Intervención
de Adam Isacson
Oficial de Programas, Centro para las Políticas Internacionales, Washington,
EE.UU.
Escuela Superior de Administración Pública
Santa Fe de Bogotá, Colombia
16 de junio de 2001
Buenos
días, debo empezar por agradecer profundamente a la ESAP
y a los organizadores de este excelente evento. Yo trabajo en una
ONG en Washington que se llama el Centro
para las Políticas Internacionales, donde monitoreo las relaciones
que Estados Unidos mantiene con los militares de toda América Latina.
A finales
de mil novecientos noventa y siete este trabajo nos llevó a Colombia,
cuando nos dimos cuenta de que la ayuda militar para Colombia más
o menos se estaba duplicando cada año.
Pero
hoy en día estamos hablando de un nivel de cooperación militar que
yo ni siquiera hubiera podido imaginar hace cuatro años. En estos
momentos Colombia recibe aproximadamente ocho de cada diez dólares
de la ayuda militar estadounidense que va al hemisferio entero. Esto
representa aproximadamente un millón y medio de dólares diarios.
En un
rato volveré a los números. Primero debemos empezar con el muy usado
término "Plan Colombia." ¿De dónde vino?
El "Plan
Colombia" ha estado con nosotros desde mediados de mil novecientos
noventa y ocho, cuando el Presidente Pastrana presentó un paquete
de ayuda social y económica para las áreas rurales de Colombia. Ese
plan fue un especie de "Plan Marshall" que dependería en
gran medida de las contribuciónes del exterior.
Pero
ese plan nunca logró despegar ya que no fue recibido con entusiasmo
en Europa y especialmente en los Estados Unidos. Para los Estados
Unidos este plan era demasiado vago y utópico, además no ofrecia una
solución rápida a los intereses que más le importan a los estadounidenses,
como lo son la guerra antidrogas, el estrechamiento de los lazos militares,
y la estabilidad de una región de países con gobiernos elegidos (y
tal vez democráticos), capitalistas y abiertos a la economía mundial.
Nadie
ni se atrevió de mencionar la posibilidad de sacar este plan del Congreso
republicano en Washington. A mediados de mil novecientos noventa y
nueve, las palabras "Plan Colombia" ya no se escuchaban.
Pero
otras cosas estaban pasando a mediados del año noventa y nueve. El
proceso de paz con las FARC empezó a tambalear. La guerrilla mató
a los tres indigenistas estadounidenses en Arauca. La renuncia de
Rodrigo Lloreda demostró la inconformidad de los militares con el
rumbo del proceso de paz. Las FARC lanzaron una enorme ofensiva en
julio. Ese mismo mes, el nuevo ministro de defensa y el alto comando
vinieron a Washington pidiendo quinientos millones de dólares en ayuda
militar. Algunos oficiales estadounidenses, en particular el Zar Antidrogas
Barry McCaffrey, empezaron a tomar un fuerte interés.
En agosto
del noventa y nueve, el número tres en el Departamento de Estado,
Thomas Pickering, vino a Bogotá con McCaffrey. Según el Washington
Post, Pickering y McCaffrey "le dijeron a Pastrana que incrementarían
fuertemente la ayuda si él desarrollara un plan comprensivo para fortalecer
las fuerzas armadas, parar la caída de la economía y luchar contra
el tráfico de drogas." [Fuente]
Como
resultado, dentro de seis semanas, empezó a circularse un nuevo "Plan
Colombia." Su primera versión fue dada a conocer en inglés. Había
mucha especulación de que se escribió en la calle C en Washington,
la sede del Departamento de Estado. (Pero Gabriel Marcella de la Escuela
de Guerra del Ejército Estadounidense nos informa que "Jaime
Ruiz, el jefe del personal de Pastrana, que tiene un doctorado de
Louvain y licencia en ingeniería de la Universidad de Kansas, quien
tiene una esposa americana y habla inglés perfecto, escribió el Plan
en inglés en una semana." [Fuente])
Dejemos
a un lado por un momento el hecho que un plan para desarrollar un
país entero fue escrito en una semana por una sola persona. El hecho
es que el Plan Colombia no estuvo siquiera disponible en español hasta
febrero del dos mil. El entonces gobernador del Putumayo, el departamento
más afectado por el nuevo plan, ni siquiera vio el documento hasta
abril del dos mil, cuando él compró una copia en la librería del aeropuerto
El Dorado antes de visitar Washington.
