Solo los Hechos:

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Febrero de 1999

Por Adam Isacson y Joy Olson

Hace por lo menos un siglo que los Estados Unidos han estado ayudando fuertemente a las fuerzas de seguridad de América Latina y el Caribe. La ayuda militar estadounidense alcanzó su punto más alto durante la guerra fría, cuando Washington identificó a las fuerzas armadas de la región, por lo general represivas y corruptas, como un baluarte contra el comunismo soviético. El fin de la guerra fría no comportó, sin embargo, el final también de la proximidad e importancia de las relaciones entre militares estadounidenses y militares de la región.

De hecho, las relaciones de EEUU con los militares latinoamericanos son bastante fuertes, según un estudio realizado a lo largo de un año por el Centro para la Política Internacional (Center for International Policy, CIP) y el Grupo de Trabajo para Latinoamérica (Latin America Working Group, LAWG). Lo que han cambiado desde la guerra fría son la razón esencial para la cooperación y la habilidad del Congreso y del público para supervisar los programas de cooperación militar.

Entrenamiento conjunto: El mapa ilustra las 214 visitas que hicieron las Fuerzas Especiales de los EE.UU. en 1998 para hacer entrenamiento conjunto con las fuerzas de seguridad de la región. Estos despliegues -- que incluyen los equipos "JCET" y la capacitación antidrogas -- son sólo unos ejemplos entre el gran número de programas de cooperación inter-militar que mantienen los EE.UU. en el hemisferio.

Es difícil hacerse una idea sobre la extensión total que tiene hoy día la ayuda para la región en materia de seguridad, debido a que asistencia y entrenamiento están fragmentados en una mescolanza de programas e iniciativas. Los programas militares para el extranjero pasan a través de muchos canales dentro del gobierno estadounidense, son determinados por diferentes leyes, llevados a cabo por diferentes burocracias, supervisados por diferentes oficinas dentro del Congreso y publicados con diferentes grados de franqueza. El cuadro se ha vuelto aún más complejo en los años 90. En la medida en que el gobierno de los Estados Unidos desplazó su enfoque en asuntos de seguridad en el hemisferio hacia los antinarcóticos, ha estado involucrando nuevas agencias y creando nuevos programas de asistencia.

Programas de ayuda extranjera "tradicional" y programas del Departamento de Defensa (Pentágono)

La complejidad de los actuales programas de defensa y seguridad en el hemisferio se pueden apreciar mejor haciendo un "recorrido" rápido por los muchos programas que se usan para canalizar la ayuda. Señalaremos primero los programas conducidos por la legislación tradicional estadounidense para la ayuda extranjera. Y luego los programas que lleva a cabo el Departamento de Defensa por su propia cuenta.

De acuerdo con la legislación para el financiamiento, esta división de los programas de ayuda para la seguridad es más que un puro exceso de celo legalista. Tal como lo demostrará el "recorrido" a continuación, un movimiento cada vez mayor de la ayuda y los entrenamientos en el presupuesto de la defensa conlleva implicaciones serias para la capacidad de los ciudadanos de supervisar y controlar las relaciones militares de los Estados Unidos con América Latina.

Todos los años el Congreso considera el presupuesto nacional aprobando decretos de financiación separados para diferentes funciones. La mayor parte de la ayuda policial y militar hoy día se subvenciona a través de dos de estos decretos: el reglamento para Operaciones Extranjeras—la llamada "legislación para la ayuda extranjera" que se encarga de la ayuda militar y económica—y la reglamentación que determina el presupuesto del Departamento de Defensa.

Hasta hace poco tiempo relativamente, la legislación para la ayuda extranjera era responsable de casi toda la ayuda militar de importancia. El presupuesto de la defensa no pagaba las matrículas de los militares extranjeros en entrenamiento y no subvencionaba el envío de armas y otros equipos militares. El presupuesto de la defensa pagaba para mantener las puertas abiertas en las bases extranjeras y en instalaciones de entrenamiento del ejército estadounidense como la Escuela de las Américas, asi como las operaciones y ejercicios de entrenamiento del Comando Sur de los Estados Unidos, el "comando regional" encargado de proteger los intereses de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Las transferencias de armas y entrenamientos eran de la exclusiva competencia del reglamento de Operaciones Extranjeras.

