACI por sus siglas en inglés). Como su nombre lo indica, este es un programa de ayuda para la región Andina (Colombia y seis de sus países vecinos), no obstante la gran mayoría del dinero esta dirigida a Colombia. De estos $734.5 millones, el gobierno de Bush destinaría $484 millones para los programas antinarcóticos en Colombia (monto parecido a años pasados). De allí, $331.8 millones serían destinados para asistencia militar (al menos $200 millones solo para el mantenimiento de aeronaves, más dinero para las fumigaciones y otros programas), y los restantes $152.2 para programas de desarrollo y ayuda humanitaria.

Por medio de otros programas en el proyecto de ley de ayuda al exterior vendrían otros $95.6 millones en ayuda militar y policiva. Además, $150-200 millones adicionales en ayuda militar y policiva irían a Colombia por medio del proyecto de ley del presupuesto de defensa. Al final de cuentas, la cifra podría alcanzar un total de más de $700 millones de ayuda para el 2006, todo para las fuerzas de seguridad colombianas con excepción de los $152.2 millones en ayuda económica (aproximadamente 20 por ciento).

Con base a esta solicitud, el Senado y la Cámara de Representantes han debatido desde junio. Se espera que el presupuesto final sea aprobado por la legislativa antes del fin de septiembre.

El 14 de junio, el sub-comité de Apropiaciones para Operaciones en el Exterior de la Cámara se reunió para discutir y redactar la terminología del proyecto de ley (H.R. 3057). El borrador, redactado por la mayoría republicana, aprueba las cifras originalmente propuestas por la administración y prácticamente aprueba el paquete completo sin deparar en asuntos de inversión económica o social.

El borrador reitera que sin la certificación de derechos humanos provista por el Departamento de Estado, 25% de los fondos serán congelados. Dicha certificación debe ser aprobada dos veces al año, después de que el ejército Colombiano demuestre progreso en su record bastante oscuro de violaciones  a los derechos humanos. De igual manera, el reembolso de dinero se ejecutaría en dos etapas, descongelando 12.5% del dinero, es decir,  $35-40 millones de ayuda militar (no policiva) cada vez.

Las condiciones para obtener la certificación incluyen (1) que el comandante general de las fuerzas armadas Colombianas suspenda a los militares, independientemente de su cargo, que hayan estado involucrados o a quienes se les aleguen violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y/o complicidad con los paramilitares. (2) Que el gobierno colombiano no solo inicie procesos judiciales, sino que también se asegure que las personas acusadas de dichas infracciones reciban una sentencia proporcional a sus crímenes y (3) que capture comandantes paramilitares con el objetivo de destruir su liderazgo y redes financieras. (4) Que las fuerzas armadas cooperen con la fiscalía y otras autoridades en investigaciones, proveyendo información, documentos y acceso a testigos, y finalmente, (5) que demuestre que está rompiendo cualquier lazo que existe con los paramilitares.

El 21 de junio el comité completo de Apropiaciones se reunió para debatir la redacción del mismo proyecto de ley, el cual se aprobó sin mayores cambios. Sin embargo, el congresista Sam Farr (Demócrata de California) introdujo una enmienda con el objetivo de establecer niveles mas altos de ayuda económica para Colombia ($20 millones por encima del presupuesto de la ACI 2005), con una reducción paralela en asistencia militar. Desafortunadamente, la oposición férrea del liderazgo republicano del comité tuvo más peso, obligando a Farr a retirar su enmienda antes de ser sometida a votación.

Una semana más tarde, durante la reunión plenaria de la Cámara el 28 de junio, otra enmienda fue presentada por tres congresistas demócratas: Jim McGovern de Massachussets, Betty McCollum de Minessotta, y Dennis Moore de Kansas, la cual proponía recortar $100 millones de dólares de la ayuda militar a Colombia. La enmienda tuvo acogida entre los demócratas que han apoyado esta clase de cambios en el pasado y también por parte de unos pocos republicanos que apoyan cualquier iniciativa que reduzca la asistencia financiera al extranjero. Aún así, la enmienda fue rechazada con 189 votos a favor y 234 en contra, con casi todos los Demócratas votando a favor y casi todos los Republicanos en contra.