El nuevo
plan se distingue del original principalmente en que contiene algunos
elementos nuevos que parecen responder directamente a los intereses
estadounidenses. Hay mucho más énfasis en el fortalecimiento del estado,
particularmente las fuerzas armadas. Pero lo que más se destaca en
el nuevo plan es la lucha antidrogas. Si incluimos los programas de
desarrollo alternativo, la lucha antidrogas comprende noventa por
ciento de la contribución estadounidense al Plan Colombia.
Los oficiales
del gobierno colombiano insisten que el Plan Colombia en su conjunto
es veinticinco por ciento militar y setenta y cinco por ciento económico
y social.
Pero
la contribución de Washington al Plan es al revés: ochenta por ciento
de la ayuda para el dos mil y dos mil uno beneficiará a los militares
y la policía.
El paquete
de ayuda se hizo ley en Julio del dos mil. Esta ley autoriza un monto
de mil trescientos millones de dólares para los años dos mil y dos
mil uno. Colombia recibe ochocientos sesenta millones de dólares,
una vez que se quitan los incrementos para las agencias antidrogas
de nuestro gobierno, la ayuda a los países vecinos, y un misterioso
programa secreto de cincuenta y tres millones de dólares por la inteligencia.
Hay que mencionar que a estos nuevos ochocientos sesenta millones
se deben agregar trescientos treinta millones de dólares en ayuda
ya planeada para estos dos años.
La propuesta
para el año dos mil dos del gobierno de Bush anticipa un presupuesto
de aproximadamente quinientos nueve millones de dólares en un solo
año. Alrededor de setenta y un por ciento va para las fuerzas de seguridad
colombianas.
Este
año, lo están llamando la "Iniciativa Regional Andina."
Pero la política no está cambiando con el nombre. Solo por medio de
esta iniciativa se busca dotar con más ayuda a los países vecinos.
En Colombia, están buscando continuar los programas que ya están empezando.
La ayuda
militar financia una amplia gama de actividades con las fuerzas militares
colombianas para poder continuar llevando a cabo la política de línea
dura antidrogas, concentrándose en la interdicción y especialmente
en las fumigaciones aéreas. Las Fuerzas Armadas recibirán ayuda en
logística e inteligencia, asesoría a un proceso de reforma militar,
aviones y radares, armas, equipos, combustible, y más ayuda a la policía.
Dentro
del presupuesto también hay plata para proyectos de desarrollo alternativo,
atención a los desplazados, reforma judicial, estado de derecho y
derechos humanos. Para estos programas habrán aproximadamente cuatrocientos
millones de dólares para un plazo de tres años, del dos mil al dos
mil dos. En estos mismos tres años los Estados Unidos suministrará
casi mil cuatrocientos millones de dólares en ayuda a las fuerzas
armadas, la policía y los programas de fumigación.
Dentro
de todo esto hay una iniciativa en particular que nos llama mucho
la atención.
La gran
mayoría del componente militar está dirigida a una iniciativa que
el gobierno estadounidense a denominado la "ofensiva al sur de
Colombia" (o el Push into Southern Colombia).
Esta
estrategia ya ha creado una nueva brigada antinarcóticos dentro del
Ejército Colombiano, con dos mil trescientos hombres en tres nuevos
batallones. El tercer batallón cumplió su entrenamiento el pasado
veinticinco de mayo en la base de Larandia cerca de Florencia, con
la ayuda del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense.
La brigada contará con quince helicópteros "Blackhawk" y
cuarenta y cinco helicópteros "Huey." Los Blackhawk valen
aproximadamente quince millones de dólares cada uno.
En el
pedido de ayuda para el dos mil dos, no se encuentran nuevos batallones
ni helicópteros. Es por esta razón que la ayuda para el próximo año
se ve más pequeña. Una de las razones radica en que los helicópteros
en el último paquete ni siquiera han comenzado a entregarse. Los primeros
Blackhawk llegarán en julio, y los primeros Huey mejorados en octubre.
Esto
representa un cambio enorme.
Antes
de aproximadamente el año mil novecientos noventa y nueve, casi toda
la ayuda estadounidense era canalizada a la policía nacional colombiana,
especialmente durante los años de la descertificación.