Este arreglo era conveniente para el control, puesto que la impopularidad de la ayuda extranjera en los Estados Unidos garantiza que la legislación de Operaciones Extranjeras reciba todos los años un estrecho escrutinio. Las dos leyes orgánicas que determinan los programas en la legislación del presupuesto para la ayuda extranjera—conocidas como Ley de Ayuda Externa (FAA, por sus siglas en inglés), aprobada inicialmente en 1961, y Ley de Control de Exportación de Armas (AECA, en inglés) aprobada en 1968—están repletas de informes y requisitos de notificación, así como de restricciones respecto a qué país puede o no puede recibir ayuda para asuntos de seguridad.

No obstante, la legislación para la ayuda extranjera está subvencionando una porción cada vez menor de la ayuda para la defensa y la seguridad en la región. La ayuda está fluyendo también a través del presupuesto del Departamento de Defensa, que tiene muchos menos requisitos de restricciones y notificación sobre la ayuda que proporciona a la región. Como veremos, este cambio conlleva serias implicaciones para la posibilidad de los ciudadanos de supervisar y ejercer influencia en las relaciones militares de Estados Unidos con América Latina.

Programas dentro de la legislación para la ayuda extranjera

Nuestro recorrido comienza con una explicación de los programas "tradicionales" de ayuda en asuntos de seguridad financiados a través de la legislación para la ayuda extranjera. La información acerca de estos programas es relativamente fácil de obtener. En su solicitud anual de presupuesto y en muchos otros informes bien distribuidos, el Departamento de Estado, que es en fin de cuentas el responsable de dichos programas, está obligado a informar al Congreso sobre sus actividades.

La legislación anual de Operaciones Extranjeras incluye también condiciones y restricciones que pueden impedir que un ejército extranjero reciba ayuda a través de estos programas. Entre algunas de las restricciones más conocidas está el proceso de certificación anual relativo a las drogas, el cual corta la ayuda a países que se considera que no cooperan con la guerra contra las drogas, y la "Enmienda Leahy" que suspende el flujo de asistencia a unidades militares extranjeras que enfrenten serios alegatos de abusos a los derechos humanos. La legislación para la ayuda extranjera puede también señalar a un país en particular como no apto para recibir ciertas formas de ayuda militar, como ha sido el caso de Guatemala desde hace bastantes años.

Transferencia de armas

La Ley de Ayuda Externa (FAA) y la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) se encargan de diversos programas y mecanismos de financiación que permiten vender, dar o alquilar armas de fabricación estadounidense.

El programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS, en inglés) es el principal canal por medio del cual los EE.UU. venden armas directamente a otros gobiernos. Un país que compra armas a través del FMS no tiene que entenderse directamente con la compañías que las fabrican. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos hace las veces de intermediario, comprándole las armas al fabricante, entregándoselas al gobierno adquirente y a menudo suministrando mantenimiento y entrenamiento. De acuerdo a estimativos del gobierno de los Estados Unidos, en 1998 las naciones de América Latina y el Caribe comprarán armas, entrenamiento y servicios de defensa a través del FMS, por un valor de aproximadamente 163 millones de dólares.

Las ventas de armas de alta tecnología a la región (como modernos aviones de caza)—que ahora son posibles desde que a mediados de 1997 se levantara una "prohibición" que duró veinte años—se llevarán a cabo muy probablemente a través del programa FMS.

El programa de Ventas Comerciales Directas (DCS, en inglés) es usado por los países que compran armas de compañías estadounidenses sin intermediario gubernamental. El Departamento de Estado debe aprobar las ventas DCS otorgándoles licencia. De acuerdo a los últimos estimativos del departamento, por lo general, se realizan la mitad de las ventas licenciadas. Sin embargo, el Departamento de Estado no les sigue la pista a las ventas realizadas, por lo que no hay manera de estar seguros de cuántas ventas salen adelante. En 1997 se aprobaron para Latinoamérica y el Caribe licencias de DCS avaluadas en cerca de 1.05 mil millones de dólares.