Como era de esperarse, los republicanos se apoyaron en repetidas ocasiones de las mismas cifras y como Tom Davis (Republicano de Virgina) argumentaron: “como podemos recrotar el financimiento cuando estamos viendo resultados tremendos en la erradicación de cultivos ilegales? Los cultivos de coca en Colombia se han reducido en un 33 por ciento desde el 2002, y los de opio en un 52 por ciento solo en el 2004.” Mientras tanto, los demócratas, poco persuadidos, se preguntaban sobre las fallas de las mismas cifras, indicando que los cultivos de coca en Colombia sólo se redujeron en un 7 por ciento desde 1999, el año antes del Plan Colombia, y que no había ninguna reducción en el 2004. Jan Schakowsky de Illinois aseguró, ”Si queremos un plan efectivo a largo plazo, tiene que ser uno nuevo. No es suficiente enviar reportes anuales a nuestros votantes con detalles sobre las cantidades de dinero que invertimos  en la lucha contra las drogas. No es un éxito decir que logramos reducir coca en un país, mientras se cultiva aún más en los otros. Necesitamos mostrar resultados, y este programa no tiene ninguno.”

Mientras tanto en el Senado, los resultados fueron más prometedores, aunque no dejan de ser más que especulaciones hasta el momento. Como en años anteriores, los senadores lograron un documento con más precauciones que el de la cámara.

En primera instancia, aunque la suma solicitada por la administración para la ACI fue aceptada en su totalidad, dichos fondos se destinan de forma distinta. Primero que todo, requiere que la suma designada a la ayuda militar a Colombia por medio de la cuenta ACI no supere los $278,450,000, lo cual reduciría la petición de la administración en $53 millones. De igual manera hace un incremento para programas de ayuda económica, estableciendo un mínimo de $149,757,000 para los programas de desarrollo alternativo y fotalecimiento de instituciones que administran la agencia gubernamental Norteamerican de desarrollo USAID. Agregando otros programas de ayuda económica, si la propuesta del Senado es aprobada, la ayuda no-militar a Colombia podría alcanzar la cifra de $177.15 millones, $25 millones por encima de lo solicitado por el presidente Bush (y tal vez 25 por ciento, y no 20, del paquete total para Colombia).

Segundo, con respecto a la desmovilización de los paramilitares, el Senado empieza a ponerle presión a Uribe, evidenciando fuertes dudas sobre el proyecto de Justicia y Paz. A finales de junio el Comité de Apropiaciones del Senado, en su borrador de la ley de ayuda para 2006, incluyó varios delineamintos legales obligatorios que el proceso de desmovilización de los paramilitares debe satisfacer para lograr la ayuda financiera de los Estados Unidos.

Esta condicionalidad llama a que el estado colombiano no adopte ninguna ley que sea inconsistente con el tratado de extradición entre los Estados Unidos y Colombia, y que se continúe extraditando personas convictas en los Estados Unidos como los son muchos de los ex-miembros de “organizaciones terroristas” (en este caso las AUC). También requiere que el marco legal para la desmovilización y reintegración de miembros de estos grupos cuente con un sistema de investigación, prosecución y castigo proporcional a los crímenes cometidos que violen la ley internacional, como lo es el tráfico de drogas. Entre otras cosas, también requiere que toda provisión para la reducción de sentencias esté ligada a la confesión de información relacionada con la estructura, financiación y propiedades del grupo, así como a la garantía de que los líderes desmonten sus actividades y los grupos bajo su mando. En caso de que se descubran combatientes en desmovilización mintiendo a las autoridades con respecto a sus crímenes o que regresen a participar en actividades semejantes, el estado debe negarles el derecho a recibir una sentencia reducida, si espera recibir dinero estadounidense.

El documento también pide que un grupo compuesto por representantes de las agencias de la DEA, el departamento de Justicia, y los Departamentos de Estado y de Defensa consulte con representantes de la ONU, de la sociedad civil y de ONGs que hayan realizado estudios y reportes independientes sobre el cese al fuego por parte de los paramilitares.  Se espera que el Comité de Apropiaciones reciba un reporte confirmando que las AUC no han violado el cese al fuego y que han cesado actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, la violación de los derechos humanos, etc.; y que además la estructura del grupo terrorista se está desmantelando, así previniendo la posibilidad de reconfiguración.

Por parte del estado colombiano se espera que lleve a cabo investigaciones efectivas y que castigue a comandantes paramilitares por sus crímenes, extraditándolos a los Estados Unidos cuando sea apropiado. Se esperan procedimientos legales que logren la confiscación inmediata de propiedad ilegal que esté bajo el nombre de terceros y se esté usando para la producción y el transporte de narcóticos ilegales. Finalmente que el gobierno imponga parámetros estrictos de cumplimento al cese a fuego y que retire los beneficios de la desmovilización a quienes no lo respeten.

