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14 de Agosto de 2005

Roberto Fonseca L.

COMUNIDAD DE LAS BANDERAS, Managua.— “Aquí está mi hermano, pregúntenle a él”, dice Carmen Adrián Úbeda Rivera, y nos volteamos. De pie, atrás de nosotros, ha permanecido callado José Maximino, siguiendo con interés la entrevista periodística, que se ha desarrollado en algunos momentos bajo un ambiente muy tenso.

Este hombre, de 43 años, de tez clara y ojos gatos, es un gigantón que mide más de seis pies y medio de estatura. En Karawala, cabecera municipal de la Desembocadura del Río Grande, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), “Max” Úbeda es una leyenda. Allá se dice dos cosas sobre él: la primera, que camina armado, provisto de un pistolón, y, la segunda, que es el maderero más poderoso en esa zona del país, donde según el Mapa de la Pobreza (2001), se ubica el tercer municipio más pobre de Nicaragua, al registrar al 43% de sus habitantes en pobreza extrema.

Sin embargo, es el quinto municipio del país con mayor cobertura boscosa, donde los bosques latifoliados cubren el 90.9% de su extensión territorial. Tras esa riqueza natural, precisamente, llegó “Max” Úbeda, superando a sus competidores madereros. Su primera movida del ajedrez forestal fue “comerse” una pieza vital, al primer alfil. En este caso, al alcalde de la localidad, Lesly Carlin Downs, del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“De los siete madereros que había (extrayendo madera en Karawala), entrevistamos a cada uno, y logramos detectar al más fuerte de ellos, al señor Max Úbeda, para que invirtiera en el municipio, instalara un aserrío y procesara la madera. Esa empresita, en el verano, nos genera a nosotros 125 empleos”, reveló Lesly Carlin Downs.

El aserrío se llama San Roque y está ubicado a tres kilómetros al norte de Karawala, la cabecera municipal de la Desembocadura del Río Grande. Según copia de la Matrícula Municipal de la Alcaldía, el aserrío tiene capacidad para producir 10,000 pies diarios (coníferas) y 5,000 pies diarios (latifoliadas). La autorización se extendió el primero de abril de 2005 y se vencía el 31 de marzo de 2006.

“Esta empresa (hermanos Úbeda) piensa trabajar 25,000 hectáreas de bosque en un plazo de diez años; si las comunidades deciden que continúen, entonces, se les prorrogaría por diez años más”, señaló Carlyn Downs. Sin embargo, el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, la instancia máxima de autoridad del Gobierno Regional Autónomo, puso fin a esas pretensiones en una histórica sesión.

El hecho se registró el 23 de mayo de 2006, en la Segunda Sesión Ordinaria del nuevo Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS). Ese día, el plenario votó unánimemente por la suspensión y anulación de la presunta concesión forestal, de 22,000 hectáreas, a “Max” Úbeda Rivera. Fue un virtual puñetazo al rostro del maderero, que lo tiene tambaleando. Sin embargo, ese gigantón no ha caído ni piensa hacerlo.
Amnesia sobre acuerdos
La historia de este caso forestal inicia el 19 de marzo de 2005, con el Acta de una sesión del Consejo de Ancianos de la Desembocadura del Río Grande. El documento, firmado por seis personas, entre las que está el alcalde de la localidad, Lesly Carlin Downs, del FSLN, expresa la autorización al Sr. Maximino Úbeda Rivera para “la instalación de un aserrío estacionario en un área de 6 hectáreas, para procesar madera latifoliada y conífera, con un plazo de diez años”.

Días después, el 14 de abril de 2005, “Max” Úbeda Rivera le escribió una carta al profesor Randell Hebberth, Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, “para hacerle solicitud formal de su visto bueno, para la instalación de un aserrío en la comunidad de Karawala”. Semanas después, el mismo Primer Secretario del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, firmó la Resolución de Junta Directiva del CRAAS, 90-28-06-05, la cual, “concede el permiso de impacto ambiental para que se lleve a cabo la construcción de la infraestructura para el proyecto denominado Aserradero San Roque”.

El mismo día, 28 de mayo de 2005, a las 8 de la mañana, se celebró una Sesión Ordinaria del Concejo de la Desembocadura del Río Grande. Lo abordado quedó plasmado en un acta, suscrita por el Secretario del Concejo, y en la cual se indica que la reunión era para discutir y aprobar el acuerdo entre líderes comunales y el empresario Maximino Úbeda, “para la concesión del permiso de Aprovechamiento Forestal y la instalación de un aserrío estacionario-móvil en San Roque”.