De vez en cuando los Estados Unidos subvencionan las ventas de armas. El programa Financiación Militar Extranjera (FMF, en inglés) se sirve de becas y préstamos para pagar las compras de otros países hechas a través del FMS (y, con menos frecuencia, compras hechas a través del DCS). Mientras que este programa fue el principal canal para la ayuda militar a Centroamérica durante los años 80, en años recientes América Latina casi no ha recibido nuevas FMF.

El gobierno de los Estados Unidos puede también transferir armas a través de un mecanismo llamado "fondos al discreción presidencial" ("emergency draw-downs"). La Ley de Ayuda Externa (FAA) autoriza al presidente a tomar armas, entrenamientos o servicios del arsenal existente del gobierno, para hacer frente a "emergencias imprevistas". Según la ley, el narcotráfico es una emergencia que puede justificar una provisión de fondos. En calidad de ayuda antinarcótica se pueden tomar del Departamento de Estado para ser enviados al extranjero un máximo de 75 millones de dólares al año. El Congreso no puede aprobar o desaprobar estos fondos, pero debe ser notificado de ellos con quince días de anticipación. En Septiembre de 1998 se anunció un retiro de $75 milliones para un gran número de países latinoamericanos y caribeños.

El programa Artículos Excedentes de Defensa (EDA, en inglés) le permite al gobierno estadounidense transferir equipo militar excedente—artículos de defensa que ya no necesitan las fuerzas armadas estadounidenses—a fuerzas de seguridad extranjeras. Mientras que la mayor parte de los EDA son dados, algunos se venden con enormes descuentos. A los países latinoamericanos, particularmente a Argentina y México, se les ofreció gratis en 1997 artículos excedentarios avaluados en más de 26 millones de dólares (y originalmente avaluados en 87 millones de dólares). Por ser el único país del hemisferio en haber obtenido el simbólico "Estatus de Aliado Importante no perteneciente a la OTAN", a la Argentina se le ha concedido un privilegiado acceso a los artículos excedentes más codiciados. Durante 1996 y 1997, México recibió de los Estados Unidos 73 helicópteros "Huey" UH-1H, de los cuales 53 por medio de fondos al discreción presidencial y 20 a través del programa EDA.

Entrenamiento

Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET, en inglés)—una especie de beca para las fuerzas de seguridad extranjeras—es el principal mecanismo de financiación de entrenamiento militar a través de la legislación para la ayuda extranjera. El IMET financia estudiantes de más de 110 países en el mundo que toman cursos en aproximadamente 150 instituciones militares de entrenamiento (entre las cuales la Escuela de las Américas, comentada más abajo). En algunos casos el IMET financia visitas de "equipos móviles de entrenamiento" compuestos por militares estadounidenses (MTTs, en inglés), grupos de instructores asignados para dictar cursos en el exterior. Un 20% de los fondos del IMET se destina a un subgrupo del programa conocido como "IMET ampliado" (expanded), o "E-IMET", el cual paga cursos sobre asuntos no relacionados con el combate (aplicación de la ley, administración de los recursos de defensa, relaciones civiles-militares) que están abiertos a algunos civiles extranjeros. Se espera que Latinoamérica y el Caribe reciban en 1998 fondos del IMET avaluados en 10.25 millones de dólares.

Antinarcóticos

El Departamento de Estado está legalmente considerado como la "agencia directriz" de la política para el control internacional de drogas. Su Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública (INL, en inglés) financia y administra el programa de Control Internacional de Narcóticos (INC, en inglés), el cual ofrece ayuda a gobiernos y fuerzas de seguridad de países en donde se produce o es transportada la droga. El programa INC puede pagar una amplia gama de actividades, entre las cuales, sustitución de cultivos, programas de fumigación, reforma judicial, o transferencias de armas y entrenamientos para fuerzas militares y policiales. La ayuda militar y policial constituye la mayor parte de la asistencia del INC en toda la región. El INC es un programa amplio y de rápido crecimiento: se espera que en 1998 invierta más de 181 millones de dólares en actividades en América Latina y el Caribe, de los cuales cerca de 128 millones se dirigirán a la ayuda militar y policial.