Mientras tanto, sigue congelado – hasta el momento – 12.5 por ciento de la ayuda militar para 2004 y 25 por ciento de la ayuda militar para el 2005, porque el Departamento de Estado no ha determinado que existen evidencias de mejoramiento del desempeño en derechos humanos de las fuerzas armadas colombianas – y por consiguiente no ha emitido la “certificación” desde septiembre de 2004. 

Corren más y más rumores de que una certificación vendrá pronto. No obstante, el 1 de julio un grupo de 22 senadores le dirigieron una carta a la secretaria de Estado Condoleezza Rice pidiéndole que no emita esta certificación por falta de evidencias de mejoría en cuestiones de derechos humanos y de la lucha contra la impunidad.

Los senadores resaltan el poco progreso que han hecho las investigaciones de miembros de las fuerzas armadas involucrados en crímenes o su complicidad en actividades paramilitares. “Ni siquiera los casos de mayor perfil han avanzado como se puede comprobar con la decisión del Fiscal General de la Nación, en marzo del 2004, de cancelar el caso contra el General Rito Alejo del Río, acusado de formar grupos paramilitares mientras estaba a cargo de la Brigada 17”. 

La carta también hace mención de los informes emitidos por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los cuales reportan un incremento en muertes extrajudiciales, persecución de líderes civiles y crímenes sexuales a manos de las fuerzas armadas del estado.  En particular, la carta cuestiona el manejo poco transparente posterior a la masacre de San José de Apartadó del 21 de febrero en la cual ocho personas de la Comunidad de Paz, cuatro de ellos niños, fueron asesinados. La decisión del Vicepresidente Santos de declarar a las FARC culpable sin previa investigación, al igual que la pasiva presencia del ejército en la zona mientras estos hechos atroces ocurrían, dice la carta, ponen en tela de juicio la responsabilidad y competencia de la justicia colombiana.

Los senadores reiteran la necesidad de que el ejército colombiano rompa lazos con grupos paramilitares y afirman que esta cooperación continúa existiendo abiertamente como lo han reportado grupos no-gubernamentales locales e internacionales. La carta termina con la condena de las actividades atroces de la guerrilla, pero señala que los “socios” de los Estados Unidos (refiriéndose al gobierno y fuerzas armadas colombianas) deberían cumplir con parámetros más altos.

Una decisión sobre la certificación es probable que se de muy pronto a pesar de las protestas de los senadores. Seguramente, el Departamento de Estado solo está esperando que unos de los casos de alto perfil reciban una orden de arresto o sentencia, y eso les bastará para seguir adelante.

El Senado se reunirá a debatir el proyecto de ley la semana del 18 de julio, y no se esperan grandes cambios; luego el proyecto de ley para financiamiento del 2006 se discutirá por representantes de la Cámara y el Senado en un “Comité Conferencia” que reconciliará las dos versiones del proyecto. Teniendo en cuenta que la Cámara no incluyó ningún cambio con respecto a la distribución de dinero o el condicionamiento de ayuda al proceso paramilitar, es de esperarse que las condiciones propuestas por el Senado se debiliten, ya que entre los dos deben llegar a un punto entre los dos extremos.

Mientras tanto, el gobierno colombiano prepara su plan de “defensa” con respecto a la ley de justicia y paz ya que necesita imperiosamente asegurar ayuda financiera por parte de los Estados Unidos. El Vicepresidente Santos y la Canciller Carolina Barco tienen programada una visita a Washington la semana del 18 de julio, durante la cual se reunirán con ONGs, miembros del Congreso y otros grupos para intentar convencerlos de que la ley no es tan mala como parece. La ofensiva a favor de la ley empezó el 12 de julio con una carta que se envió a todo el Congreso. (CIP, WOLA y Human Rights Watch ya han respondido a tal carta.)

Por su lado, el Presidente Uribe visitará a su homólogo George Bush en el rancho de Crawford, Texas a principios de agosto. El periódico Los Angeles Times reportó el 28 de junio que “Con la visita de uno de los más grandes aliados de los Estados Unidos, Alvaro Uribe, puede que el Presidente Bush presente un nuevo paquete de financiamiento de varios años en su lucha contra el narcotráfico.