La explicación
radica en que hasta hace poco, Colombia no era considerado como un
centro para la cultivación de la coca. Era un centro del procesamiento
y contrabando de la droga, pero las matas se cultivaban en Bolivia
y Perú.
A mediados
de los noventa se hizo más difícil cultivar la coca en Bolivia y Perú.
Los grandes carteles con redes internacionales ya no existían. Programas
de desarrollo alternativo en Bolivia y Perú estaban teniendo algunos
resultados positivos. Y el ya notorio programa peruano de interdicción
aérea hizo más difícil el traslado de la pasta de coca a Colombia
para su procesamiento.
Claro
que los narcotraficantes no se dieron por vencidos, ya que la demanda
en los Estados Unidos y Europa se mantenía. La cultivación de la
coca simplemente se ubicó en Colombia, el mismo lugar en que anteriormente
era procesada a cocaína. Hoy en día Colombia cultiva más coca que
cualquier otro país.
A mediados
de los noventa, los cultivos en Colombia se concentraron en su mayoría
en el departamento del Guaviare. Desde finales de mil novecientos
noventa y cinco, el gobierno estadounidense ha mantenido un programa
de fumigaciones en San José del Guaviare. (Las fumigaciones son una
estrategia que nunca se implementó de manera significativa en Bolivia
y Perú.) Aviones pertenecientes al Departamento de Estado vuelan diariamente
sobre esta zona, aplicando glifosato sobre los cocales y todo lo que
exista a su alrededor.
Los pilotos
de los aviones de fumigación trabajan para una compañía privada, de
nombre Dyncorp, contratado por el Departamento de Estado. (Dyncorp
también sub-contrata otras compañías.)
Los pilotos
trabajan en un ambiente arriesgoso, dado que las FARC son activos
en Meta, Guaviare y Caquetá y disparan a los aviones. Por eso, estos
aviones son acompañados por helicópteros y aviones de la policía colombiana.
Estos aeronaves también llevan contratistas, que sirven como copilotos
o personal de búsqueda y rescate.
Debido
a que los contratistas no representan de manera formal al gobierno
de los Estados Unidos, estos son una fuente de controversia. Existe
una falta de "accountability" y acceso a información sobre
sus actividades. Hay preocupación que están involucrados en misiones
peligrosas muy cercanas al conflicto, como el caso del equipo de búsqueda
y rescate que se encontró en medio de un tiroteo con las FARC en Curillo,
Caquetá, en febrero.
Los Estados
Unidos cometió un grave error en el Guaviare. Fumigó por años sin
ofrecer a los campesinos afectados ni un peso de ayuda en desarrollo
alternativo. El resultado previsible era que el monto total de cultivos
de coca en el país seguía creciendo, y que el epicentro de los cultivos
se trasladaría hacia el sur, al interior de la selva, al territorio
controlado más completamente por las FARC. Por esta razón hacia mil
novecientos noventa y nueve el Putumayo ya había llegado a convertirse
en el centro de la coca.
En Washington
se decidió que el control que las FARC ejercía en el Putumayo era
demasiado fuerte para una sencilla expansión del programa de fumigación.
El gobierno de los Estados Unidos dirijo su atención al ejército colombiano.
En diciembre
del noventa y ocho, mientras el primer Plan Colombia estaba muriendo,
los entonces ministros de Defensa de los dos países, Cohen y Lloreda,
acordaron formar un nuevo batallón antinarcóticos en el ejército,
pagado casi completamente por los Estados Unidos. El primer batallón
empezó su entrenamiento en abril de mil novecientos noventa y nueve.
Poco después llegó a ser la pieza clave de la contribución estadounidense
al Plan Colombia. Así llegamos a la actualidad.
Bueno.
Lo que acabo de describir parece un plan elaborado en unas oficinas
en Bogotá y Washington y sin consultar a las comunidades afectadas
- y eso es exactamente lo que es. Les confieso que no tengo ninguna
idea de cómo es que esperan que este plan tenga éxito.
No entiendo
por qué piensan que las FARC-- que han dominado en el Putumayo desde
hace décadas-- serán vencidos por unos dos mil trescientos hombres
con pocos meses de capacitación.