En Colombia el INC financia un programa extenso de fumigación aérea de coca. Los Estados Unidos contratan a pilotos que vuelan en aviones de propiedad del gobierno estadounidense, para que fumiguen con herbicidas los campos de coca colombianos—la mayoría de los cuales permanecen bajo el control de la guerrilla—siendo escoltados por aviones de la policía y el ejército colombianos.

La "Ley para la Eliminación de las Drogas en el Hemisferio Occidental," legislación aprobada por el Congreso en Octubre de 1998, dará al presupesto del programa INC un incremento de 225 millones de dólares entre 1999 y 2001. De este monto, 201.25 millones de dólares comprará armas nuevas o mejoradas—incluyendo seis helicópteros tipo UH-60 "Blackhawk"—para la Policía Nacional de Colombia (PNC). Durante la primera mitad de 1998, los Republicanos en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense había luchado fuertemente para que se transfieren tres "Blackhawk" por medio del programa INC. Sin embargo, el Departamento de Estado resistió, razonando que los helicópteros representaban un mal uso de recursos limitados.

Programas del Departamento de Defensa

Aunque su presupuesto está legalmente separado del proceso de ayuda extranjera "tradicional", el Pentágono siempre se ha servido de algunos de sus propios recursos para la cooperación con las fuerzas de seguridad de América Latina. Las bases militares estadounidenses, los ejercicios regulares conjuntos y los despligues extensivos de tropas estadounidenses, entre otras actividades, han asegurado desde hace tiempo un estrecho contacto con los militares de la región a la vez que les han transferido consejos y técnicas.

Como sólo representan una mínima porción del enorme presupuesto del Pentágono, sus actividades de asistencia militar en América Latina reciben un escrutinio menor por parte del Congreso que los programas tradicionales de ayuda extranjera. El presupuesto de ayuda de la defensa tiene menos condiciones para prevenir que militares o unidades abusivas reciban la ayuda. A estos programas igualmente se les exige menos la presentación de informes, haciendo más difícil de obtener la información sobre las actividades del Departamento de Defensa en la región.

Los programas antinarcóticos del Pentágono

Hasta hace poco el presupuesto de la defensa no financiaba entrenamiento militar extranjero o transferencias de equipo militar. Estas actividades eran conducidas exclusivamente por la legislación para la ayuda extranjera con sus numerosos condicionamientos y requisitos de notificación. Mientras la ayuda en seguridad dada a través de la legislación para la ayuda extranjera disminuyó un poco durante los años 90, los programas del Departamento de Defensa han crecido notoriamente, ampliándose hasta incluir algunos entrenamientos y transferencias de equipos.

La guerra contra las drogas explica mucho de esta recanalización de la ayuda. En 1989 el Congreso designó al Pentágono como la "agencia directriz" para la interdicción de drogas fuera del territorio de los EE.UU. En 1991 el papel antinarcótico de los militares estadounidenses se ensanchó todavía más por una provisión a corto término en la ley de autorización del presupuesto de la defensa para ese año. Esta provisión, conocida como la "Sección 1004" le permite al Pentágono usar sus propios fondos para entrenar a militares y policías extranjeros, lo mismo que para transferir algunos equipos, siempre y cuando se pueda aducir que son para asuntos antinarcóticos.

Estos programas se parecen bastante a los que se suministran por vía de la ayuda extranjera tradicional, pero están sujetos a un escrutinio mucho menor. La ley ni siquiera prescribe que el Congreso sea informado sobre cuánta ayuda recibe cada país.

