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29 de Octubre 2007
Acentos
Por Sonia Edith Parra* - IPS/IFEJ
A white-headed capuchin (Cebus capucinus)
in the Honduran jungle.
Credit: Photo Stock
Quién redactará el reglamento de la ley forestal
de Honduras y cómo lo hará son cuestiones clave
para la suerte que correrán los bosques de este país,
dicen ecologistas.
LA CEIBA, Honduras, 29 oct (Tierramérica).- La guerra
desatada hace décadas en Honduras por la tala ilegal
de madera se traslada ahora a la reglamentación de
la Ley Forestal - Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
dilatada en el Congreso legislativo.
Tres días después de aprobada, una ley debe
pasar a la comisión de estilo (designada para revisar
y corregir el texto) y, luego, ser promulgada por la presidencia
y publicada en la gaceta oficial. En este caso, el Instituto
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)
deberá elaborar la reglamentación en un plazo
de tres meses.
La norma tuvo sanción legislativa el 13 de septiembre,
por eso no se entiende el retraso, dijo a esta periodista
Aída Romero, de la Fundación Democracia sin
Fronteras.
La demora se debe al ordenamiento de sus casi 200 artículo,
afirmó Ana Lanza, de la Secretaría General del
Congreso.
Detrás de esta lentitud está la presión
del sector forestal, por el cual se tardó ocho años
en aprobar la ley, según un activista que pidió
no ser identificado.
Las exportaciones declaradas de madera a Estados Unidos son
de tres millones de dólares, pero lo que realmente
se vende asciende a 6,8 millones de dólares, o sea
226 por ciento más, afirmó para este artículo
Andrea Johnson, encargada de tala ilegal de la Agencia de
Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés),
con sede en Londres.
Gran Bretaña y España importan madera hondureña
por 100 mil y 1,3 millones de dólares, pero los montos
verdaderos son de 1,6 millones y 2,6 millones de dólares
respectivamente, en otro caso ilustrativo de tala y venta
ilegal. La participación de las comunidades en consejos
consultivos forestales, la regularización de tierras
forestales --con delimitación de áreas de protección,
conservación, manejo mediante contratos comunitarios,
protección de fuentes y cursos de agua--, y penas de
prisión de hasta 15 años por delitos ambientales,
son algunos de los aportes más sobresalientes y controvertidos
de la ley.
Para la Fundación Democracia sin Fronteras, portavoz
de la Coalición por la Justicia Ambiental que agrupa
a ocho organizaciones ecologistas de Honduras, la reglamentación
es fundamental porque allí es donde se puede implementar
correctamente la ley o cambiar por completo su espíritu.
Por eso, y ante la demora del proceso, la Fundación
entregó el texto aprobado a la comisión de estilo
del Congreso, junto con algunas sugerencias de correcciones,
para que no se siga dilatando la reglamentación, afirmó
Romero.
La Coalición prevé una campaña de difusión
para que las comunidades asuman el papel que les compete dentro
de los consejos consultivos.
Asimismo, vigilará la reglamentación que estará
a cargo del director ejecutivo del ICF, creado por la ley
para reemplazar a la cuestionada Corporación Hondureña
de Desarrollo Forestal (Cohdefor).
Pero la Coalición se apartará del proceso si
en ese cargo se designa a Ramón Álvarez, actual
gerente general de Cohdefor, cuya gestión ha sido objeto
de denuncias de corrupción, aseguró Romero.
El propio Álvarez invitó a la Coalición
a participar en la reglamentación, cuando siendo director
de Cohdefor se oponía a reformar la legislación
forestal, enfatizó Romero.
Según una investigación realizada en 2005 por
la EIA, en Honduras existe una red dedicada a la alteración
fraudulenta de permisos, sobornos, expedición de títulos
de propiedad falsos e intimidaciones, que implica a políticos,
a la Cohdefor, empresas madereras, aserraderos, transportistas,
taladores, alcaldes, policías y otros funcionarios.
Firmas como José Lamas SRL, Maderas Noriega, Sansone,
Serma, Derimasa y Yodeco son las principales proveedoras de
madera para compradores en Estados Unidos y Europa, como Aljoma
Lumber, Home Depot e Intergro, sostiene el informe de la EIA.
El texto señala que el mayor tráfico es de
especies de pino (Pinaceae) y de caoba (Swietenia macrophylla),
entre otras, que salen del departamento Olancho, la Mosquitia
y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano,
en el norte y oriente del país.
La EIA afirma que 80 por ciento de las caobas y 50 por ciento
de los pinos extraídos de Honduras en 2004 fueron cortados
ilegalmente. En los años 90 el país perdió
10 por ciento de su cobertura boscosa.
La biodiversidad hondureña, concentrada en 107 áreas
protegidas que ocupan 27 mil kilómetros cuadrados,
está amenazada por la tala.
En 1996, la Biosfera del Río Plátano fue declarada
"en peligro" por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Mientras, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y
el Movimiento Ambientalista de Campamento, se mantienen expectantes.
Su trabajo de conservación les ha valido amenazas,
intimidaciones y la muerte de ocho miembros desde 1997. Los
últimos activistas fueron asesinados el 20 de diciembre
de 2006.
Víctor Ochoa, del MAO, aseguró a esta cronista
que "la institucionalidad del Estado se mantuvo pasiva
y cómplice ante la tala ilegal en Olancho; la reglamentación
forestal no se cumple. Instituciones como la Cohdefor son
corruptas y su trabajo ha sido legalizar lo ilegal".
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo
sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service)
e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional
de Periodistas Ambientales).
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