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El Diario eldiariony.com

02 de Octubre 2007

Washington D.C./Nueva York – En la pierna del campesino Redin Hernández aún es visible la cicatriz redonda y grisácea que le dejó un balazo hace dos años. El motivo del disparo: defender los pinos de Olancho, un departamento del noreste de Honduras, de las talas indiscriminadas e ilegales.

“Un grupo de encapuchados, con armas prohibidas, AK-47, nos amarró después a un árbol durante 13 horas”, cuenta Hernández, de 29 años, quien inspeccionaba cortes ilegales con otros dos ambientalistas. “Nos dijeron que si seguíamos defendiendo los bosques nos iban a matar”.

Estos ambientalistas son las víctimas de una ola sangrienta contra los defensores del medio ambiente en Centroamérica por parte de grandes empresas madereras que exportan principalmente a EE.UU.y El Caribe.

Durante la última década, nueve campesinos ecologistas han sido asesinados en Olancho, según la Fiscalía de Derechos Humanos del país, y durante los últimos dos años, otros seis han huido a EE.UU. por las amenazas.

Hernández y sus dos compañeros escaparon a finales de junio pasado a la ciudad de Malborough, Massachusetts, tras pagar $1,500 a un coyote y atravesar México montados en los denominados “trenes de la muerte”.

Los tres forman parte de un movimiento ecologista integrado por campesinos, líderes comunitarios y religiosos que desde el 2001 ha denunciado a las mafias de extracción y exportación maderera.

Ninguno tiene papeles y todos viven, en parte, gracias a la caridad de unos amigos guatemaltecos “preocupados por el medio ambiente”, asegura Denis Vargas, un compañero de Hernández.

“Después de que asesinaran a nuestros compañeros, no podíamos salir por la noche”, explica Hernández. “Al anochecer, carros con sicarios armados rondaban nuestras casas”.

En el pueblo de Hernández, El Rosario, dos ambientalistas fueron asesinados “estilo ejecución” en diciembre pasado, supuestamente por cuatro policías contratados por madereros de la región, según la Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras. Sus cuerpos tenían más de 40 impactos de bala.

Un informe del 2005 de la Agencia de Investigacion Ambiental (EIA), con sede en Washington D.C., implicó a las tres principales madereras de Honduras —Jose Lamas S. de R.L.; Sansone y Yodeco— que acaparan casi tres cuartos de la producción de madera de pino, en la extracción ilegal de madera de pino para productos como palos de escoba, estacas de tomates, puertas, ventanas, molduras y perfiles.

Según el informe de EIA, estas tres madereras o sus suministradores han extraído más madera de la permitida mediante el uso de facturas alteradas, sobornos a las autoridades o el tráfico de influencias, algo que ellas niegan.

“No estamos involucrados en las muertes de ambientalistas”, aseguró por teléfono Pío Voto, presidente de la Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO) y gerente de Sansone, y el único representante de las tres grandes madereras que pudo ser contactado para este artículo. “Es un intento más suyo por enlodarnos internacionalmente; la madera de nuestros miembros viene de bosques con planes de manejo”.

Miles se unen al Movimiento

La corrupción en la industria maderera ha contribuido a que Honduras pierda más de un 35% de sus bosques (2.5 millones de hectáreas) desde 1990, según el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), al que pertenecen los exiliados.

“Las fuentes de agua comenzaron a secarse, ni para los animalitos silvestres estaba quedando agua, uno sólo miraba que se secaban las plantas”, explica Vargas.

El Movimiento se consolidó en 2003, cuando 40 mil campesinos de Olancho, donde más de dos tercios de la población vive con menos de $1 diario, marcharon a pie durante varios días hasta la capital, Tegucigalpa, para protestar contra la tala ilegal.

“Llegó un momento en que no tocaban el bosque, pero cuando vieron que no podían convencernos, comenzaron a matar ambientalistas”, dice Lincol Lobo, de 30 años, el tercer exiliado en Marlborough.