Casi todos los países del hemisferio reciben alguna ayuda financiada por la Sección 1004. En 1998 se estima que Latinoamérica obtuvo un total de 163 millones de dólares provenientes de la Sección 1004, una cantidad similar al total transferido por el programa INC del Departamento de Estado. La Sección 1004 ha pagado desde 1996 el entrenamiento en técnicas antinarcóticas de más de 1.000 militares mexicanos. Muchos de los entrenados mexicanos, quienes recibieron la instrucción en territorio estadounidense, son miembros del grupo élite conocido como GAFE, Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales. El presupuesto de entrenamiento de la Sección 1004 para México es aproximadamente diez veces más grande que el presupuesto del IMET para México, estando sometido este último a un escrutinio mucho mayor.

En los últimos años el Congreso ha autorizado al Pentágono a realizar transferencias de armas y entrenamiento antidroga en programas para países específicos. En 1997 y 1998, México ha recibido 8 millones de dólares en repuestos para helicópteros a través de una de estas autorizaciones, y de 1998 al 2002 va a operar un programa de asistencia antinarcótica de aproximadamente 89 millones de dólares para Colombia y el Perú, enfocado en el tráfico fluvial. Este último programa contribuyó recientemente en la construcción de un centro de entrenamiento fluvial para la Marina de guerra peruana en la ciudad amazónica de Iquitos. Estas autorizaciones proveen una ayuda muy similar a la del INC, FMF, IMET y otros programas tradicionales de ayuda extranjera, pero son susceptibles de recibir poco escrutinio debido al tamaño del presupuesto de defensa en general en el cual están contenidas.

Instituciones de Entrenamiento

A la vez que el personal militar latinoamericano participando en el programa IMET puede escoger entre más de 2.000 cursos de entrenamiento diseñados para soldados estadounidenses en instalaciones estadounidenses, el Departamento de Defensa mantiene igualmente escuelas creadas especialmente para militares latinoamericanos, con cursos dictados completamente en español. La más famosa de éstas instituciones es la Escuela de las Américas (SOA, en inglés) que tiene su sede en Fort Benning, Georgia. La SOA se ha visto sometida al ataque de críticas motivadas por el pobre registro en derechos humanos de muchos de sus egresados y por el descubrimiento de manuales de entrenamiento usados en la escuela, que incluyen instrucción en tortura y otras técnicas abusivas. La escuela sigue operando, no obstante, con toda su capacidad. En 1997 asistieron 908 estudiantes de toda la región. Mientras que el Departamento de Defensa paga los costos de mantenimiento de la escuela, las matrículas de los estudiantes de la SOA se financian en su casi totalidad por tres fuentes: el programa IMET, el INC, o por compra directa de entrenamientos a través del FMS.

Otros servicios militares estadounidenses mantienen escuelas similares en lengua española para personal militar latinoamericano: la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas (IAAFA, en inglés) cuya sede está en la Base de las Fuerza Aérea de Lackland, Texas, y la Escuela de Entrenamiento Técnico e Instrucción de Naves Pequeñas (NAVSCIATTS, en inglés) localizada, por ahora, en la Estación Naval Rodman en Panamá. La Universidad de la Defensa Nacional en Washington fundó una instalación educacional, el Centro para Estudios de Defensa Hemisférica (CHDS, en inglés), que ofrece cursos en seguridad, administración de recursos de defensa y relaciones civiles-militares. El principal objetivo del Centro es incrementar la capacidad de dirección de los líderes civiles de la región en materia de seguridad, aunque los oficiales militares constituyen una cuarta parte del total del cuerpo estudiantil.

Despliegues de Entrenamiento

Un número significativo de entrenamientos militares tiene lugar por fuera de los Estados Unidos. Más de 50.000 militares estadounidenses son enviados todos los años a América Latina y el Caribe en más de 3.000 despliegues separados, una buena parte de los cuales con misiones de entrenamiento. Algunos son Equipos de Entrenamiento Militar (MTTs, en inglés), grupos pequeños de instructores que viajan al exterior para enseñar un curso. Los MTT pueden ser financiados a través de cierto número de mecanismos, incluyendo (aunque no exclusivamente) IMET, INC, la Sección 1004 o compras del FMS.

