Publicada el 03 de diciembre de 2007 - El Faro

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Rodrigo Baires Quezada

Joan Gaya Fuertes, especialista español en saneamiento ambiental y gestión de agua potable
Fotos: Edu Ponces
cartas@elfaro.net

El gerente del Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Cataluña (CONGIAC), visitó El Salvador para hablar de la experiencia catalana de gestión al agua potable en el seminario internacional “Experiencias exitosas de gestión pública y defensa del derecho al agua”, realizado por organizaciones de Democracia Azul, el Foro del Agua y el Movimiento de Mujeres Mesoamericanas.

Desde 1965 se habla a nivel internacional sobre la necesidad de cuidar el recurso agua, algo que se remarcó con los Objetivos del Milenio. Pero el tema de saneamiento básico ambiental parece que quedó relegado a un segundo plano.
En general es igual en todos los países. El saneamiento básico ha sido una segunda prioridad. En España, no digamos en las grandes ciudades sino en las pequeñas comunidades, el primer tema a tratar era que hubiera agua; después que esta fuera agua potable, que son dos cosas distintas.

Desde la época constitucional, 30 años atrás, el derecho al agua está reconocido en un término práctico como un servicio público obligatorio de prestación a los ciudadanos por parte de todos los municipios. Con el saneamiento, la competencia es también de los municipios pero esto se está haciendo hasta ahora, más recientemente. ¿Por qué?, porque lo primero en que piensa la gente es en tener agua y eso es así en todas partes del mundo.

¿De qué te sirve tener acceso al agua si después ésta regresa al medio ambiente contaminada, sin tratamiento alguno, y dificulta el acceso a otras comunidades?
Es que una cosa es la historia de cómo fue y otra es cómo, donde se empieza prácticamente desde cero, se podría empezar. Pero también es cierto que tener acceso al agua no significa que esta sea potable y este es el primer paso a dar. En España, la última epidemia de cólera que se recuerda fue cerca de Zaragoza, entre 1972 y 1973. Por aquel entonces, la autoridad sanitaria española impuso la obligación de que todas las aguas de suministro público fueran desinfectadas. Fue hasta mediados de los 80 cuando se aprendió que, incluso donde no hay aguas servidas río a arriba, el agua tiene que ser tratada para que sea potable. Esto desvinculaba el problema de potabilización del agua del saneamiento, otra cosa es que no lo resuelve.

¿Y cuándo se empezó a resolver el problema de saneamiento?
Te hablo de la experiencia catalana, que es la que conozco. En 1981, el gobierno autónomo de Cataluña promovió la Ley de Saneamiento en la que se imponía una tasa para este rubro. Hasta entonces no había plantas de tratamiento porque las municipalidades tenían una situación económica precaria y porque cobrar un impuesto para limpiar un agua que beneficiará al vecino de río abajo no se entendía. Al comprender que el problema de saneamiento era algo nacional y no local, se eximió a los municipios de cobrar esto y creó una tasa específica del gobierno autonómico.

Esta ley hizo tres cosas: creó la Junta de Saneamiento; la obligación de elaborar un plan de saneamiento para toda Cataluña; e imponía un egreso obligatorio para todos los vecinos que, más allá de lo que costara el agua potable, generaba un sobre costo fiscal para un fondo común. Con ello se construyeron las depuradoras de aguas servidas, conforme a las prioridades establecidas en el plan.

¿No tuvo un costo político y social obligar a pagar por las aguas servidas?
Costó y muchísimo. Pero en la historia del gobierno de Cataluña el acto de mayor significación política en materia ambiental en los últimos 28 años fue esta ley porque no sólo identificó un problema y determinó que había que resolverlo; sino que los políticos establecieron que todos íbamos a pagar para resolverlo.

Claro, el fondo que se creó con el tiempo se vio que era insuficiente y ha ido aumentando conforme van apareciendo nuevas necesidades de saneamiento. Pero los ríos de la región están más limpios y los costos de potabilización de agua han empezado a disminuir.

¿Hasta entonces las leyes de saneamiento estaban dispersas en leyes municipales y autónomas?
Sí. Es necesario tener una ley general y en España se ha avanzando en este camino pero todavía no se ha alcanzado la unidad legal. Fue hasta 1985 cuando 11 ó 12 ministerios veían el tema de agua; y estaba todavía vigente una ley del siglo XIX, en la que se decía algo tan peregrino como que las aguas superficiales son públicas y las subterráneas, privadas. O sea que el reconocimiento legal del ciclo hidrológico tiene 22 años en España.

En El Salvador tenemos dos años esperando una Ley General de Aguas. En los pocos borradores que conocemos, se reconocía la necesidad de pagar por el saneamiento del agua y de unificar las leyes bajo una sola normativa.
Creo que una Ley General de Agua es imprescindible. Y es que además, es importante ponerla sobre la mesa para su discusión porque ustedes tienen en El Salvador una pluviometría considerable, 1 mil 800 milímetros de agua, y no debería haber problemas de disponibilidad de agua para ningún uso. Este no es un país árido y, por lo tanto, la escasez es ficticia.