El propósito
oficial de la brigada antinarcóticos es crear las condiciones de seguridad
necesarias para poder llevar acabo las operaciones antidrogas en
el Putumayo. Obviamente, la razón principal del por qué las fumigaciones
son inseguras se debe a la presencia de frentes de las FARC en la
zona. Al hacer esta conexión, descubrimos que por primera vez en muchos
años los Estados Unidos está financiando operaciones ofensivas en
contra de grupos guerrilleros colombianos.
Mientras
el fin son las operaciones antinarcóticos, las medios requieren la
eliminación de la presencia guerrillera de territorio colombiano --
algo muy parecido a la contrainsurgencia.
También
suponen muchos en Washington que la ofensiva al sur de Colombia puede
de alguna manera contribuir al proceso de paz. Ellos asume que si
se les cortan los ingresos provenietes de la droga, las FARC se verán
debilitados y por lo tanto se mostrarán mas conciliadores en las negociaciones.
Pero
¿puede este plan hacer todo eso? Yo leo los periódicos, por lo tanto
sé que el Putumayo es una zona altamente conflictiva. Las fuerzas
armadas colombianas son casi un actor marginal en esta área. Se estima
que hay aproximadamente dos mil guerrilleros en el departamento. La
fuerza pública ha sido derrotada fuertemente a tan solo cien kilómetros
de la base de Tres Esquinas; ejemplos claro de esto lo son El Billar
y Las Delicias. Además, la guerrilla conoce mejor el terreno y los
pobladores de la zona, que son una importante fuente de inteligencia.
Estas
dudas son compartidas por el congresista republicano Benjamin Gilman,
quien en noviembre escribió una carta a McCaffrey donde dijo que "es
evidente que el ejército colombiano es incapaz de controlar ni una
sola parte de este territorio infestado de guerrillas y coca, ni ya
ni en el futuro cercano. Ciertamente, tres nuevos batallones antinarcóticos
por sí mismos no cambiarán este gran desbalance en el campo de batalla."
[Fuente]
Los nuevos
batallones apenas han empezado sus operaciones, sin sus nuevos helicópteros.
Las fumigaciones en Putumayo a principios del año en su mayoría se
hicieron en zonas controladas por los paramilitares, quienes no están
disparando. Es decir hasta el momento los nuevos batallones no han
sido sometidos a su primera prueba.
La gran
preocupación radica en que en un año los batallones no lograran "asegurar"
el Putumayo, y tal vez sufrirían algunos reveses. Si esto pasa, un
mayor involucramiento estadounidense sería muy posible.
Muchos
temen que, si este plan no resulta exitoso, el próximo paso sería
una escalada. No me gusta la comparación con Vietnam -- es imposible
imaginar tropas estadounidenses en las selvas colombianas -- pero
me preocupa de sobremanera pensar en cómo se llevaría a cabo un escalamiento.
Además la ofensiva al sur de Colombia parece mucho el tipo de paso
tentativo, sin claridad de objetivo, que Vietnam debe habernos enseñado
a no repetir.
Pero
olviden por un momento lo que acabo de decir. Imaginen que la "ofensiva
al sur" sea un gran éxito y cada mata de coca pueda ser erradicada
del Putumayo. No existe nada en el plan actual que garantice que
la coca no se traslade a otra parte del país. Hay muchos llanos y
selvas al oriente y el sur de los Andes. Hay muchas zonas de cultivos
controlados por los paramilitares en el norte. Y también hay muchas
zonas desatendidas al otro lado de las fronteras en Ecuador, Perú,
Venezuela y Brasil.
No más
en los últimos años hemos visto el traslado de los cultivos desde
Perú y Bolivia hacia el Guaviare y ya al Putumayo. Mientras que en
Colombia exista una sobreoferta de campesinos económicamente desesperados,
y mientras los países desarrollados siguen demandando de manera insaciable
las drogas, las matas de coca continuarán migrándose.
Como
dije, las fumigaciones en el Putumayo -- el primer paso de los Estados
Unidos como parte del Plan Colombia – se llevaron a cabo entre Diciembre
y Febrero. Casi inmediatamente, vimos el desplazamiento de los cultivos.