Los ejercicios conjuntos constituyen otra manera de proveer entrenamiento militar, aunque el gobierno de los Estados Unidos no los clasifica como tales puesto que su prioridad está puesta en el entrenamiento de personal estadounidense. En 1998 el Comando Sur habrá organizado más de veinte ejercicios de amplia escala a través de todo el continente. Los militares latinoamericanos participan en la mayoría de estos como coparticipantes, observadores, o como guardias. Adicionalmente, miles de soldados estadounidenses son desplegados todos los años en cientos de misiones más pequeñas para ejercitar sus habilidades, a menudo en cooperación con unidades latinoamericanas.

El Comando Sur establece tres categorías para sus ejercicios y despliegues de entrenamientos. 1. Los "ejercicios operacionales" practican respuestas a amenazas específicas contra la seguridad, tales como—según un documento del Comando Sur—"defensa del Canal de Panamá", o "combate al terrorismo". 2. Los "ejercicios multinacionales" llevados a cabo en cooperación con varios militares, practican misiones militares no tradicionales, tales como mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria, socorro en caso de desastre, esfuerzos antinarcóticos y ayuda médica. 3. Los "ejercicios de ingeniería", también conocidos como "ayuda cívica humanitaria" (HCA, en inglés) tienen que ver con la construcción de infraestructura básica y ofrecen servicios médicos, dentales y veterinarios. En 1998 los ejercicios de ingeniería Nuevos Horizontes se encuentran construyendo carreteras, puentes, escuelas, pozos y otras obras de infraestructura en Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú. Lo que les preocupa a los críticos de estos programas es que estimulen una expansión del papel de lo militar hasta incluir proyectos de desarrollo doméstico, dándoles justificación para evitar reducciones en períodos que representan pocas amenazas en materia de seguridad.

Las actividades de entrenamiento de las Fuerzas Especiales estadounidenses (como los SEALs de la Marina o los Boinas Verdes del Ejército) son un subgrupo amplio y en crecimiento de los despliegues de entrenamientos. El más conocido entre ellos es el programa de Entrenamiento de Intercambio Conjunto y Combinado (JCET, en inglés), que se financia por medio del presupuesto propio de las Fuerzas Especiales. Los JCET son equipos desplegados en el exterior para entrenar, o trabajar con, fuerzas extranjeras. En promedio un grupo de JCET comprende de 10 a 40 soldados, aunque algunos grupos pueden estar conformados por 100. Los JCET abarcan siempre unidades extranjeras, aunque se deben tratar, según la ley, de un entrenamiento diseñado para el personal de las mismas Fuerzas Especiales. Un número más grande de equipos parecidos de Fuerzas Especiales, financiados por la Sección 1004, se despliega a la región para dar entrenamiento en asuntos antinarcóticos. Si paga la Sección 1004, el entrenamiento no tiene que ser diseñado para las Fuerzas Especiales. 214 equipos JCET y anti-drogas circularon durante el año 1998 a través de 28 países de América Latina y el Caribe.

Otras Actividades del Departamento de Defensa

Las actividades militares estadounidenses en América Latina sobrepasan, por supuesto, la pura ayuda y los entrenamientos. En Panamá quedan todavía seis instalaciones militares de importancia, aunque un tratado de 1977 ordena que todas se cierren para finales de 1999. Los intentos de mantener una presencia militar en Panamá después de 1999 con el establecimiento de un "centro multilateral antinarcótico" parecen haber fracasado. Hay también tropas de Estados Unidos estacionadas en la base aérea Enrique Soto Cano, en Honduras, y en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, así como en sitios de radar y otras instalaciones antinarcóticas a lo largo y ancho de la región. Otras "presencias" militares sin fecha de expiración incluyen una operación en curso de asistencia cívica humanitaria en Haití y un contingente de paz en la frontera de Ecuador y Perú. Los militares de la región también reciben a menudo consejos, ayuda logística y de planeación, e inteligencia del personal estadounidense desplegado en el extranjero. Al mismo tiempo, una amplia variedad de intercambio de personal, visitas, seminarios y otros programas de "interacción militar extranjera" sirven para garantizar un contacto estrecho de militar a militar.

