Publicada el 24 de abril de 2008

El Diario de Hoy de El Salvador

Irene Manterola

Los indicadores empleados por el gobierno para medir el acceso al agua potable y saneamiento no son los más adecuados, según el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)

El estudio pone en duda el criterio del gobierno para evaluar ya que incluye los pozos como fuentes de acceso a agua sin tomar en cuenta las condiciones de calidad, control y vigilancia de los mismos.

Los indicadores empleados por el gobierno para medir el acceso al agua potable y saneamiento no son los más adecuados. Este argumento es sostenido por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) en el estudio "¿Realidad o espejismo? Avances en el cumplimiento de las metas del milenio en agua y saneamiento en El Salvador al 2007", que ha sido apoyado por Ayuda en Acción.

Según Ana Ella Gómez, Gerente de Investigaciones del CDC, el estudio tiene como propósito "medir el avance en el cumplimiento de este compromiso gubernamental en relación a reducir a la mitad la población que no tiene acceso a agua potable y saneamiento". Se refiere al compromiso adquirido por El Salvador en la Cumbre del Milenio de 2001 para alcanzar los Objetivos del Milenio -y sus metas 10 y 11- propuestos por Naciones Unidas.

El estudio pone en duda el criterio del gobierno para evaluar este avance, ya que incluye los pozos como fuente acceso a agua sin tener en cuenta las condiciones de calidad, control y vigilancia de los mismos.

Atendiendo a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el acceso al agua potable caería del 85.5 al 59.6 por ciento al aplicar el criterio de que "fuente mejorada" tiene en cuenta los hogares con conexión domiciliar a cañería, dentro o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno de la misma. En este sentido, la investigación pone en duda los datos emitidos por el gobierno salvadoreño porque incluyen "cañería del vecino, pila o chorro público, pozo privado o colectivo", entre otros.

Aún tomando en cuenta las diferencias entre zona rural y urbana, los porcentajes también bajarían. En áreas urbanas bajaría del 93.5 al 74.7 por ciento y, en las rurales, del 71.7 al 33.7 por ciento.

Gómez se refirió, además, a otros aspectos que deberían contemplarse al hablar de acceso a agua potable y segura. Para argumentar esto, el estudio se apoya en otro publicado en 2007 por el Centro de Investigación de la Opinión Pública (CIOPS).

"Estos criterios deberían incluir indicadores de calidad del suministro. Es una problemática muy frecuente en el país, en el sentido que hay poblaciones importantes que reciben un servicio irregular o permanecen con desabastecimientos prolongados", agregó.

El informe recupera un dato del Banco Mundial que refleja que la inversión destinada en los últimos años por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) fue de 19 millones de dólares, aunque lo idóneo serían 70 millones y cuestiona, por tanto, que El Salvador pueda lograr la meta de los ODM relativa a reducir a la mitad la población sin acceso a agua potable.

Recomienda al gobierno aumentar la inversión destinada a este rubro, que según reza, debería llegar al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Otras solicitudes del CDC tienen que ver con la toma de medidas que tienen que ver "no sólo con acceso al agua segura sino también a la calidad de vida de la población. Para ello se tienen que definir criterio claros, objetivos y responsables que muestren la realidad del país", concluyó Ana Ella Gómez.