En marzo el New York Times informó sobre la situación en Llorente,
Nariño, una zona que los habitantes están llamando "el pequeño
Putumayo." Según el Times, "Los oficiales en Nariño han
dicho que la fumigación aérea [en el Putumayo] que empezó en diciembre,
ha desplazado a los cultivadores de la coca, y también a los rebeldes
izquierdistas y los paramilitares, enviándoles a la región anteriormente
tranquila alrededor de Llorente." [Fuente]
Pero
esto no es todo. Yo visité el Putumayo en Marzo y vi que las fumigaciones
han traído otros efectos muy nocivos. [Ver
informe]
Vi con
mis propios ojos los proyectos de desarrollo alternativo destruidos,
y hablé con doctores quienes vieron un gran incremento en enfermedades
respiratorias, gastrointestinales y brotes de piel.
También
hablé con muchas familias campesinas en esta supuesta zona "industrial,"
la mayoría de quienes perdieron toda su comida cuando fumigaron la
coca. Muchos de ellos se encuentran aguantando hambre. Pero muchos
otros están reubicándose y sembrando coca en otras zonas.
Los gobiernos
colombiano y estadounidense se vieron con mucha prisa en establecer
la nueva brigada y arrancar con las fumigaciones. Sin embargo, el
desarrollo alternativo no se ha manejado con la misma urgencia.
En la
zona que no es considerada "industrial," el gobierno colombiano,
apoyado por Estados Unidos, está estableciendo "Pactos Sociales"
con los pobladores. Si erradican voluntariamente sus cultivos ilícitos,
ellos recibirán ayuda técnica y financiera y mejoramientos a la infraestructura
de sus comunidades. Pero si no hacen esto dentro de doce meses, ellos
serán sometidos al programa de fumigación.
Cuando
estuve en Putumayo en marzo, hablé con gente que firmó los primeros
pactos en diciembre. Cuatro meses después, no les había llegado ni
un centavo. Se sienten engañados y llenos de desconfianza. De hecho,
el estado se ha visto aún más debilitado después de las primeras operaciones
antidrogas en el Putumayo.
Además,
me preocupa que la ofensiva al sur de Colombia tendrá un impacto negativo
en el área de los derechos humanos, especialmente para los pobladores
del Putumayo y Caquetá.
Primero,
al nivel nacional, un millón y medio de dólares diarios en asistencia
militar arriesga agravar la violencia ya generalizada del país. En
el largo plazo la estabilidad democrática también se puede ver amenazada
por un paquete de ayuda que le da a una parte del estado – las fuerzas
militares – muchísimo más recursos y apoyo político que a las mismas
instituciones civiles.
Tal vez
aun más graves son las acciones (o falta de) en el área de derechos
humanos. Aunque han habido mejoras, fuentes creíbles como la Alta
Comisionada de las Naiones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional,
el Departamento de Estado y otras nos informan que, especialmente
entre los bajos rangos, la colaboración militar-paramilitar sigue.
A la misma vez, los que enfrentan acusaciones de violaciones siguen
disfrutando de un nivel preocupante de impunidad.
Me preocupa
el efecto que el paquete de ayuda tendrá en la política de derechos
humanos de los Estados Unidos en Colombia. Algunos dicen que una
relación mas cercana entre los ejércitos le dará a Washington más
influencia sobre el desempeño de las fuerzas armadas colombianas.
Pero es más probable que los oficiales estadounidenses tomen una línea
más suave.
Sin embargo,
es cierto que en agosto y enero el Departamento de Estado tuvo que
admitir que no podía certificar que las fuerzas armadas colombianas
satisfacen unos estándares básicos en derechos humanos dentro de la
ley colombiana. No pudieron certificar que militares colombianos acusados
por violaciones están siendo procesados por cortes civiles. No pudieron
certificar que las fuerzas armadas están cooperando con investigaciones
civiles de violaciones. No pudieron certificar que el gobierno colombiano
está enjuiciando a los paramilitares y los militares que los ayudan.
Este
nos trae a la situación en el Putumayo. Hay razón para creer que la
"ofensiva al sur" puede tener consecuencias desastrozas
para la población civil no combatiente de la zona. El paquete propuesto
el año pasado se esperaba el desplazamiento forzado de diez mil de
los trescientos veinte mil residentes del Putumayo, como resultado
de las operaciones financiadas por Washington. En un informe de mayo
de dos mil, el Senador Joseph Biden, quien apoya la política actual,
previó al menos treinta mil personas desplazadas de sus hogares [Fuente],
y organizaciones prominentes de derechos humanos, como CODHES, preveen
a más de cien mil.