Restricciones y notificación

Las actividades de los JCET en Colombia e Indonesia, reveladas recientemente en la prensa, han generado controversias, especialmente en el Congreso de los EE.UU. Una restricción en la legislación para Operaciones Extranjeras en 1997 y 1998 prohibió la entrega de ayuda a unidades militares que enfrentan acusaciones de abuso de los derechos humanos que son creibles y no investigados. Pero esta restricción técnicamente no se aplicó a los programas financiados por el presupuesto de Defensa, y las actividades de los JCET parecieron contradecirla.

El Senador Patrick Leahy (Demócrata de Vermont) eliminó esta coartada del presupuesto de la defensa, agregando una enmienda al decreto de asignaciones del Departamento de Defensa para 1999, la cual excluiría a las unidades militares extranjeras de recibir entrenamientos de la Sección 1004 u otros entrenamientos financiados por el Departamento de Defensa, en caso de que sus miembros se estén viendo envueltos en alegatos relacionados con abusos a los derechos humanos.

De todos modos, la manera como se está incrementando el uso del presupuesto de la defensa para los programas de asistencia militar y policial, hace pensar que la ayuda que ha sido suprimida de la legislación para el presupuesto de ayuda extranjera, podría ser movida a través del presupuesto de defensa. Efectivamente, Guatemala—cuyo ejército fue señalado en la legislación para la ayuda extranjera como no apto para recibir FMF o IMET—recibió en 1998, 774 mil dólares en ayuda de la Sección 1004 y cinco equipos de JCET, a la vez que está siendo sede de dos ejercicios combinados en ayuda humanitaria y mantenimiento de la paz para toda Centroamérica, y de varios despliegues más pequeñosde "acción-cívica" con soldados estadounidenses.

La mayor parte de la ayuda que se suministra a través del presupuesto de la defensa pasa ampliamente sin condiciones y relativamente sin que se registre públicamente. El Congreso le sigue de cerca la pista a los programas subvencionados bajo la legislación para las Operaciones Extranjeras, exigiendo que el Departamento de Estado provea, entre otros informes, un documento extenso anual de presentación explicando sus programas de ayuda económica y de seguridad (La Presentación al Congreso para Operaciones Extranjeras de 1998, tiene más de 1.200 páginas). Obtener información sobre actividades similares del Pentágono no es tan fácil. No existe algo como un documento del Departamento de Defensa para el Congreso exponiendo sus ejercicios y programas antinarcóticos. La información que se le da al Congreso y al público es parcial e irregular, con documentos separados que explican actividades muy específicas. La distribución de estos documentos es también bastante limitada. Con frecuencia los investigadores deben montar una labor de búsqueda a través de la burocracia del Pentágono para obtenerinformes sobre programas de ayuda en materia de seguridad. Algunas veces, como en el caso de la Sección 1004, no existen informes que obtener, ya que la ley no les exige notificación.

La irregularidad de los informes y la fragmentación de la ayuda hacen casi imposible tener una visión "de conjunto" de las actuales relaciones militares de los EE.UU. con América Latina. Con la consecuencia de que la transferencia de armas y de técnicas peligrosas estén pasando prácticamente sin supervisión ni control del Congreso, de los legisladores de políticas extranjeras y del público.

Conclusión

Este "recorrido" de las multifacéticas relaciones militares de los EE.UU. y América Latina revela un nivel de proximidad y actividad que pueden parecer sorprendentes luego de diez años de haber concluido la guerra fría. Y más sorprendente aún es la falta de conocimiento oficial y de supervisión de los programas de ayuda militar. Como hemos visto, los programas de ayuda en materia de defensa y seguridad están enormemente fragmentados y son cada vez más financiados por fuera del proceso tradicional de ayuda extranjera. Esto les ha dificultado a los miembros y personal del Congreso—cuyas responsabilidades a menudo los obliga a limitar su foco a programas específicos—al personal responsable del gobierno y a los activistas juzgar a dónde se está dirigiendo la ayuda para la seguridad. El resultado es que algunas actividades controvertidas—como los despliegues de las Fuerzas Especiales, manuales de entrenamiento cuestionables, e incluso programas completos de ayuda—con frecuencia pasan prácticamente desapercibidas durante años.

