As printed in

El Diario eldiariony.com

23 de Septiembre 2007

Washington D.C. — Cuando una periodista le pregunta por su familia en Honduras, Efraín Paguada se disculpa y se aleja unos metros para romper a llorar. “Nunca pensé que saldría de Honduras”, dice este campesino que ha defendido los bosques de su país y huyó por culpa de las amenazas de las madereras.

Paguada es uno de los seis activistas hondureños que se han refugiado desde enero en EE.UU., escapando de los abusos que sufren los campesinos que se oponen a la tala ilegal por las madereras que exportan a EE.UU. y El Caribe, según grupos pro-derechos humanos de Honduras.

Paguada, de 45 años, huyó a Washington D.C. el pasado 13 de julio después de que él y su familia recibieran constantes amenazas de muerte, y a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que vela por los derechos humanos en la región, había pedido al gobierno hondureño que le protegiese.

“Efraín Paguada tuvo que salir de su país porque la situación de inseguridad era insoportable”, asegura Bertha Olivas, una activista hondureña que ha denunciado su caso ante la CIDH. “Los ambientalistas están en total desprotección y abandono”.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras dice que 9 ambientalistas han sido asesinados durante la última década en el país.

Paguada es miembro fundador de un movimiento campesino, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), que ha denunciado durante los últimos seis años a las mafias de extracción y exportación de madera en el departamento de Olancho. Este departamento, ubicado en el noreste del país, cuenta con una superficie similar a la de El Salvador y ha perdido desde 1990 la mitad de sus bosques (más de 800,000 hectáreas), según los ambientalistas.

En años recientes, investigaciones de instituciones hondureñas y organizaciones ambientales estadounidenses han implicado a las grandes madereras de Honduras en el tráfico ilegal de madera de pino mediante su participación en subastas amañadas, sobornos a las autoridades, tráfico de influencias, facturas alteradas y compra de madera ilegal. Las madereras exportan mayormente palos de escoba, estacas de tomate y puertas y ventanas a EE.UU., y perfiles y molduras a El Caribe.

“Por culpa de la tala ilegal no llovía igual y las fuentes de agua comenzaron a secarse, y los campesinos se organizaron contra la tala”, dice Paguada, quien viene de un departamento donde más de dos tercios de la población vive con menos de $1 diario.

Tras el asesinato de dos compañeros el pasado diciembre, Paguada dice que la situación “se puso más difícil, había sicarios vigilándome y tuve que refugiarme en la montaña”.

Posteriormente, unos desconocidos tirotearon su casa con su familia adentro, aunque no hubo heridos, y destrozaron sus cosechas para este año. Entonces, decidió exiliarse, aunque nunca antes viajó a otro país que no fuera El Salvador y siempre dijo que quería morir en su pueblo, “porque aquí me crié y aquí tengo que morir”.

Para poder venir a EE.UU., Paguada hipotecó por 30,000 lempiras (unos $1,500) los terrenos en los que ha vivido durante 19 años con su familia en Silca, un municipio de unos 7,000 habitantes. Meses atrás, Paguada contó que había rechazado una oferta de 100,000 lempiras (unos $5,000) de una maderera de la región si dejaba la lucha porque “la conciencia no tiene precio”.

Su angustia ahora es no poder devolver el préstamo el 7 de octubre, y perder los terrenos, porque en la casa aún vive su esposa y sus tres hijos, una de las cuales está muy enferma.

En EE.UU., espera conseguir ayuda para obtener el asilo político si logra un abogado que le represente pro-bono.

Aunque una organización de Washington, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que ha colaborado con los ambientalistas en el pasado, le ayudó a conseguir una visa temporal y le pagó el billete de avión a EE.UU., ésta sólo le permite hacer actividades voluntarias para la misma y no puede trabajar.

De lunes a viernes, Paguada reparte una cena para los desamparados en una iglesia del barrio de Adams Morgan, a cambio de otra cena para él. Hasta hace un mes, la parroquia tenía un cura hondureño que hizo los arreglos para que les contase su experiencia a los feligreses, muchos de ellos centroamericanos.

Según cuenta, algunos feligreses le abrazaron porque huyeron de las guerras civiles en Centroamérica y se identifican con él. “Un hermano salvadoreño me regaló dos mudas y unos zapatos” cuando supo que no tenía ropa y se le habían roto los únicos zapatos que se había traído.

El caso de Paguada se ha topado con la indiferencia y la sospecha del gobierno hondureño. Tras una reciente audiencia de la CIDH sobre la situación de los ambientalistas, Fernando Griffin, un asesor de la Secretaría de Seguridad de Honduras, cuestionó su exilio: “El sueño de los campesinos es trabajar en EE.UU. Estoy seguro de que este señor se ha venido mojado, de forma ilegal”.

La embajada hondureña en Washington D.C. no ha querido asistir a Paguada, según Ebar Alfaro, un empleado de la organización Neighbors Consejo, quien solicitó ayuda para el ambientalista, por las críticas vertidas por los grupos pro-derechos humanos contra el gobierno hondureño ante la CIDH.

“Me dijeron que los ambientalistas no son buenos para la sociedad”, dijo Alfaro. Dos llamadas y un fax enviado a la embajada para pedir su reacción no fueron retornados antes del cierre.

Paguada dice que saber que lucha por una causa justa compensa sus penurias: “Es duro, uno está expuesto a aguantar hambre y frío. Es una causa que crea sufrimiento, pero sé que no es una causa de uno es de todos”.

eva.sanchis@eldiariony.com

Se ha abierto una cuenta para ayudar con donaciones a Efraín Paguada: Bank of America, 226000452885 (checking) ruta:054001204.