También
existen razones de preocupación en cuanto a que la "ofensiva
al sur" puede contar con la colaboración de los grupos paramilitares.
Desde mil novecientos noventa y ocho las autodefensas han ido tomándose
los cascos urbanos en el Putumayo. Me preocupa la posibilidad de que
estos grupos están haciendo más fácil la "ofensiva" para
las autoridades. El año pasado un comandante paramilitar de nombre
"Yair" le dijo a Reuters que su grupo "tal vez encabezará
la ofensiva, vaciando las fortalezas de la guerrilla y después cediendo
el territorio al ejército." [Fuente]
Tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que esto no pase.
También
son preocupantes las frecuentes noticias sobre los lazos entre los
militares y los paras en el Putumayo. En el último año hemos escuchado
alegaciones de reuniones frecuentes, toleración de una presencia paramilitar
muy abierta -- yo soy testigo de ese fenómeno -- y también hemos escuchado
alegaciones en algunos periódicos estadounidenses sobre una coordinación
activa entre los paramilitares y el ejercito, logrando así garantizar
la seguridad de las mismas fumigaciones.
Es difícil
recibir información creíble del Putumayo, ya que la presencia de los
grupos al margen de la ley ha hecho demasiado peligroso el trabajo
a favor de los derechos humanos. La zona es un agujero negro de información.
Nosotros dependemos en gran medida de las buenas investigaciones periodísticas.
El informe del veintiséis de agosto por Jeremy McDermott del BBC debe
ser resaltado:
"Estuve
tratando de contactar a los paramilitares que controlan la ciudad
[de Puerto Asís] y algunas de las veredas cercanas. ... Encontrarlos
no fue tan difícil. A pesar del hecho de que el estado colombiano
niega que hay lazos entre ellos y los escuadrones de muerte derechistas,
su cuartel general en Puerto Asís está localizado a cinco minutos
en carro de la base local del ejército, en una villa lujosa. Para
llegar allí solo subí un taxi y le pedí al conductor que me llevara
a la base de los paramilitares, como si yo supiera dónde está y
fuera algo que hago todos los días. Él ni siquiera parpadeó, solo
prendió el carro y pasó por las calles llenas de huecos, pasando
el retén del ejército en la vía al campo afuera del casco urbano."
[Fuente]
Esto
está pasando en medio de lo que será el punto cero del "ofensiva
al sur de Colombia." Esto no puede seguir sucediendo, o somos
todos los que vamos a sufrir las consecuencias de esta complicidad.
Hemos
estado advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre el efecto que la
"ofensiva al sur" tendrá sobre el tambaleante proceso de
paz colombiano. La mera posibilidad de que una ofensiva de este tipo
se lleve a cabo simplemente ayuda a poner en entredicho el proceso.
Es muy difícil imaginar cómo estas negociaciones podrán avanzar mientras
que un poder extranjero financia una intensificación de la violencia.
Como advertimos, el paquete de ayuda también ha polarizado aún más
a la línea dura de aquellos que se oponen a un proceso de paz. De
por si ambos lados ya tienen fuertes razones de cuestionar la voluntad
de paz del otro.
También
debemos estar preocupados por la reacción al Plan Colombia en Europa.
En vez de una política multilateral de apoyo a Colombia, ya hay dos
estrategias bilaterales y no paralelas. Por un lado, hay una asociación
entre Colombia y los Estados Unidos a favor de un Plan Colombia en
su mayoria militar. Del otro lado, hay una asociación más pequeña
entre Colombia y Europa que busca ayuda económica a favor del proceso
de paz.
Como
demuestra el gráfico, la contribución estadounidense al Plan Colombia
desanimó fuertemente a los demás donantes extranjeros, haciendo que
su contribución al Plan Colombia fuera menos de la mitad de lo que
se había esperado.
Ya que
Europa no fue consultada en el diseño del plan, este ha escogido contribuir
a menor escala y enfocarlo en otras prioridades. La desaprobación
europea llegó a tal punto que en febrero el Parlamento Europeo hizo
una resolución en donde declaraba que "el Plan Colombia contiene
aspectos que son contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos
ya comprometidos por la Unión Europea, y que ponen en peligro sus
programas de cooperación."