El control del Congreso y de los ciudadanos podría reforzarse grandemente acabando con la fragmentación del proceso de notificación y reportaje. El Congreso, por ejemplo, debería tener acceso a la información acerca de toda la ayuda y entrenamiento militares en un informe único—sin tener en cuenta la burocracia que los implementa o la categoría presupuestaria que los subvenciona. Lo mismo debería hacerse para programas antinarcóticos. Derechos Humanos y otras restricciones para la ayuda deberían aplicarse a todos los programas, una vez más, sin que importe la agencia que lo implemente o la autoridad del presupuesto.

Hay también una fuerte necesidad de saber mejor quién está siendo armado y entrenado y lo que hará después. El gobierno de los Estados Unidos debería destinar más personal y otros recursos para aplicar las leyes existentes que aseguran que entre los potenciales becarios y candidatos a entrenamiento no hay notorios violadores de los derechos humanos. Un monitoreo del uso final de la ayuda demanda también más atención y recursos. Las armas y técnicas que los Estados Unidos transfieren pueden causar mucho daño, y debemos hacer más en el sentido de asegurar que éstas no sean mal usadas.

Finalmente, los grupos ciudadanos tienen también la responsabilidad de vigilar la ayuda militar. A pesar de que América Latina y el Caribe se encuentran gozando de un período de relativa paz y gobiernos democráticos, los activistas y las organizaciones no gubernamentales interesadas en la política estadounidense hacia la región deben continuar manteniéndose alerta sobre las relaciones inter-militares en el hemisferio.

Para más información:

Just the Facts: A civilian’s guide to U.S. defense and security assistance to Latin America and the Caribbean, por el Grupo Latinoamericano de Trabajo (Latin America Working Group, LAWG), y el Centro para Políticas Internacionales (Center for International Policy, CIP). Un estudio de 250 páginas que ofrece información profunda acerca de todos los programas comentados en este ensayo. El texto completo de Tan solo los Hechos (en inglés) está disponible en Internet: <http://www.ciponline.org/facts/>

Organizaciones

• Latin America Working Group, 110 Maryland Ave. NE, Box 15, Washington, DC 20002, lawg@igc.org , www.igc.org/lawg . Coautores de este estudio.
• Washington Office on Latin America, 1630 Connecticut Ave. NW, 2 nd floor, Washington, DC 20009, wola@wola.org, www.wola.org. Educación y cabildeo sobre la política de Estados Unidos para América Latina; fuerte acento en programas antinarcóticos.
• Federation of American Scientists’Arms Transfer Monitoring Program, 307 Massachusetts Ave. NE, Washington, DC 20002, tamarg@fas.org, www.fas.org/asmp/. Monitorea la ayuda militar y los programas de entrenamiento en todo el mundo.
• Council for a Livable World Education Fund, 110 Maryland Ave. NE, Suite 211, Washington, DC 20002, cardamome@clw.org, http://www.clark.net/pub/clw/cat/ Monitorea la ayuda militar y los programas de entrenamiento en todo el mundo.

Web sites del Gobierno de los Estados Unidos

• Comando Sur: www.ussouthcom.com
• Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement:www.state.gov/www/global/narcotics/law/index.html
• White House Office of National Drug Control Policy:www.whitehousedrugpolicy.gov
• U.S. Army School of the Americas: www.benning.mil/usarsa/main.html
• Inter-American Air Forces Academy: www.lak.aetc.af.mil/iaafa/test.htm
• Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University:www.ndu.edu/ndu/chds

Ayuda militar y policial por país (en inglés)

Center for International Policy
1755 Massachusetts Ave., NW, Suite 312
Washington, DC 20036
(202) 232-3317
Fax: (202) 232-3440
cip@ciponline.org
www.ciponline.org
Una publicación por el Centro para la Política Internacional

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