A continuación se señala que “beneficiaría de forma directa a 80 cabezas de familia del municipio”, que trabajarían en el aserrío en mención, y que beneficiaría indirectamente a los comunitarios, “con la donación de 10,000 (diez mil) pies tablares de madera cada dos meses, para ser distribuidos entre las familias con las viviendas más deterioradas”.

En la actualidad, este “acuerdo” no es reconocido por los hermanos Úbeda, quienes argumentan que fue mal redactado o malentendido. “Nosotros no tenemos ningún acuerdo en ese sentido… por qué le íbamos a dar madera, ¿acaso somos Santa Claus? Nosotros lo que hacemos es prestarles el aserrío, se los prestamos un sábado, para que trabajen su propia madera. Nosotros les prestamos la maquinaria, ellos aserran la madera y se la llevan para sus proyectos sociales”, comentó Carmen Adrián Úbeda, el hermano mayor, durante la entrevista periodística.
La recta final de la concesión
El 17 de agosto de 2005, ante el abogado Bernard Brown Medina, en Bluefields, se suscribió la Escritura No. 158, sobre una concesión forestal de 22,000 hectáreas, por espacio de diez años renovables, en la zona de Karawala, Desembocadura del Río Grande. Como testigos, se ubican los nombres de Rendell Hebbert y Lesly Carlin Downs, autoridades regionales y municipales, respectivamente. La decisión, según el escrito jurídico, obedece supuestamente al mandato de la Asamblea Comunal, celebrada el 13 de junio del mismo año.

Además, en la escritura se concede a los hermanos Úbeda, la concesión para la explotación de varias especies de madera preciosa, entre éstas: almendro, caoba, cedro macho, santamaría, coyote, granadillo, níspero, pinos y otras. También acordaron la tarifa que los hermanos Úbeda pagarían a las comunidades por las especies en rollo. Por árbol de madera roja, C$ 500.00 (US$ 29.60 al cambio oficial de esa fecha), por árbol de madera blanca, C$ 200.00 (US$ 11.87 al cambio oficial de esa fecha); y por la especie Pino Caribea, US$ 4.00 por metro cúbico en rollo.

Después de eso, como dice el refrán popular: a “Todo vino cuesta abajo y de rodada”. El Consejo Regional del Atlántico Sur, en sesión ordinaria del 23 al 25 de noviembre de 2005, aprobó “solicitud de Permiso Ambiental presentada por Maximino Úbeda”, consistente en la en construcción de un aserrío en San Roque, a 3 kilómetros al norte de Karawala. Al respecto, cabe señalar que la decisión fue respaldada sólo por 24 votos (de un total de 47 representantes) y que se llevó a cabo cuatro meses antes de los comicios regionales, en los que se elegirían a los miembros del nuevo Consejo Regional. Es decir, se estaba votando un tema tan delicado, durante el período de transición.

El 28 del mismo mes, la Secretaría de Recursos Naturales del Consejo Regional, denominada SERENA, se pronunció favorablemente sobre la construcción de un aserrío en un área total de 1,000 metros cuadrados. “Se extiende exclusivamente para la construcción de un aserrío con un área total de 1,000 metros cuadrados”, insiste el Dictamen Técnico de SERENA No. 37-2005.

Finalmente, el 22 de diciembre de 2005, dos días antes de celebrarse la Navidad y pese a que el Gobierno Central y el Estado estaban de vacaciones, los funcionarios del CRAAS, Sr. Rayfield Hodgson, Presidente; y Rendell Hebbert, Primer Secretario, extendieron una Resolución a favor de Maximino Úbeda, concediendo “Permiso Ambiental al Proyecto denominado Aserradero San Roque”.
Negocio ultralucrativo
* Iniciaron operaciones años atrás, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, entre Mulukukú y Siuna.

* Entre 2000-2001, según cifras oficiales de la DGA, se colocaron en cuarto lugar entre los exportadores de madera aserrada, con un monto total de US$ 25.4 millones valor FOB.

* En 2005 fueron la industria forestal No. 1 en exportaciones, con US$ 2.2 millones, según cifras de la DGA.

* Pagan a US$ 30 el árbol de madera preciosa (roja) a las comunidades.

* Venden el metro cúbico de caoba certificada, calidad FAST-Select, a un precio promedio de US$ 1,500.

* Poseen la certificación FSC, Código SCS-FM/COCO-00039N, para 3,500 hectáreas de bosques. Fue extendida el primero de enero de 2002 y vence el primero de enero de 2007.

* Además de Karawala, “Max” Úbeda tiene aprobado dos permisos de tala de madera (0047 y 0049) en la comunidad Anglo América II, de la Cruz de Río Grande, RAAS, por un total de 1,015 metros cúbicos.