¿Se puede ver al saneamiento como una inversión?
Sí, es una inversión. Es que un problema de agua potable se traduce en diferentes problemas sociales como de salud o educativos, pero comprendo que aquí en El Salvador el enfoque que se le da al problema del agua: un derecho humano básico que no se le reconoce formalmente a todo el mundo, quizás sólo a aquel que la puede pagar. Ya no hablo en términos de derecho sino en términos de condiciones para que un país alcance un desarrollo económico y social adecuado.

Unos 20 años atrás, el Premio Nobel de Economía Gary Stanley Becker hablaba que desarrollar el capital humano es una precondición para que un país pueda tener acceso al desarrollo económico. Estamos hablando de si el Estado asume un compromiso con el desarrollo de su país al garantizar una serie de servicios básicos, como el agua potable y su posterior saneamiento.

En Cataluña, el antecedente al Plan de Saneamiento es la experiencia de la Costa Brava, una zona turística fronteriza a Francia, y que se desarrolló mucho entre los años 50 y 70. Para entonces, los municipios de esta zona detectaron que con el vertido de las aguas sucias en la primera línea de costa los turistas empezaban a distanciarse de la zona. Entonces pensaron que les convenía mantener las aguas en su condición original para mantener la gallina de los huevos de oro y acordaron montar el Consorcio de la Costa Brava para poder construir depuradoras de agua.

Lo típico en El Salvador es ver cómo inauguran un chorro de agua potable pero no así el sistema de aguas negras y, mucho menos, de tratamiento
Sí, pero quiero ser muy prudente. El saneamiento es dar algún tipo de tratamiento a las aguas que utilizamos. En la historia de Europa, el primer momento del saneamiento fue alejar las aguas negras; el segundo momento, tratarlas. La dinámica normal es que la gente entiende pagar por un servicio y no por algo de lo que no será un beneficiario directo. Abres el grifo y pagas por tener agua potable; tiras el agua sucia y el beneficiario será el que está río a bajo y no tú.

En El Salvador, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y ANDA sólo un tres por ciento de agua tiene algún tipo de tratamiento.
En Cataluña, después de 25 años de estar dando tratamiento, debemos andar en torno al 80 por ciento de agua tratada con un aproximado de 350 estaciones depuradoras.

¿Y cuál era el porcentaje antes de que se aprobara la ley de saneamiento?
Sería el 10 por ciento, escasamente.

¿Y cómo romper con la cultura social de tirar la cadena y olvidarme con qué calidad y a dónde van a parar estas aguas servidas?
La respuesta necesariamente es subjetiva. En Cataluña había un antecedente de éxito por una motivación estrictamente económica; y, por otro lado, del momento histórico de los años 70, en el que los movimientos ciudadanos empezaron a crecer, incluyendo los medioambientales. Entonces, la sintonía de los políticos y los actores económicos con esta efervescencia social permitió que esto se diera.

¿Todos los actores sociales asumieron su responsabilidad?
Mirá, la forma más noble que conozco de la política es agrupar voluntades en torno de un proyecto. ¿Cómo hacerlo? Claro que hay un tipo de motivaciones que son las que inducen a que ciertas agrupaciones estén actualmente trabajando en este tema. ¿Hasta que punto más gente en El Salvador lo pueden compartir? No lo sé, pero creo que hay otro argumento que creo que ampliaría esta base social y es apelar al desarrollo económico del país. Ya no hablamos de un derecho humano fundamental, sino de cómo hacer que este país prospere.

¿Desarrollo económico?
Sí, los pactos son la base de la política. No habiendo contradicción, no traicionas a tus principios si convences a otros de que por ese camino se consiguen otras ventajas que a lo mejor no son las que motivan a trabajar por la potabilización y el saneamiento del agua, pero sí otros grupos sociales, políticos y económicos. El saneamiento se va a abordar el día en el que más allá de la tarifa de abastecimiento haya un recargo, un impuesto o una sobre tasa, que se destine a hacer plantas de tratamiento.

Pero eso políticamente no es atractivo.
No es políticamente atractivo pero donde se ha hecho se ha acabado reconociendo que era necesario. Hay decisiones que siempre pasan por una zona de turbulencias. Si hay un acuerdo político para hacer el saneamiento, esto se puede realizar. Aunque, mi impresión es que quizás no es la prioridad en El Salvador, sino más bien el abastecimiento de agua potable. El saneamiento es un problema muy importante pero si fuera mi trabajo, no lo pondría como la prioridad número uno en este momento. Quizás a nivel local, en las ciudades grandes, sí; pero no a nivel nacional.

¿Y en Barcelona no se encontraron con la resistencia del sector empresarial y agropecuario, que es el que utiliza más agua en sus procesos?
De entrada lo vieron mal pero acabaron pagando. Y esto ya no se discute. Al principio se discutió; después se dijo “vamos a tener que cerrar y nos vamos a ir a otra ciudad”. Y bueno, todo esto acabó pasando, algunas empresas cerraron achacando a esta tasa sus problemas económicos; pero Cataluña sigue creciendo y más empresas siguen llegando. Es que con mejores estándares ambientales se atraen actividades de mayor valor añadido, como el turismo y empresas de servicios.

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