Los ambientalistas dicen que el gobierno hondureño no ha hecho nada para protegerles, a pesar de una petición expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que vela por los derechos humanos en la región, en diciembre pasado. Sólo el líder más conocido internacionalmente, el padre católico Andrés Tamayo, cuenta con una escolta militar permanente.

“Somos un país pobre”, explica Roberto Ramos Bustos, un representante de la Cancillería hondureña, “y también tenemos que combatir la delincuencia común y el crimen organizado”.

El primer ambientalista en exiliarse a EE.UU., en el 2003, fue Gilberto Flores, el único que ha logrado el asilo político y traerse a su esposa y a sus siete hijos menores. Sin embargo, Flores tuvo que dejar en Honduras a su hija mayor por tener 22 años, uno más de la edad permitida para la reunificación. “Ahora vivo constantemente preocupado por ella, porque vive sola, abandonada”, dice.

“Es muy difícil hallar apoyo para un ambientalista”, explica Andrea Johnson, investigadora de la EIA, que ayudó a un exiliado, Efraín Paguada, a obtener una visa para venir a Washington D.C. el pasado 13 de julio después de que unos desconocidos vandalizaran sus cosechas y tirotearan su casa.

Ebar Alfaro, empleado de Neighbors Consejo, una asociación de Washington D.C., asegura que, cuando pidió ayuda para Paguada a la embajada hondureña, se la negaron alegando que los ambientalistas “son de izquierda, radicales y no son buenos para la sociedad”. David Hernández, ministro de la embajada, negó este incidente. “Nuestras puertas están abiertas, pero no disponemos de recursos para ayudarles, y tenemos otras prioridades”, afirmó.

Paguada ha hallado solidaridad en una iglesia de Washington DC. a la que acuden muchos centroamericanos con los que ha compartido su experiencia.

“Muchos vivieron mi situación por las guerras civiles”, asegura Paguada. “Un hermano salvadoreño me regaló dos mudas y unos zapatos cuando supo que no tenía ropa y se me habían roto los únicos zapatos que me traje”.

Paguada consiguió recientemente un abogado para tramitar su asilo pro-bono, pero los indocumentados temen unirse a su caso. “Si pierdo el caso de asilo, comienza mi proceso de deportación”, asegura Noé Lanza, refugiado en el Valle de San Fernando, en California. “Volvería sin nada y no puedo vivir allá”.

Lanza, quien friega platos en una cadena de comida rápida por unos $900 brutos al mes, se exilió en febrero cuando se enteró por un familiar de que existía un plan para asesinarle. Lanza dice que pagó a un coyote, “porque sentía que mis días estaban cerca, cada día que vivía era una bendición de Dios”.

En EE.UU. algunos congresistas, preocupados por la situación en Honduras y otros países, han convocado unas audiencias el próximo 16 de octubre para debatir un proyecto de ley que establecería controles más estrictos sobre la importación de madera.

Judah Ariel, asistente legistativo del congresista Earl Blumenauer (D-OR), su principal auspiciador, dijo que ninguna de grandes empresas que venden madera se ha manifestado públicamente en favor de la ley, que se espera que encarezca el precio de la madera para algunos importadores.

La reacción de estas compañías ante la tala ilegal ha sido ambigua. Home Depot, por ejemplo, se ha negado a rescindir el contrato con Aljoma Lumber, una empresa de Florida que importa de Jose Lamas R. de S.L., alegando que ésta le ha garantizado que le vende madera certificada, no de Honduras. Ello a pesar de que el vicepresidente de Innovación Ambiental de Home Depot, Ron Jarvis, manifestó meses atrás su preocupación a Aljoma Lumber por las prácticas no sostenibles de Jose Lamas R. de S.L. en Honduras.

La respuesta, recuerda Jarvis, “fue básicamente: si esta madera no te llega a ti, ¿qué más te da?”

eva.sanchis@eldiariony.com