Creo
que todo esto ha mostrado que el Plan Colombia, como actualmente concebido,
tiene graves fallas. El país necesita urgentemente otro curso de acción,
algo que puede contribuir a mejorar el ambiente para el desarrollo
de una cultura de paz.
El primer
paso a tomar es que tanto los Estados Unidos y Europa limpien sus
propias casas.
Tenemos
que enfocarnos más en reducir nuestra propia demanda para las drogas.
Aunque hasta diez por ciento de la población estadounidense abusa
la cocaína o el heroína de vez en cuando, es una porción mucha más
pequeña – el dos o tres por ciento – que encabeza la gran mayoría
del consumo. Es este grupo el que necesita acceso a los progamas de
tratamiento.
Según
un estudio bastante conocido del Rand Corporation, un dólar gastado
en tratamiento doméstico es tan eficaz en la lucha antidrogas como
veintitrés dólares gastados en la interdicción en las zonas de producción.
[Fuente]
Colombia
también necesita reincorporar más de los elementos del primer plan
Colombia, la versión de mil novecientos noventa y ocho.
Se necesita
un mayor reconocimiento que la desesperación económica y olvido estatal
son unos de los más grandes motores del conflicto.
Los programas
de desarrollo alternativo tendrán que ser muchísimo más que esfuerzos
de sustitución de cultivos. Tendrán que incorporar la construcción
de infraestructura, y establecer instituciones locales capaces de
brindar los servicios que una población tiene derecho de esperar de
su estado.
Los programas
de desarrollo alternativo tendrán que concertarse con las comunidades
afectadas, en lugar de ser un ultimátum dictado desde arriba-- como
los son actualmente. Estos programas no tendrán éxito si son diseñados
en unas oficinas en Bogotá y Washington. Las comundades mismas --
tanto los gobiernos locales como las organizaciones ciudadanas --
necesitan negociar y participar en su diseño.
Estos
programas también tendrán que buscar soluciones productivas para aquellos
que no tienen tierra. La población flotante de raspachines que depende
de la economía de la droga también necesitará atención para que pueden
establecer raíces y tener un incentivo para dejar de ser una población
flotante.
También
se necesitará una política clara y los recursos necesarios para ayudar
al millón y medio personas que se han encontrado desplazados forzosamente
en los últimos seis años. En el último paquete de ayuda de Washington
solo se incluyeron veintidós millones de dólares para ayudar a los
ya desplazados, sin contar ayuda para los que se desplazarán del Putumayo.
Hasta
cierto punto, tengo que reconocer la crítica lanzada con frecuencia
en Estados Unidos, de que estos programas no pueden tener éxito en
un ambiente de inseguridad.
Pero
primero, como le he dicho anteriormente, dudo fuertemente que la estrategia
actual pueda crear esas condiciones de seguridad.
Segundo,
creo que uno de las mejores maneras de obtener el control territorial
es por medio de proyectos de ayuda social. En un principio, se puede
llevar a cabo pequeños proyectos pilotos. Si resultan exitosos, estos
proyectos pueden tener un enorme efecto demostrativo, construyendo
confianza en el estado en lugares donde nunca antes existía, y creando
una fuerte voluntad de participar en futuros proyectos.
Aunque
es importante establecer condiciones de seguridad, esto no se construye
solamente por medio de las armas -- así solo llegará a una paz de
muy corto plazo. Las condiciones de seguridad se construyen por medio
de un estado de derecho-- que trata igualmente a todos-- y por medio
de instituciones fuertes y capaces, tanto civiles como militares.
Es inevitable
que un monto de ayuda militar será parte de esto. Pero esta ayuda
militar no debe ser de grandes transferencias de armas--como las que
ya estamos viendo. De hecho, no debe ser una parte grande de la ayuda
desde el exterior que recibe Colombia. Las instituciones que son más
débiles y necesitan más ayuda son las instituciones civiles.