* Exportan a los mercados de Costa Rica (madera aserrada y puertas), República Dominicana, El Salvador, España, Estados Unidos y México.

* El último embarque de los hermanos Úbeda, en el primer semestre 2006, a los Estados Unidos, está registrado el 21 de abril de 2006. Corresponde a ocho contenedores, con un peso de 79.9 toneladas métricas y un valor de US$ 59,745.

* Entre sus compradores en el exterior está Medley Hardwood Inc., empresa establecida en Florida, que ha sido mencionada por Greenpeace como importadora de caoba ilegal que salía de Brasil.
Una concesión forestal con vicios y nulidades
* Nuevo Consejo Regional RAAS decidió por unanimidad anular la concesión a los hermanos Úbeda
La presidenta del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, Sra. María Lourdes Aguilar, se diferencia muchísimo de su antecesor, el Sr. Rayfield Hodgson. Ella muestra aplomo, hidalguía y fortaleza. Para esta mujer, líder en la RAAS, la anulación de la supuesta concesión a los Úbeda era el único camino que quedaba.

“Se encontraron anormalidades, se encontró que (el proceso) estaba viciado, que no reunía los requisitos ambientales para una concesión de esa magnitud de madera preciosa en la región”, afirmó en una entrevista, celebrada en un hotel capitalino.

La Presidenta del CRAAS insiste en que hubo engaño por parte de los actores involucrados, las autoridades regionales anteriores y los madereros. “La resolución 11822-2005, que se aprueba por votos únicamente de una Junta Directiva, no es una resolución de concesión de explotación de madera, es una resolución donde se aprueba un permiso ambiental de instalar un aserrío, precisamente, el aserrío San Roque… El Sr. Max Úbeda se basa y se aprovecha de esa resolución para instalar un aserrío, y presentarlo ante la comunidad como que era un permiso para concesión de madera”, afirmó.

“Él es muy hábil, engañó a la comunidad, se instaló el aserrío, pero a la par, él empezó a explotar madera irracionalmente sin un permiso. La ley manda que toda concesión tiene que ser aprobada por el pleno del Consejo Regional, no por una Junta Directiva, entonces también hubo problemas en el interior del Consejo Regional, porque fue una decisión sólo de siete personas, no de 47, que es el pleno del Consejo Regional”.

Aguilar reconoce que hay versiones aún no comprobadas de que “hubo negociaciones debajo de la mesa” (pagos) con las autoridades regionales que concluyeron su mandato el pasado 4 de mayo, sin embargo, dijo que hay una investigación en marcha.
Comunidades rechazan concesión
En el local del aserrío Las Banderas, a 47 kilómetros de la capital, “Max” Úbeda negó tajantemente que hubo anomalías o irregularidades en la concesión y, al contrario de lo que señala la presidenta Aguilar, del CRAAS, aseguró que tiene el apoyo de las comunidades indígenas y de sus autoridades.

“A mí me dio la concesión la comunidad y no el Consejo Regional, ellos no tienen autoridad para hacer tal concesión… yo les puedo demostrar que tengo más de mil firmas de las comunidades”. Sin embargo, según sus opositores en Karawala, esas firmas se recolectan en la oscuridad de la noche, falsificando firmas, por parte de los allegados al alcalde Carlin Downs.

Consideran que el Consejo Regional de la RAAS debe echar pie atrás en su decisión de revocar la concesión de Karawala, ya que ellos cumplieron con las leyes y están trabajando de forma sostenida el recurso forestal, basándose en la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), que poseen como industria forestal.

El alcalde de Karawala, Lesly Carlin Downs, lo apoya y se pronunció a favor de que el Consejo Regional de la RAAS recapacite y le reanude la concesión forestal a “Max” Úbeda Rivera, ya que los bosques están certificados, el aserrío genera empleos, además de ingresos a la municipalidad por la vía de los impuestos, y porque la comunidad es la verdadera dueña del recurso forestal.

Sin embargo, líderes comunitarios de Karawala respaldan la decisión del gobierno regional de suspender la concesión forestal, ya que destruye sus recursos y no les deja ningún beneficio social.

"Nosotros estamos haciendo todo lo posible para defender todos nuestros recursos, nuestras riquezas naturales, pero el alcalde había firmado veinte años, para que ese empresario destruyera todos nuestros recursos naturales", dijo Roberto Chow Molina, líder mískito en la RAAS.

"La alcaldía no ha consultado al pueblo, sólo tres o cuatro síndicos han firmado, no respetan al pueblo, y por eso estamos peleando. Ellos no piensan en el pueblo", concluyó.

© EL NUEVO DIARIO 2005