La ayuda
militar es riesgosa, y debe conllevar fuertes controles. Lo que se
le de a Colombia debe condicionarse estrictamente al cumplimiento
de los compromisos en derechos humanos que ya ha hecho el país. También,
cualquier asistencia militar a Colombia debe darse de una manera extremadamente
transparente. Ciudadanos estadounidenses y colombianos deben poder
saber exactamente quiénes están recibiendo ayuda, y qué es lo que
se les está dando y enseñando.
Adicionalmente
hay que dar fin a la impunidad. La paz dependerá de una estrategia
comprensiva en donde se rompan todos los lazos y se empiece a combatir
el paramilitarismo.
Debo
reconocer unos mejoramientos en esta área en las últimas semanas.
Merecen elogios las detenciones en el Alto Naya, las detenciones de
líderes paras en el Magdalena y el Catatumbo, y -- tal vez lo más
importante -- los allanamientos recientes que hizo la Fiscalía y el
ejército en Montería. Por primera vez, parece que los paras se están
preguntando si deben seguir considerando al estado como su aliado.
Eso es preocupante, pero es un buen paso -- la respuesta correcta
es que bajo ninguna circunstancia el paramilitarismo debe considerar
al estado como su aliado.
En la
lucha antiguerrilla, también hay unos éxitos que merecen elogios.
Tenemos que reconocer que en algunos casos, el ejército ha salido
victorioso sin quejas por violaciones de derechos humanos. Hasta donde
yo sé, no han habido denuncias sobre las operaciones en Sumapaz, la
Operación Berlin, la Operación Gato Negro en Guainía, o la Operación
Tsunami en Nariño.
Pero
como dije, la impunidad para los que violan o colaboran con los paras
sigue siendo el mayor obstáculo. Dentro de esto, hay unas tendencias
muy desalentadoras, como son la nueva ley de seguridad nacional, y
el caso de Mapiripan – entiendo que el General Uscategui ya está saliendo
de la cárcel, mientras el Coronel Orozco, quien trató de denunciar
el crimen – todavía queda tras las rejas.
Hablando
del proceso de paz -- es importante no darse por vencidos y reconocer
que esto será un proceso de muchos años.
Como
el Plan Colombia, el proceso de paz también necesita y debe ser consultado
con el pueblo colombiano. Este no puede seguir siendo manejado por
un pequeño grupo cercano al presidente. El gobierno debe utilizar
al consejo nacional de paz y otras herramientas para así integrar
al país en el proceso.
Los Estados
Unidos debe hacer algo que le ha pedido el gobierno Colombiano: mantener
contactos con la guerrilla mientras la guerrilla siga negociando con
el estado colombiano.
Finalmente,
admito que todo que he propuesto es caro. La paz no se logra de la
noche a la mañana. Pero tampoco la guerra.
Colombia
es un país grande-- esto no es Centroamérica. Unos cuantos cientos
de millones de dólares desde el exterior pueden tener un impacto,
pero este impacto nunca será decisivo. La respuesta radica en la contribución
y los sacrificios que estén dispuestos de hacer los propios colombianos.
Un ejemplo
es el cobro de impuestos. Como muestran estos datos del Banco Mundial,
Colombia recoge menos impuestos, como porcentaje del Producto Interno
Bruto, que casi todos los países del mundo occidental. Entiendo que
esto tiene más que ver con el cobro incompleto que con las leyes tributarias.
Pero el resultado es que esta situación no solo dificulta la paz,
la prosperidad y el fortalecimiento del estado -- también dificultaría
la guerra. No crean ustedes en ningún candidato presidencial que les
promete guerra integral. No tendrá cómo pagar el costo.
[Fuente
(formato PDF)]
La corrupción
endémica y la exclusión de los bachilleres del combate también son
razones para dudar en el compromiso real de la clase dirigente colombiana.
Esto es algo que no puede quedar en duda mientras Colombia está pidiendo
tanta ayuda desde el exterior.
Para
Colombia, la solución es de largo plazo. Cualquier política requerirá
de años para comenzar a ver los resultados. Colombia tiene una amplia
gama de necesidades que los Estados Unidos puede ayudar en satisfacer,
pero la ofensiva en el sur de Colombia no es una de ellas.
El Plan
Colombia y la ayuda estadounidense ya son una realidad. Tenemos que
estar preparados para lo que viene. Espero que tanto Colombia como
los Estados Unidos en el futuro podamos aprender del error que estamos
ya al punto de cometer.
Muchas
gracias.
